El gobierno favorece transferencias de ingresos sobre inversión, seguridad y productividad

En entregas previas se destacó la dificultad del ajuste para regresar a una senda de sostenibilidad fiscal. El paquete económico para 2025 del ejecutivo presume ese objetivo.

Los documentos -“criterios”, ley de ingresos, LIF, y proyecto de presupuesto federal, PPEF- son demasiado optimistas dada la incertidumbre que se ha generado en torno a la política de la administración con las reformas constitucionales. Todo apunta un menor dinamismo de la economía como se ha visto recientemente.

La proyección del crecimiento del PIB para 2025, 2.3%, está por encima de los pronósticos nacionales y extranjeros, incluido el Banco de México. Con esa sobreestimación en el ejercicio del año próximo, los ingresos públicos serían menores a la LIF, el déficit sería mayor a la estimación oficial de 3.9% del PIB y la deuda pública superaría el 51.9%. Eso sembraría más dudas acerca de la sostenibilidad fiscal que se añadiría a las tendencias de costo del servicio de la deuda pública y de las pensiones contributivas y no contributivas que ocupan ya el 38% del gasto.

La reducción del gasto público en el PPEF 2025 es significativa. El total baja 3.6% real respecto a 2024, el programable -que excluye participaciones federales y servicio de la deuda- se reduce 7.3%. Esta caída no conviene a un gobierno que empieza y que aun así no alcanza a asegurar el regreso a la sostenibilidad fiscal.

Igual o más grave aún es la distribución del gasto programable. Hay tres maneras de verla: La administrativa (qué ramos y entidades lo ejercen), la económica (en qué se ejerce el gasto, corriente, de inversión) y la funcional (los objetivos finales de los recursos), que revela las intenciones del gobierno, a qué cosas les da mayor o menor importancia.

El PPEF 2025 presenta la orientación funcional del gasto con un catálogo que incluye funciones de gobierno, de desarrollo social y de desarrollo económico. Estas cifras se pueden comparar con las del PPEF 2024 (no hay un cierre estimado para este año).

Hay aumentos reales en los siguientes 4 rubros, o sea, los prioritarios para este gobierno:

• Coordinación de política de gobierno+3.2%
• Vivienda y serv. a la com.+7.3%
• Educación+1.2%
• Protección social+3.9%

Sobresale el programa de vivienda de la presidenta y la ampliación de los programas sociales que elevan Protección social y Educación con transferencias directas de ingreso y sin condiciones de calidad o generación de productividad.

Las otras 20 categorías disminuyen, reciben menos prioridad aun cuando sus rezagos y necesidades son evidentemente apremiantes, como:

• Justicia-3.2%
• Seguridad nacional-14.6%
• Orden público y seguridad interior-42.7%
• Protección ambiental -5.2%
• Salud-11.8%
• Agricultura, silvicultura y pesca-24.1%
• Combustibles y energía-3.6%
• Transporte-4.3%
• Ciencia y tecnología-7.2%

La fuerte contracción del gasto público en 2025 se debe a la expansión fiscal del gobierno pasado, pero también revela la preferencia del presente por el gasto corriente en transferencias directas de ingresos sobre la inversión (que caerá 14%), la seguridad y el impulso a la productividad.