La Cultura de la Paz, señales de la Presidenta

Los políticos son iguales en todas partes. Prometen construir un puente incluso donde no hay río. Nikita Kruschev

Sin lugar a duda es difícil pensar que el pasado 1º de octubre la primera presidenta de México hubiera tenido algo más importante que atender que acudir a la ceremonia en la que rendiría su protesta constitucional, por ello una primera señal fue de impuntualidad, arribó con un retraso de casi media hora.

Luego, en su primer discurso como mandataria, saludó a su antecesor, para quien además dedicó una buena parte de sus palabras para ensalzarlo, antes de saludar al Congreso de la Unión, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a invitados especiales, y al pueblo de México al final, en este caso después de saludar a su familia, lo que sin duda son señales respecto de sus prioridades.

Aunque se dijo demócrata durante su campaña y en su propio discurso de toma de posesión, la mandataria parece haber caído en la tentación de no ver ni escuchar a las oposiciones. No hubo mención alguna -menos un saludo-, al pluralismo ni a los partidos de oposición representados sólo por el 28% de los legisladores presentes, aunque obtuvieron el 46% de los votos efectivos el dos de junio.

Conforme a los resultados en las pasadas elecciones generales los candidatos oficialistas obtuvieron el 54% de la votación real, pero que las autoridades electorales transformaron en una mayoría calificada que no procedía constitucionalmente, con un 72% de los escaños del Congreso de la Unión. Considerando el 37% de abstencionismo resulta que -en realidad- el oficialismo representa solamente al 28% de los mexicanos. Por ello parece arrogante que se considere dueño de la voluntad unánime de todo el pueblo de México, como si no existieran la pluralidad ni opiniones diferentes.

Se sabe que la sobrerrepresentación tiene una influencia indebidamente desproporcionada en la legislatura y por lo tanto en la toma de las decisiones, lo que afecta los equilibrios, los contrapesos y a la democracia, además de propiciar una inconveniente concentración del poder y el riesgo de un gobierno autoritario.

La primera presidenta ganó unas elecciones gracias a los mecanismos creados por las reformas acordadas y establecidas hace más de un cuarto de siglo por todos los partidos para fortalecer la democracia en nuestro país.

Una responsabilidad del gobierno entrante es el cuidado de nuestra democracia que es frágil y joven. Ningún país la tiene conquistada para siempre. No matemos al pluralismo ni nos rindamos ante la restauración de un régimen de partido único. Gobernar solos, con un solo partido, es veneno.

A partir de la concentración del poder institucional que hereda de su antecesor, la presidenta está ante la disyuntiva de ejercer su mandato de forma realmente democrática o de cumplir la amenaza de convertirnos en una tiranía renunciando a la política que exige diálogo. En su discurso y en las declaraciones hechas en sus primeros días de gobierno no encontramos señales claras de que actuará como una presidenta demócrata.

En la democracia las ideas se proponen, se negocian y, en su caso, se aplican. En cambio, en las dictaduras se imponen. No se olvide que la realidad es más terca que los gobernantes.

Mucho de lo pronunciado por la presidenta en su discurso inaugural pareció dejar ver que no habrá nada bueno en el ejercicio del poder y en temas delicados como el avance en la destrucción institucional iniciado por su antecesor, así como la militarización, temas sobre los que afirma falazmente que “el pueblo ya decidió”.

En el bicentenario de la Constitución de 1824 conviene recordar que, desde entonces, se estableció que el supremo poder de la federación se dividiría en Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial y que sólo los ministros de la Suprema Corte de Justicia serían electos, en ese entonces por las legislaturas de los estados, ningún otro juzgador. Por ello conviene insistir en que se matice la Reforma Judicial, sobre todo ante la necesidad de corregir las contradicciones que contiene como las que aparecen en los artículos 94 y 97, de tal suerte que se reconsidere qué juzgadores podrían ser electos y cuáles han de acceder a los cargos de la administración de justicia por la vía de una carrera judicial. Ya se enviaron las iniciativas presidenciales de reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para alinearlas con la Reforma Judicial.

Si uno de los motores para impulsar la Reforma Judicial fue hacer democrática la justicia, se insiste en tener en cuenta que el acceso a la justicia puede y debe fortalecerse con la expansión y la consolidación de la mediación y de los demás mecanismos alternativos de solución de controversias, mecanismos que no deben ser considerados como una medida alternativa a la justicia, sino como un recurso efectivamente democrático y eficaz que tienen las personas para acceder a ella.

No ignoremos el surgimiento de controversias a nivel internacional, en parte por la desconfianza de inversionistas extranjeros por la Reforma Judicial, pues se trata de un elemento de incertidumbre. Esas controversias difícilmente podrán ser resueltas por la administración de justicia que, como todo indica, se sujetará a una reconfiguración que podría tomar varios años en implantarse, en funcionar y en consolidarse, en su caso. Es hora de aprovechar la mediación.

La militarización recién aprobada en la Constitución y la convocatoria de la mandataria al ejército y a la marina para que construyan obras de infraestructura, constituyen la señal de que se elimina el principio de que las fuerzas armadas sólo ejercerían funciones relacionadas con la disciplina militar, tal y como se estableció desde la Constitución de 1857.

Los diez principios que enlistó la presidenta en su discurso de toma de posesión son señales claras de lo que será la conducción de su mandato. El noveno que establece que “La política se hace con amor, no con odio. La felicidad y la esperanza se fundan en el amor al próximo, a la familia, a la naturaleza y a la patria” es un principio alentador, compatible con la bondad, que genera un sentido uniforme de convivencia en un marco de respeto, empatía y justicia común.

*El autor es abogado y mediador profesional.

Contacto: mediador.negociador@gmail.com

X @Phmergoldd