La reforma de los órganos autónomos (Cofece e IFT): ¿la mejor de las soluciones posibles?

En un contexto donde la desaparición de organismos constitucionales autónomos está en debate, la propuesta de fusionar a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) plantea interrogantes fundamentales sobre su impacto en la autonomía institucional, el cumplimiento de compromisos internacionales y la protección de derechos fundamentales. ¿Es viable esta fusión en términos legales y funcionales? ¿Qué tan independiente sería este nuevo organismo frente a los estándares de otras agencias internacionales?

La presidenta Claudia Sheinbaum, en un viraje a la propuesta de López Obrador, ha manifestado que se creará un organismo descentralizado que combine las funciones de la Cofece y el IFT. Este nuevo ente buscaría cumplir con los compromisos estipulados en el T-MEC respecto a la independencia técnica, mientras que otras funciones de los organismos autónomos, como las del INAI o la CRE, serían absorbidas por secretarías de Estado.

Sin embargo, la propuesta enfrenta críticas: aunque Morena asegura que el nuevo regulador será independiente, su vinculación indirecta con el Poder Ejecutivo, a través de mecanismos presupuestarios o de gestión, podría comprometer su autonomía. Este debate no es menor, considerando que, en su diseño previo, la Cofece e IFT nacieron con altos niveles de independencia precisamente para evitar la captura política o corporativa.

La Cámara de Diputados propuso este jueves ajustar parte de la reforma para desaparecer los organismos autónomos aprobada en la víspera con el objetivo de no contravenir el tratado comercial de Norteamérica, T-MEC.

La noche del miércoles, la mayoría oficialista en la Cámara Baja aprobó una enmienda constitucional para abolir varios órganos autónomos, incluyendo el regulador de las telecomunicaciones, el IFT, inquietando a inversionistas y analistas, quienes advirtieron que el cambio podría conducir a conflictos con Estados Unidos y Canadá, ya que el T-MEC exige la existencia de un organismo regulador del sector.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, adelantó que se hará un ajuste en la reforma que envió el expresidente Andrés Manuel López Obrador sobre la extinción de siete organismos autónomos. Varios legisladores de Morena han propuesto la fusión del IFT con el organismo antimonopolios, Cofece, para formar un órgano autónomo adscrito a la Secretaría de Economía, pero manteniendo su independencia técnica y operativa.

Así, el diputado por Morena confirmó este jueves que los únicos organismos que se salvarán de la ‘guillotina’ serán el IFT y Cofece, que “aunque se mantendrán como un órgano técnico independiente, aun cuando estuviera adscrito de la Secretaría de Economía, que resumiría la función; se mantiene la independencia técnica, la personalidad jurídica y el patrimonio (sic)”, además, añadió que en los transitorios se aclarará qué va a pasar con los trabajadores, con las funciones y a dónde se van a reagrupar.

Analistas recibieron positivamente el ajuste, aunque son cautos respecto de la implementación de la reforma, ya que hasta que no hubiera leyes secundarias no se sabrá, por ejemplo, cómo serán elegidos los titulares de los órganos autónomos y qué tipo de supervisión civil tendrán.

"El hecho de que Morena esté adoptando un enfoque más cauteloso con dos de los reguladores más importantes: el antimonopolios y el de telecomunicaciones, es una señal positiva", dijo Rodolfo Ramos, del banco brasileño Bradesco BBI.

Una comparación con los modelos antimonopolio de Estados Unidos y Europa resalta la importancia de la independencia institucional:

En Estados Unidos, la Federal Trade Commission (FTC) es una agencia independiente con comisionados nombrados por el presidente, pero protegidos frente a despidos arbitrarios, garantizando su autonomía operativa. La Antitrust Division del Department of Justice, aunque más ligada al Ejecutivo, mantiene un enfoque técnico en sus decisiones.

Ambos organismos funcionan con financiamiento aprobado por el Congreso, evitando interferencias directas del poder ejecutivo.

Por lo que hace a Europa la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea goza de autonomía sustancial, actuando como juez y parte en casos de competencia, y sus decisiones son revisables únicamente por el Tribunal de Justicia de la UE.

A nivel nacional, las autoridades como la Bundeskartellamt en Alemania o la CNMC en España son entidades autónomas que reportan al legislativo o a organismos colegiados, no al poder ejecutivo.

En contraste, hasta ahora, la propuesta mexicana para fusionar a la Cofece y al IFT no ofrece garantías de independencia comparables a las de otros modelos internacionales. Al depender en gran medida del presupuesto asignado por la Secretaría de Hacienda y formar parte de la estructura del Poder Ejecutivo, este nuevo organismo corre el riesgo de ver comprometida su imparcialidad. Esto podría dificultar su capacidad para sancionar prácticas anticompetitivas o regular mercados estratégicos, como telecomunicaciones, con la objetividad y efectividad necesaria para generar confianza entre actores económicos y consumidores.

En efecto, aunque los organismos descentralizados tienen autonomía técnica y de gestión, no son completamente independientes del Poder Ejecutivo. Su financiamiento depende del presupuesto federal, que es aprobado por el Congreso, pero administrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Esto los hace vulnerables a posibles ajustes presupuestarios que reflejen las prioridades del gobierno en turno. Además, los titulares de estos organismos suelen ser designados por el presidente, lo que puede generar dudas sobre su imparcialidad. Estas limitaciones resultan especialmente problemáticas en sectores que requieren decisiones regulatorias objetivas y técnicamente fundamentadas. En el caso del nuevo organismo que combinaría a la Cofece y el IFT, su carácter descentralizado podría restringir su capacidad para operar con verdadera independencia, salvo que se implementen salvaguardas claras que lo protejan de influencias políticas y aseguren su autonomía funcional.

Analizando los compromisos internacionales de nuestro país, específicamente en el Caso del T-MEC, éste exige que los países firmantes mantengan autoridades nacionales de competencia y telecomunicaciones con independencia funcional. Esto incluye la separación clara entre las funciones de investigación y sanción, así como la capacidad de operar sin influencias políticas. La fusión propuesta podría generar tensiones en dos frentes clave:

En el Capítulo 21 de “Competencia”, la desaparición de la Cofece sin un organismo equivalente que garantice estándares similares podría ser interpretada como un incumplimiento del acuerdo. Aunque el T-MEC limita las disputas bajo este capítulo, México quedaría expuesto a cuestionamientos internacionales en foros como la OMC.

Por lo que hace al Capítulo 18 de “Telecomunicaciones”, la independencia del regulador en telecomunicaciones es un requisito explícito. Si el nuevo organismo depende de decisiones políticas o carece de financiamiento autónomo, esto podría vulnerar las disposiciones del tratado.

También se deben analizar las implicaciones nacionales e internacionales que traerían los cambios constitucionales que se han anunciado. A nivel nacional, aunque la desaparición de organismos autónomos es legalmente posible en términos del artículo 135 constitucional, la falta de estructuras adecuadas para proteger derechos fundamentales podría dar lugar a acciones legales basadas en el artículo 1 constitucional. Además, la percepción de pérdida de autonomía podría generar incertidumbre en sectores estratégicos, como energía, farmacéutico, telecomunicaciones y competencia económica.

A nivel internacional, los compromisos asumidos por México en el T-MEC exigen reguladores independientes. La propuesta de Morena podría desencadenar disputas internacionales, tanto en la OMC como en foros bilaterales, afectando la confianza de inversionistas extranjeros y socios comerciales.

La fusión de la Cofece y el IFT plantea más preguntas que respuestas. A diferencia de los modelos de Estados Unidos y Europa, donde la autonomía operativa está garantizada por diseños institucionales robustos, la propuesta mexicana no asegura que el nuevo organismo será verdaderamente independiente. Esto no solo pone en riesgo la eficacia regulatoria, sino también el cumplimiento de compromisos internacionales clave.

Cuando se firmó el T-MEC, los gobiernos de Estados Unidos y Canadá asumieron que México contaba con dos organismos autónomos de nivel constitucional plenamente vigentes. Este diseño institucional, con altos estándares de independencia, ofrecía garantías suficientes para asegurar la imparcialidad en la regulación de la competencia económica y las telecomunicaciones. Este grado de autonomía fue un factor clave para generar confianza y satisfacción entre las partes firmantes. Reducir o comprometer esa independencia, al fusionar o transformar estos organismos en entidades sujetas al poder ejecutivo, inevitablemente generará incertidumbre y ruido en la revisión del tratado, ya que podría interpretarse como un incumplimiento de las condiciones que respaldaron el acuerdo original.

En un entorno global donde la competencia económica y la regulación de mercados son pilares del desarrollo, México debe priorizar la creación de instituciones que inspiren confianza, tanto a nivel nacional como internacional. La centralización, aunque pueda parecer eficiente, no debe sacrificar la imparcialidad y autonomía necesarias para proteger derechos fundamentales y garantizar un entorno competitivo.

*La autora es Directora de Inteligencia Más y maestra en Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad Panamericana.