Ante desastres, la 4T privilegia intervenciones asistencialistas militarizadas

México se encuentra entre los 30 países más expuestos a desastres como los ocurridos a consecuencia de terremotos, huracanes, inundaciones, deslaves, sequías y erupciones volcánicas, entre otros y, en lugar de apostar por el fortalecimiento de instituciones encargadas de reducir riesgos y hacer frente a las emergencias, el gobierno prefiere intervenciones asistencialistas militarizadas.

De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) de 2000 a 2020, en México se registraron 10,627 defunciones ocasionadas por desastres de origen natural y antrópico, lo que quiere decir que cada año mueren 506 mexicanos por esas causas.

Sin embargo, hay episodios que elevan considerablemente esa cantidad. En 2017 fueron 877. El terremoto de 1985 ocasionó la muerte de al menos 6,000 personas.

En el mismo lapso, el promedio anual de los daños y pérdidas a precios corrientes fue de 27,449 millones de pesos. En 2020 fue de 31,990 millones, cifra 202% mayor que la registrada en 2019.

2010 y 2017 fueron los años más costosos para el país en materia de desastres: en el primero, los huracanes Alex, Karl y Matthew dejaron más de 92,300 millones de pesos en pérdidas; en el segundo, los sismos de 7 y 19 de septiembre afectaron a la población y a la infraestructura del país y dejaron más de 88,000 millones de pesos en daños y pérdidas.

En 10 años 636,500 mexicanos fueron obligados a salir de sus comunidades por desastres

Por otra parte, durante los últimos 10 años, se han registrado al menos 95 episodios de desplazamiento forzado interno por desastres en los que 636,500 personas tuvieron que abandonar el lugar donde vivían, según el Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos (IDMC) por sus siglas en inglés).

Daniel Rodríguez Velázquez, académico de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México, expuso que el enfoque gubernamental, asistencialista y militarizado del gobierno federal está alejado de una perspectiva integral de gestión de riesgo enfocada a la prevención.

Dijo que, si bien ante un desastre es importante que intervengan las instituciones con mayor capacidad de logística, como las fuerzas armadas para hacer frente a la emergencia, debe tomarse en cuenta que días después la población afectada requiere atención más allá de la inmediata. 

Las fuerzas armadas no tienen capacidad de recuperación y reconstrucción. Para ello están otras instituciones que tienen como mandato el diseño e implementación de políticas públicas ante esas situaciones, pero son relegadas por el Ejercito.

“Lo que les interesa es el lucimiento político, el lucimiento mediático y el protagonismo institucional” mediante la presencia de las fuerzas armadas, sobre todo cuando se está en una coyuntura electoral.

Como es población indefensa lo que queda es un paternalismo mediante el cual se busca el control social. Por eso vemos al Ejército en labores de preparación de alimentos para damnificados, cuando esa es una tarea que le toca a otras del Estrado.

Lo grave es que, mientras eso ocurre, avanza el debilitamiento de las instituciones civiles como Conasupo, DIF y los gobiernos estatales, que ven al Ejército a quien los saca del problema.

Por otra parte, resaltó que la prevención de desastres está en la saga, lo cual se refleja en el presupuesto.

De acuerdo con cifras oficiales, entre 2002 y 2021 el gobierno federal ha destinado, en promedio 17,710 millones de pesos cada año para atender desastres. En 2019 destinó 14,675, en 2020 bajó a 13,764, para 2021 14,564 y este año 3,927 millones.

Entre septiembre de 2021 y junio de 2022, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió 16 declaratorias de emergencia en 11 entidades federativas para apoyar a 234,366 personas mediante suministros de auxilio, con un costo aproximado de 254.5 millones de pesos.

También se emitieron 18 declaratorias de desastre con afectaciones en 187 municipios de 13 entidades federativas.

De enero a junio de 2022 se transfirieron 3,927.8 millones pesos al Fondo de Desastres Naturales (Fonden), de los cuales 1,115.0 correspondieron a renovación del Seguro Catastrófico 2022-2023 para fenómenos naturales y 1,106.2 a acciones de reconstrucción para el sector carretero y carretero rural de competencia estatal y federal, por eventos ocurridos en los años 2020 y 2021, así como apoyos parciales inmediatos para el sector carretero de competencia estatal, para un evento ocurrido en 2022.

En tanto, 767.6 millones de pesos se canalizaron para atención a la población en situación de emergencia por fenómenos naturales ocurridos en 2022, a través de apoyos, suministros de auxilio y enseres domésticos. 649.5 millones fueron para atención a la población en situación de emergencia por fenómenos naturales  ocurridos en 2021, a través de la adquisición de  suministros de auxilio y enseres domésticos.

Lo delicado es que no se tiene certeza de que los recursos de ejerzan de manera eficiente y sin irregularidades.

Tan solo la auditoría de cumplimiento 2020-0-06100-19-0028-2021 realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al ejercicio de recursos autorizados para la atención de desastres Naturales en los Estados de Chiapas y Tabasco del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), de la cuenta pública de 2020, arrojó que se determinaron 20 resultados, de los cuales, en ocho no se detectaron irregularidades y uno fue solventado por la entidad fiscalizada antes de la emisión del informe.  Los 11 restantes generaron dos recomendaciones, tres promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal y 10 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.

En tanto en la auditoría de desempeño al Fonden del ejercicio fiscal 2019, se determinaron siete resultados, de los cuales, uno fue solventado por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los seis restantes generaron: nueve recomendaciones al desempeño. También, se incluyó una sugerencia a la Cámara de Diputados. Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió oficio para solicitar la intervención del Órgano Interno de Control y de la autoridad recaudatoria con motivo de tres irregularidades detectadas.

Los desastres no son naturales; son socialmente construidos

En ese sentido, Rodríguez Velázquez llamó la atención en que al menos una parte del gobierno y en el imaginario colectivo se sigue utilizando el adjetivo “natural” a desastres como los ocasionados por huracanes y terremotos, lo cual es una concepción errónea, porque realmente los desastres son socialmente construidos, pues derivan de mala o inexistente planeación u omisiones.

Existe la tentación ideológica de identificar a sismos, huracanes como desastre, lo cual permite evadir responsabilidades de todo tipo: gubernamentales, empresariales y sociales.

Se apuesta a colocarlos como inevitables, pues se trata de acciones de la furia de la madre naturaleza, cuando no es así, ya que los desastres ocurren por las condiciones de vulnerabilidad en que se encuentran poblaciones donde ocurren eventos de ese tipo. 

“Se les llama desastre natural porque es más fácil aventar la responsabilidad hacia otro lado, que asumir que no hay estrategias de ordenamiento territorial, protección al medio ambiente y prevención en general”.

En materia de prevención, continuamos con deudas pendientes. No se observan metodologías y procedimientos para prevenir daños y pérdidas. La prevención se ha entendido sólo como preparación simulacros ante escenarios de pérdidas, pero es mucho más que eso, abundó.

Por otra parte, el especialista comentó que, en lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que ha habido en materia de prevención y atención de destres son cambios formales o cosméticos, como pasar de la Secretaría de Gobernación a la de Seguridad y Protección Ciudadana, la Coordinación Nacional de Protección Civil, lo cual implica que se consolida el enfoque militarista de la atención de desastres, además de que se actúa con opacidad en el ejercicio de los recursos.

No se está haciendo lo correcto ni no suficiente. Las alarmas están encendidas.

diego.badillo@eleconomista.mx