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Opinión

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Cierre de sexenio

Construir un análisis completo de un gobierno constituye una tarea imposible para los historiadores y para los contemporáneos de ese tiempo por igual, sobre todo mientras ese tiempo todavía es presente. Pero de cualquier forma resulta importante aproximarnos y atrevernos a reflexionar sobre lo que acontece, sobre todo cuando fechas con poder simbólico se acercan. Tal es el caso del final de un sexenio presidencial.

Me parece que hay cuatro elementos que sobresalen en los cambios de la economía institucional del último sexenio: el poder presidencial, la primacía del interés político, las políticas de transferencias como sustituto de la política social y las presiones fiscales que reflejan una dificultad para el crecimiento económico.

1. ¿Vuelta al presidencialismo?

López Obrador ha dominado la conversación pública como ningún presidente lo había hecho en mucho tiempo. Su presencia matutina no sólo era un pretendido ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, sino que desde ese púlpito se ejerció el poder y se intentó moralizar la vida pública.

Se rifó un avión que después se vendió, se predicó el amor al prójimo, se desestimaron las cifras de desapariciones y se pidió a los criminales que se portaran bien. También se mandó construir una bodega gigante y centralizada para repartir medicamentos a lo largo de casi dos mil millones de kilómetros cuadrados de territorio nacional, entre muchas otras cosas.

Pero la presencia pública del presidente no fue el único signo de su fuerza. El viraje de la administración pública para incluir una presencia cada vez mayor y más intensa de las fuerzas militares implica una verticalidad más pronunciada que, mientras las fuerzas armadas mantengan la disciplina, le dan una capacidad más grande y discrecional a su comandante supremo.

Con los militares construyendo obra pública y a cargo de más infraestructura y tareas estratégicas (como el funcionamiento de aduanas y aeropuertos) se puede tener más opacidad y más efectividad para quien ejerce el poder, con menos controles políticos y sociales, como hemos visto en los últimos años.

2. La primacía del poder político

Si trazamos una línea entre la cancelación de la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México y la reforma al Poder Judicial que se aprobó recientemente, con muchos otros ejemplos entre ambas, advertiremos el uso de una retórica similar con resultados parecidos: una supuesta lucha contra la corrupción que no funcionó y que acabó en la reducción de controles técnicos o institucionales al poder político.

Hay que decirlo con claridad: ni se separó al poder político del poder económico ni se resolvieron los problemas reales y profundos de corrupción en el país. Se construyó una nueva relación entre actores y grupos de interés que resultará en una nueva configuración del funcionamiento económico e institucional del país. En todo caso, esto implica el ascenso de una nueva élite, aunque esta todavía no alcanza la institucionalidad de aquella que mereció el apodo de “dictadura perfecta” durante siglo pasado, con los controles internos que eso implicaba.

3. Una nueva justificación social

A pesar de que los programas de transferencias de efectivo existen en México desde los años noventa, ningún gobierno los había ampliado y publicitado como el de López Obrador. Junto con algunas políticas en el mercado laboral –entre las que destaca el incremento al salario mínimo–, contribuyeron a una reducción en la pobreza moderada sin paralelo en las últimas décadas, aunque siguiendo con la tendencia a la baja.

Aunque no puede soslayarse lo anterior, me parece que el aumento de la cantidad de personas en pobreza extrema entre 2018 y 2022 refleja los límites de la retórica que prometía poner primero a los más vulnerables. Las políticas de transferencias universales a ciertos grupos poblacionales han provisto de legitimidad al presidente y su gobierno, pero carecen de dos elementos básicos para que los más pobres accedan a mejores condiciones de vida: es difícil llegar hasta donde se encuentran las personas con menos ingresos (no solo geográficamente hablando) y estas son quienes carecen de condiciones de vida cuya resolución requiere de mucha más inversión –en salud, educación y vivienda– con un alcance mayor al de las transferencias de efectivo.

En cualquier caso, los programas de transferencias se convirtieron en otro legado del sexenio que despedimos y parece que se asientan como la única política social relevante en los años por venir, lo cual difícilmente incremente las capacidades y las oportunidades de la población y es poco probable que le den un mayor dinamismo a la economía.

4. Mucha deuda y pocas nueces

Las diversas presiones fiscales se han hecho sentir sobre todo en los últimos años: los programas de transferencias, las pensiones, el costo financiero de la deuda que crece y un estéril y costoso rescate a Pemex se suman a la construcción de infraestructura que provoca crecimiento económico regional mientras se construye, pero difícilmente modifique la capacidad de crecer en el mediano y largo plazo.

Sin infraestructura de calidad no se puede impulsar el crecimiento económico y sin crecimiento económico no se pueden incrementar los ingresos del sector público de forma sostenible. Y sin más ingresos, ¿cómo se va a sostener todo el gasto público que se requiere? En el sexenio que cierra en los próximos días se incrementaron las probabilidades de entrar en un círculo vicioso que impida un mayor bienestar en los próximos años.

Ningún cambio es cuántico –no sucede de inmediato– y ninguno procede de la nada, es decir, ninguno representa algo inimaginable o que no se haya gestado en nuestro camino histórico. Tal vez por eso hay quienes dicen que estamos ante un retroceso, pero eso sólo es aparente, puesto que lo nuevo es nuevo, aunque se parezca a lo de antes.

También es difícil dilucidar si las nuevas formas institucionales o podrán prevalecer o si algunos cambios en curso se puedan finalizar en los próximos años, porque eso requiere de tiempo, de intereses alineados y de individuos que puedan consolidarlas, pero podemos especular de qué tela está hecho el futuro sin tener que jugar a la adivinación.

El legado de López Obrador y su gobierno serán discutidos y disputados por años. Lo más importante al respecto será mantener activas las plazas y foros donde eso sea posible; es decir, será indispensable permitir que la historia se comente, y no que se decrete.

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Ingeniero y economista. Es profesor por asignatura en El Colegio de México y Director de Economía en el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), donde acompaña investigaciones sobre energía, finanzas públicas, comercio exterior y mercado laboral, con un enfoque en la sostenibilidad.

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