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A 17 años, sin avances en rescate de Pasta de Conchos
El Centro Prodh explicó que, luego de que ayer se cumplieran 17 años del siniestro ocurrido en la mina de Pasta de Conchos, los familiares de los 63 mineros que quedaron atrapados luego de la explosión siguen sin recibir los restos de las víctimas, pese a los acuerdos que asumió el Gobierno del presidente López Obrador.
Diversas organizaciones han hecho llamados a las autoridades para que revisen las condiciones laborales de los trabajadores en minas del país. Foto EE: Eric Lugo
El Centro Prodh explicó que, luego de que ayer se cumplieran 17 años del siniestro ocurrido en la mina de Pasta de Conchos, los familiares de los 63 mineros que quedaron atrapados luego de la explosión siguen sin recibir los restos de las víctimas, pese a los acuerdos que asumió el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
La organización dio a conocer que las familias denunciaron la falta de avances claros para lograr rescatar los cuerpos de los mineros que perdieron la vida y lamentaron el cumplir un año más sin poder darle sepultura a sus familiares. También, señalaron el rezago y la falta de planificación de las obras respecto del cronograma que se acordó.
Informaron que, desde 2006 –año en que ocurrió la explosión en la mina–, 214 trabajadores mineros han fallecido en el cumplimiento de sus labores, de los cuales 21 (9.8%) sucedieron en el sexenio actual, entre estos los recientes fallecimientos que se presentaron en las minas de Rancherías y El Pinabete.
Además, reprochan que a día de hoy no existe alguna sanción derivada de los procesos judiciales contra los responsables de los desastres.
Quejas ante CNDH
Por otro lado, el Centro Prodh señaló que diversas instancias siguen registrando riesgos existentes en la región carbonífera y las actividades derivadas de la minera. Por ejemplo, mostraron que desde 2006, se han presentado al menos 200 quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Denunciaron que las instancias que se encargan de supervisar las condiciones laborales que se desarrollan en la minería de carbón, y que fueron omisas en seguir las denuncias que se hicieron en Pasta de Conchos previas al accidente, no han ampliado sus capacidades para realizar la labor de monitoreo.
Dieron a conocer que desde 2018, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha disminuido los recursos destinados a la dirección General de Inspección Federal del Trabajo y también se han disminuido la cantidad de inspectores laborales, hasta en 40 por ciento.
Por su parte, detallaron que en la Secretaría de Economía cuenta con tan sólo 25 inspectoras de minas para toda la República mexicana y durante la actual administración el número de visitas de inspección también se ha reducido drásticamente.
“Las familias de Pasta de Conchos continúan impulsando el litigio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Su demanda fue admitida el 24 de febrero de 2018… ante dicha instancia las familias han sostenido como sus principales exigencias (que permanecen incumplidas) el rescate de los mineros, la investigación de los responsables y las garantías de no repetición.