¿Qué defensa para los derechos humanos?

Si el sexenio pasado estuvo marcado por graves violaciones a los derechos humanos, este se inicia con la reiteración de que, para el gobierno, los derechos humanos no tienen valor o son un estorbo para la imposición de una política militarista y autoritaria. Lejos de reconsiderar la contraproducente reforma judicial, la jefa del Ejecutivo y los dirigentes morenistas en el Congreso celebraron el avasallamiento del poder judicial, en particular de la SCJN y del PJF. Para colmo, en una sesión grotesca, el Senado ratificó a la peor candidata a presidir la CNDH, premiando así la lealtad y la omisión, en contra del interés de la sociedad.

Los derechos humanos son derechos y libertades fundamentales para todos los seres humanos por el hecho de serlo. Su importancia se reconoció a raíz de las atrocidades de la II Guerra Mundial, cuando millones de personas fueron reducidas a la condición de cosas, deshumanizadas, para justificar las más crueles violencias contra ellas. Los Estados que firmaron la Declaración de 1948 se comprometieron a proteger y defender esos derechos, a no restringirlos arbitrariamente, ni reducirlos, en tanto son universales, inalienables, progresivos, interdependientes e integrales.

En México, desde hace tiempo, Estado y sociedad expresan incomprensión o desprecio por los derechos humanos. El primero cuando criminaliza a las víctimas cuyos derechos ha violado, cuando deja en la impunidad las graves violaciones que cometen sus fuerzas armadas y agentes, cuando ignora las recomendaciones al respecto de cortes internacionales, como la Corte IDH. La segunda, cuando considera que “habría que imponer la pena de muerte” (que atenta contra el derecho a la vida), y cuando tolera y/o justifica las violaciones de derechos humanos y los malos tratos que impone el Estado a los “criminales”, como si por perpetrar un crimen éstos dejaran de ser humanos y no merecieran un trato decente y un juicio imparcial.

Desde esta perspectiva y en el contexto actual, un gobierno progresista, o que buscara la justicia social, fortalecería, no debilitaría, la defensa de los derechos humanos. Al dejar intocadas a las fiscalías, el gobierno pasa por alto que ahí están el primer obstáculo a la justicia, la primera fuente de corrupción e impunidad. Al imponer una reforma judicial que acaba con la independencia del poder judicial, lo politiza y somete además a un Tribunal disciplinario; al limitar el amparo, las controversias y acciones de inconstitucionalidad contra reformas a la Constitución que pueden afectar los derechos humanos de personas y comunidades, el gobierno no sólo mina la división de poderes, reduce las posibilidades de alcanzar un juicio justo, de defenderse de las arbitrariedades del poder y complica el proceso para quienes busquen, por ejemplo, hacer efectivo su derecho a la salud. Al ratificar a quien se dice “defensora del Pueblo” pero ha sido omisa ante masacres y abusos de las fuerzas armadas, reitera el sometimiento de una instancia que debería ser autónoma y proactiva contra los abusos de cualquier poder.

Como si esto no bastara, la ampliación de la prisión preventiva oficiosa (sin necesidad de justificación o prueba), refrenda el afán punitivista de gobiernos que no saben ni quieren hacer justicia, que no buscan prevenir, investigar, probar y ponderar ante de encarcelar a gente que puede ser inocente o cuyos actos no ameritan ser privada de la libertad. Dadas las condiciones inhumanas de las cárceles en México, incluyendo los centros de reclusión federales, la aplicación de esta medida cautelar puede considerarse en sí misma como una violación a los derechos humanos. El CEFERESO 16, donde se han suicidado 10 de mujeres y otras llevan años sin sentencia (Animal político), basta para probar la violencia institucional (izada) que esto implica.

Mientras persistan la militarización, el punitivismo y la degradación del poder judicial, y mientras la sociedad prefiera tolerar la violación de derechos humanos “porque favorecen a los delincuentes”, todos y cada una estaremos expuestos a abusos “autorizados”.