10 pleitos legales del gobierno de AMLO: Desde Agronitrogenados al Tren Maya

Durante el altamente litigioso gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador, destacaron dos pleitos legales que protagonizó con Grupo México, propiedad del empresario, Germán Larrea Mota Velasco; uno más que sostuvo con Vulcan Materials; otro con Altos Hornos de México, de Alonso Ancira; el que enfrentó por demandas de campesinos que se ampararon ante la construcción del Tren Maya; el promovido por trabajadores del poder Judicial afectados por la extinción de fideicomisos; el que iniciaron ciudadanos que se ampararon por la modificación de la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE), así como los pleitos con la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles y el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, así como al menos 13 juicios contra empresas deudoras del fisco. 

1-2 Grupo México 

Entre los juicios más sonados se encuentran los litigios contra Grupo México: uno por el Tren que transita por el Istmo de Tehuantepec y otro por el desastre ecológico ocasionado por un derrame de sustancias peligrosas por una mina en el Río Sonora. 

El 19 de mayo de 2023, Grupo México informó que personal armado de la Secretaría de Marina ocupó las instalaciones de Ferrosur, en el tramo Coatzacoalcos-Medias Aguas 

Ese mismo día, el gobierno publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto por el que se ordena la ocupación temporal e inmediata del tramo ferroviario por parte del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, empresa de participación estatal mayoritaria. 

En junio de 2023, el gobierno federal informó que las secretarías de Marina, Hacienda y Gobernación firmaron un acuerdo con Grupo México, por el cual otorga a la nación los 120 kilómetros del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, en Veracruz. 

Se acordó que la empresa recibirá una ampliación por ocho años, de la concesión de Medias Aguas a Veracruz y un pago de cuota. Se pidió una opinión de valor al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), quien determinó un monto de 836 millones 894,000 pesos. La pretensión original de Grupo México era obtener una indemnización de 9,500 millones de pesos. 

El 12 de octubre de ese mismo año, el Gobierno federal informó que presentó una denuncia penal en contra de Grupo México por haber incumplido con la remediación de los daños ocasionados por un derrame de 40,000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado, en el Río Sonora, el 6 de agosto de 2014, lo cual es considerado uno de los mayores desastres ecológicos en la historia de México. 

El 9 de agosto de 2024, el gobierno federal informó que hay una denuncia penal en proceso en Sonora y otra en la Fiscalía General de la República contra los responsables del desastre minero. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, dijo que independientemente de los juicios se instaló una mesa de trabajo con Grupo México. 

3. Vulcan Materials 

El 3 de septiembre de 2018, la empresa Legacy Vulcan, LLC (Legacy), en representación propia y de Calizas Industriales del Carmen, S.A. de C.V. (CALICA) presentó una notificación de intención para someter una reclamación a arbitraje en contra del gobierno de México al amparo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Reclamó una compensación de 1,529 millones de dólares. 

En 2022 el gobierno mexicano solicitó suspender las operaciones de la mina que opera en Playa del Carmen, Quintana Roo, argumentando daños al ecosistema y en 2023, fuerzas de seguridad locales ocuparon el puerto adyacente desde donde la empresa exporta su producción a Estados Unidos. 

En abril de 2022, el presidente López Obrador ofreció a la empresa comprar el terreno para crear un parque natural y evitar la explotación del suelo y el daño al medioambiente. 

Ese mismo mes el entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López, informó que se llegó a un acuerdo con la empresa para que cierren el banco de material para convertirlo en un desarrollo turístico. 

Sin embargo, un mes después, López Obrador informó que procederá legalmente contra la empresa por “burlarse” del gobierno y seguir explotando el banco de material. 

En mayo pasado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, advirtió que las acciones del Gobierno mexicano para apropiarse de los terrenos de la minera “no son buena forma de atraer inversiones”. 

Ante ello, el presidente López Obrador respondió: “No estamos expropiando, es una clausura porque no podemos quedarnos con los brazos cruzados cuando se está violando la ley en nuestro país y se está destruyendo nuestro territorio”. 

En julio pasado, López Obrador manifestó su intención de que antes de que concluya su gobierno haya “una clausura definitiva” de los terrenos en cuestión. 

4. Agronitrogenados 

En septiembre de 2018, la Secretaría de la Función Pública (SFP) inició procedimientos de sanción contra funcionarios de Pemex por la adquisición de plantas de fertilizantes, en quiebra. 

En diciembre del 2013, los servidores públicos avalaron un contrato de compraventa por un precio de 273 millones de dólares, con diversas empresas que fueron parte de Altos Hornos de México S.A. (AHMSA). 

En mayo de 2019, el presidente de esa compañía, Alonso Ancira, fue detenido, por agentes de Interpol, en Mallorca, España, tras su vinculación con pagos ilegales de la compañía brasileña Odebrecht al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin. 

Se informó que Ancira también está vinculado con la presunta venta irregular de la empresa Agro Nitrogenados a Pemex, cuando la petrolera era dirigida por Emilio Lozoya. 

En enero de 2021, AHMSA pactó con el gobierno federal que pagaría por la demanda a la operación de compra-venta del complejo petroquímico Agro Nitrogenados. Ese mismo mes Ancira informó a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que cumplió con el Acuerdo Reparatorio con Pemex con el pago de 216 millones 664,040 dólares, adeudo aprobado por la Asamblea de Accionistas de Altos Hornos de México. 

En septiembre de 2021, La Fiscalía General de la República (FGR) reveló un acuerdo reparatorio dentro de la causa penal 211/2019, por el que el empresario Alonso Ancira obtuvo la libertad luego de acordar con Pemex resarcir 216.6 millones de dólares, por el asunto de Agronitrogenados. 

El acuerdo especifica que se liquidará a Pemex en tres pagos: 50 millones de dólares el 30 de noviembre de 2021; 54 millones el 30 de noviembre de 2022 y 112 millones el 30 de noviembre de 2023. 

El 23 de noviembre de 2021 el empresario Alonso Ancira realizó el primer pago, a través de AHMSA por 50.4 millones de dólares por concepto de reparación del daño a Pemex. 

Un año después, en noviembre de 2022, el pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa avaló la decisión de la UIF de mantener el nombre de la empresa dentro de la lista de personas morales con cuentas bancarias bloqueadas por la autoridad. 

Asimismo, AHMSA perdió un juicio contra la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) respecto de su estatus dentro de la lista de cuentas bloqueadas del órgano de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

En marzo de 2024, Ancira renunció al Consejo de Administración de AHMSA y la empresa informó que logró aplazar al 30 de noviembre de 2024 el tercer pago de los más de 112 millones de dólares del acuerdo reparatorio con Pemex. 

5. Tren Maya 

La construcción del Tren Maya se convirtió en un asunto altamente litigioso. Solo en 2024, la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal atendió y siguió 52 juicios de amparo promovidos por actores de la sociedad como particulares interesados, asociaciones civiles y pobladores de las zonas por donde transitará ese medio de transporte, afectados por la construcción, las obras de tala y desmonte, los trámites de expropiación y otras actividades relacionadas con dicha obra. 

6. Fideicomisos del poder Judicial 

Durante 2023, el gobierno federal debió atender 213 juicios de amparo relacionados con el decreto que adiciona el artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en el que se ordena la extinción de diversos fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. En la mayoría fue concedida la suspensión definitiva, contra la cual se interpusieron los recursos de revisión correspondientes. Los juicios están pendientes de dictarse sentencia de fondo. 

7. Afectados por modificación de estructura del INE 

El gobierno federal también se enfrentó a amparos promovidos en contra del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de marzo de 2023, relativo a la modificación de diversas disposiciones electorales y en el que se ordenaba modificar la estructura orgánica del Instituto Nacional Electoral. Durante 2023 se recibieron 657 juicios de amparo relacionados con dicho decreto, los cuales en su mayoría se han sobreseído. 

8. Rosario Robles 

La exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles fue detenida el 13 de agosto de 2019 acusada de ejercicio indebido de servicio público en un caso de desvío de recursos por más de 7,600 millones de pesos y fue recluída en el penal de Santa Martha Acatitla, donde permaneció hasta el 18 de agosto de 2022. 

Durante todo ese tiempo su defensa alegó que por ese presunto delito no ameritaba prisión preventiva oficiosa. El juez determinó que tramitó una licencia para conducir con un domicilio distinto al manifestado, lo que se consideró prueba de riesgo de fuga. La exfuncionaria nunca reconoció que ella haya tramitado la licencia en cuestión. 

En febrero de 2023, el juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, Roberto Omar Paredes, la absolvió.  La excompañera de partido del presidente López Obrador afirmó reiteradamente que las acusaciones de la Fiscalía General de la República no perseguían la verdad y la justicia, sino la venganza. 

9. Emilio Lozoya 

En febrero de 2020 fue detenido, en Málaga España, el exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, acusado de haber recibido sobornos por alrededor de 10 millones de dólares de la Constructora Brasileña, Odebrecht. Posteriormente fue acusado de su presunta responsabilidad en la compra de una planta chatarra de fertilizantes de Agronitrogenados. 

Cinco meses después de su captura fue trasladado a México, luego de llegar a un acuerdo con las autoridades mexicanas para cooperar y dar información sobre otros funcionarios relacionados con el asunto. 

Sin embargo, pisó la cárcel hasta noviembre de 2021, cuando un juez le dictó prisión preventiva justificada, semanas después de haber sido fotografiado en un restaurante lujoso de la Ciudad de México. 

En febrero de 2024 salió del reclusorio Norte al obtener un amparo para que fuera cambiada la prisión preventiva oficiosa por prisión domiciliaria. 

10. Reclamo de impuestos 

El 18 de julio pasado, el gobierno federal hizo pública una lista de juicios contra 13 empresas para exigir el pago de créditos fiscales por un monto global de 129,185 millones de pesos. 

En una lista publicada en la conferencia matutina del presidente López Obrador aparecen una empresa de transportación aérea, una refresquera, una chatarrera, una cementera, una minera, dos despachos contables, una acerera, una petrolera, una del sector alimentos, una gasolinera, un equipo de fútbol y tiendas departamentales, con las cuales se mantienen abiertos juicios.