Tercera bienal: obsolescencia regulatoria

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) anunció nuevas medidas regulatorias asimétricas contra el agente económico preponderante en telecomunicaciones, América Móvil, como parte de su tercera revisión bienal. 

Según el IFT, la revisión busca promover la competencia en el sector y beneficiar a los usuarios al ofrecerles más opciones y mejores precios. Sin embargo, la preponderancia y su regulación asimétrica, lejos de responder a una realidad dinámica y cambiante en el sector telecom, evidencia una obsolescencia regulatoria que no considera las condiciones del mercado y, en cambio, está orientada a otorgar más privilegios a otros operadores que no logran posicionarse de manera competitiva sin estas intervención regulatorias.

Desde 2014, la regulación asimétrica son medidas transitorias y temporales, diseñadas para fomentar la competencia en un mercado en el cual Telcel y Telmex tenían una posición dominante. Diez años después, el contexto ha cambiado drásticamente: los competidores han tenido tiempo de desarrollar infraestructura propia y fortalecer su presencia en el mercado. Mantener e imponer remedios adicionales sin una reevaluación de sus efectos reales es una contradicción a los principios de una competencia efectiva.

América Móvil argumenta que las nuevas disposiciones son la respuesta a las solicitudes de adversarios que buscan depender de subsidios regulatorios en lugar de realizar inversiones. Lo anterior resulta en una competencia donde el regulador, en lugar de velar por un mercado libre y eficiente, favorece a otros actores con incentivos artificiales.

Las nuevas medidas impuestas por el IFT abarcan los servicios móviles y fijos, con vueltas de tuercas que buscan “mejorar la competencia”. Al analizarlas, resulta que estos apretones regulatorios responden más a un intervencionismo que a un análisis del mercado y la competencia.

Roaming nacional. Se obliga al preponderante a seguir ofreciendo el servicio mayorista de roaming en zonas donde los competidores no tienen infraestructura. Esta medida, idealmente temporal, ahora parece una imposición permanente que, en lugar de incentivar a los operadores a expandir su red, promueve su dependencia parasitaria de América Móvil. La medida limita los incentivos para que otros operadores inviertan en zonas rurales o de difícil acceso para mejorar la cobertura, lo cual contradice los discursos de mayor digitalización y derecho de acceso a las TIC.

Eliminación de plazos forzosos y desbloqueo de equipos. Aunque parecen beneficios para los usuarios, estas medidas no responden a prácticas desleales ni anticompetitivas y los competidores no están sujetos a estas restricciones, lo cual crea una disparidad regulatoria que altera las condiciones en el mercado y limita las estrategias comercial y de mercadotecnia de América Móvil.

Transparencia en licitaciones y canales de distribución. Se impone la obligación de proporcionar información detallada sobre los procesos de contratación pública y la prohibición de contratos que limiten el acceso de otros operadores a canales de distribución. Bajo la apariencia de fomentar la transparencia, estas medidas añaden obligaciones que otros competidores no tienen, creando un sesgo en favor de ellos.

El principal cuestionamiento a estas regulaciones es el impacto negativo en la inversión y el despliegue de infraestructura. Las medidas asimétricas reducen los incentivos para expandir la red tanto de Telmex-Telcel como de sus competidores a áreas remotas o poco rentables.

En lugar de fomentar un entorno donde los competidores construyan sus propias redes y fortalezcan su oferta mediante inversión y despliegue de infraestructura, el regulador favorece un modelo de parasitismo en el cual otros operadores acceden a servicios del preponderante sin necesidad de hacer inversiones significativas, como un modelo de negocio de atracción de subsidios regulatorios.

Este modelo perpetúa una estructura de mercado donde el preponderante transfiere subsidios a sus competidores y limita la expansión de redes y el acceso a mejores servicios para los consumidores.

Aunque la lógica detrás de las medidas asimétricas es beneficiar al usuario final, en realidad la preponderancia está orientada a crear un “mercado protegido” para los competidores en lugar de hacer un análisis informado y objetivo del mercado. La prohibición de plazos forzosos y la obligación de ofrecer roaming nacional, por ejemplo, benefician directamente a los competidores.

Otra medida, la introducción de pruebas de replicabilidad económica, que exige que las tarifas minoristas del preponderante puedan ser replicadas por los competidores, implica una interferencia directa en los precios y las estrategias comerciales de América Móvil, limitando su capacidad de competir y atraer clientes con base a precios y promociones.

El contexto actual de la industria de telecomunicaciones exige una extinción no del IFT sino de la preponderancia, de las políticas regulatorias que sólo transfieren beneficios y subsidios a los competidores y de la visión de “competencia asistida” sin una genuina replicabilidad en el incremento de las redes, la cobertura, la inclusión digital universal y la digitalización.

Una regulación asimétrica es temporal por definición, debe estar justificada por estudios de mercado que respalden su extrema necesidad y limitarse a casos excepcionales. La persistencia de medidas asimétricas obsoletas sin un análisis actualizado a la era de la Inteligencia Artificial de las condiciones de competencia, distorsiona el mercado, crea dependencia regulatoria, ventajas artificiales y limita las necesidades de inversión y crecimiento que tanto necesita México.

X: @beltmondi