AMLO presenta iniciativas para elevar penas por tala clandestina y producción de drogas sintéticas

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso de la Unión dos nuevas iniciativas de reforma para incrementar los castigos por la tala ilegal de árboles, así como prevenir y castigar la producción ilícita de drogas sintéticas.

El primer proyecto presidencial busca reformar y adicionar los artículos 418, 419 y 423 del Código Penal Federal, para prevenir el daño al medio ambiente, la degradación de los hábitats y la pérdida de biodiversidad que genera la tala ilegal a través de la implementación de penas acordes con el daño que se ocasiona, así como disuadir las actividades ilícitas que tanto la delincuencia organizada como el comercio ilegal realizan en este sector.

Propone que cuando se desmonte o destruya la vegetación natural; se corte, arranque, derribe o tale algún o algunos árboles, o cambie el uso del suelo forestal, en un área natural protegida, se incremente la pena máxima actual de 12 a 13 años de prisión y multa de 4,000 a 8,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente.

Adiciona una penalización a quien corte, arranque, derribe o tale algún o algunos árboles, cuando la conducta se realice empleando armas de fuego o cualquier otro medio violento para obtener un lucro o beneficio económico. Dicha conducta se sancionará con pena de tres a 12 años de prisión y multa de 500 a 5,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente.

Especifica que no se aplicará pena alguna a quien corte, arranque, derribe o tale algún o algunos árboles, así como a quien transporte leña o madera muerta, siempre y cuando realice esta actividad exclusivamente con fines de uso doméstico dentro de su comunidad.

La iniciativa enviada a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados argumenta que en los años recientes, México ha reconocido la importancia de conservar y restaurar activamente los ecosistemas forestales, ante la debilidad del Estado de derecho y la inactividad en los gobiernos pasados que facilitó la extracción clandestina y el “lavado” de materias primas forestales, principalmente para uso comercial.

Van por llevar penas por producción de drogas

El presidente López Obrador también envió a San Lázaro una iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos.

Específicamente se plantea fortalecer las acciones de fiscalización y medidas de vigilancia, control y verificación de precursores químicos y productos químicos esenciales más eficaces, que aseguren su correcta disponibilidad para uso médico y científico.

Y pretende mejorar el control, registro y autorización de estas actividades reguladas por la ley, para fortalecer la actuación de las dependencias involucradas, a través del Sistema Integral de Sustancias (Sisus). Se canalizó a la Comisión de Salud.

Asimismo, proyecta el fortalecimiento del control de la producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transporte, almacenaje y distribución de precursores químicos, productos químicos esenciales y máquinas para elaborar cápsulas, tabletas o comprimidos, a través de la coordinación interinstitucional del Gobierno Federal, la actualización de sanciones administrativas y la tipificación de delitos por conductas relacionadas con el uso indebido de precursores químicos.

Ello, a fin de contribuir a la prevención, detección del desvío o uso y castigo de la producción ilícita de drogas sintéticas, para garantizar la paz, la seguridad y la salud de las y los mexicanos con irrestricto respeto a los derechos humanos y a las buenas prácticas internacionales en la materia.

Por lo anterior, se proponen penas que van de 10 a 15 años de prisión y multas equivalentes al 10% de los ingresos obtenidos contra la persona que desvíe o haga uso de precursores químicos para la producción de drogas sintéticas.

Además de las mismas sanciones a la persona que falsifique o altere autorizaciones o permisos de importación o exportación de precursores químicos.