Ante la crisis en desapariciones en México, el presupuesto luce insuficiente

Ante un creciente número de personas desaparecidas en nuestro país, que contabiliza más de 111,000 víctimas a la fecha, los recursos presupuestarios para afrontar esta crisis parecen no ser suficientes, aunado a que presentan recortes y son gastados de manera desigual.

Para 2023, el Gobierno federal presupuestó un total de 1,097 millones 234,971 pesos para atender la problemática de las desapariciones en México, un promedio de 9,884 pesos por cada persona desaparecida.

De estos recursos, 285.8 millones de pesos eran para los trabajos de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y 811.4 millones de pesos para los subsidios que son entregados a las comisiones locales de búsqueda.

No obstante, al cierre de junio de este año, el Gobierno federal modificó y recortó en más de un millón 760,536 pesos el presupuesto destinado para afrontar la desaparición de personas en el país, quedando con poco más de 1,095 millones de pesos; lo que también redujo a 9,869 pesos el dinero promedio que destina el Gobierno para buscar a una persona en nuestro país. 

Y es que, por una parte, según cifras de la Secretaría de Hacienda, a lo largo del segundo trimestre de 2023 se modificó el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para la partida de “Subsidios para las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas”, el cual pasó de 811 millones 421,430 pesos a 777 millones 215,599 pesos, es decir, se le recortaron unos 34 millones 205,831 pesos (4.2%) en seis meses.

En tanto, para la mitad del año en curso se lleva gastado ya el 67% (528 millones 325,192 pesos) de estos recursos que tienen como fin contribuir a la consolidación y fortalecimiento de las capacidades de las comisiones locales de búsqueda en la implementación de acciones de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas y no localizadas.

Contrario a lo anterior, el presupuesto destinado a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, se modificó y elevó en el mismo periodo, no obstante, esta comisión no ha usado ni el 30% de sus recursos.

Datos de Hacienda indican que, al primer semestre de 2023, la bolsa para la “Determinación, ejecución y seguimiento a las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas”, pasó de 285 millones 813,541 pesos a 318 millones 258,836 pesos; un incremento de 32 millones 445,295 pesos, lo que es igual a 11.3% más de recursos.

Sin embargo, dicho incremento no se ve reflejado en posibles acciones, ya que, para el mismo periodo, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas sólo llevaba gastados unos 86.9 millones de pesos, que se traduce en el 27.3% de sus recursos.

Cabe señalar que este organismo es el principal encargado de coordinar las acciones del todo el país, para entre otras cosas, determinar y participar en la búsqueda en campo de las personas desaparecidas, así como la identificación de restos, además de ser la encargada tanto del Sistema Nacional de Búsqueda y como de la capacitación y formación de las comisiones locales. 

También crece cifra de desaparecidos

Desde el 2018, los recursos destinados a la búsqueda de personas desaparecidas se han incrementado en más de 16,000%, a la par que la cifra de víctimas también crece.

En 2018, con un acumulado de 54,358 personas desaparecidas, el Gobierno de Enrique Peña Nieto destinó poco más de 6.8 millones de pesos para las labores de búsqueda; cinco años después, con el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cifra de desaparecidos sumó, al menos, otras 56,642 personas, lo que quiere decir que se incrementaron a más de doble (104%), los reportes.

En el mismo periodo, el Gobierno de López Obrador elevó, año con año, el presupuesto para las búsquedas, hasta llegar a los más de 1,095 millones de 2023; lo que se traduce en un incremento de 16,109% de los recursos.

Por ello, el propio presidente López Obrador considera que el financiamiento para ese propósito, es histórico. “A nivel federal, estamos haciendo un trabajo como nunca se había hecho en esta materia. Nunca se había llevado a cabo una acción de búsqueda de desaparecidos como ahora”, expresó en junio pasado.

Familias de víctimas, sin apoyo

José Ugalde, padre de José Esaú Ugalde Vega, quien desapareció en septiembre de 2015 y parte de sus restos fueron encontrados tres meses después en una zona desolada de Querétaro, recalcó que, pese a que el Gobierno federal señala que trabaja como nunca en el tema de los desaparecidos, las fallas persisten, principalmente a nivel estatal.

 El también integrante del Colectivo Desaparecidos Justicia AC - Querétaro y vocero del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, subrayó que, en algunos estados, las leyes en materia de desapariciones siguen sin homologar, lo que ha generado tardanzas y retrocesos en las labores de búsqueda, aunado a que, en estas entidades, los gobiernos “no han tenido la sensibilidad, no quieren reconocer el problema de desapariciones y no llegan los recursos, los cuales han sido insuficientes”.

En este sentido, lamentó que, aunque las autoridades están conscientes de las fallas, al final son las familias quienes terminan haciendo su labor, exponiéndose, incluso, a perder la vida en situación o lugares peligrosos.

“Deben entender, que, si están haciendo el trabajo los familiares, se les tiene que dar el apoyo integral. Sí, casi sin condiciones, para poder hacer las búsquedas que el Gobierno no hace, porque, aparte de las desapariciones, tenemos 52 mil cuerpos sin identificar”, expuso.

El activista recalcó que son pocos los estados que tratan de cumplir con lo que marca la ley, mientras que los demás ven como “elefantes blancos” a las Comisión de búsqueda, ya que, dijo, no ejercer los recursos, no ayudan a las familias y, sobre todo, no reconocen el problema.

“El apoyo muchas veces no lo tienen ni siquiera las comisiones. Llegas a la comisión del estado y el titular te dice que no cuenta con recursos, porque no les han llegado…y eso es una situación muy grave, por falta de insensibilidad falta por parte de los gobiernos estatales para cumplir con la ley y falta de presión del poder Federal para negociar o incidir en que se cumpla esta ley y que todos los estados estén en igualdad de condiciones para que todas las familias tengan al acceso a los recursos… no queremos más un desaparecido, no queremos más un cuerpo que tenga el estado sin identificar”, dijo.