En honor a la labor judicial

El sábado pasado vimos con indignación e impotencia cómo los senadores de Morena llevaron a cabo una dinámica, carente de cualquier base o sustento lógico, para elegir los cargos del Poder Judicial de la Federación, que serán destituidos y reemplazados el próximo año. 

Los senadores parecían orgullosos de su participación, como si de verdad creyeran que ejecutaban un acto solemne e histórico, como si pudiera atribuirse el más mínimo mérito a la elección de una pelotita blanca (aunque algunos ni eso lograron).

La realidad es que la aplicación del criterio aleatorio para la destitución de jueces exhibió una triste decadencia en el nivel de ingeniería constitucional que México construyó por décadas, y un lamentable desprecio por la labor judicial.

Con mucho esfuerzo, el sistema constitucional de pesos y contrapesos se había adaptado poco a poco para que los propios poderes públicos se contuvieran entre sí, y para diluir el presidencialismo que tanto daño había causado al país. Además, aun con los serios problemas de los que adolece nuestra clase política, debemos reconocer que las principales fuerzas políticas por lo menos se habían abierto al diálogo. De esta manera se crearon los órganos constitucionales autónomos, erosionando gradualmente la concentración del poder. Estos cambios finalmente generaron certeza jurídica que a su vez atrajo inversión extranjera, en beneficio de la economía nacional.

La actuación de los senadores de Morena de ninguna manera estuvo a la altura de nuestra Constitución. Al contrario, se redujo a un vulgar alardeo de su poder para ejecutar la reforma.

Por otra parte, el mecanismo para destituir y reemplazar a los jueces federales por azar también exhibe un profundo desconocimiento de la labor judicial. Más allá de la violación a los derechos de los jueces que serán destituidos, y de la historia personal de cada uno, el trabajo judicial en general, tiene una naturaleza muy distinta al de los funcionarios del Poder Ejecutivo y al de los legisladores.

Los procesos judiciales requieren de un estudio individualizado de cientos de expedientes con bases fácticas distintas, que se encuentran en constante movimiento de manera simultánea. Para cada uno de ellos, los jueces deben leer y analizar todos y cada uno de los argumentos invocados por las partes, y después desarrollar las consideraciones que soportarán el sentido de su sentencia. Este análisis no puede hacerse de manera espontánea o caprichosa, sino que debe respetar una serie de criterios y principios previstos en la legislación o en precedentes judiciales que se actualizan cada día.

Un juez debe dominar y aplicar en cada caso conceptos jurídicos como el principio de exhaustividad, los criterios para el otorgamiento de suspensiones, los efectos autoaplicativos o heteroaplicativos de una ley, por mencionar los primeros que vienen a la mente. Esta labor se hace diariamente y en plazos que van desde las 48 horas.

Cualquier abogado litigante podrá confirmar que, incluso cuando las sentencias no siempre le sean favorables, la mayoría de los jueces federales conocen y aplican estos principios de manera general. Sus sentencias no son documentos que se maquilan en serie. Cada una de ellas se redacta de manera individualizada, mientras se celebran audiencias y se publican listas de acuerdos diariamente con todas sus formalidades.

Aun cuando el Poder Judicial Federal tiene sus deficiencias, la destitución de los jueces federales con un ejercicio tan primitivo como una lotería constitucional, lleva implícito un desprecio por la labor técnica y especializada que han desempeñado a lo largo de sus carreras. La llamada “insaculación” que tuvo lugar en la Cámara de Senadores de ninguna manera enaltece a quienes la llevaron a cabo, sin importar su preferencia política.