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Política

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Arrancan nuevas obligaciones de transparencia

Entre las nuevas obligaciones a las que estarán sujetos los legisladores, según el presidente del Senado, se incluye la elaboración de un padrón de cabilderos para que se detecten posibles conflictos de interés.

Desde el inicio de sus funciones, la LXIII Legislatura del Senado estará obligada a atender las nuevas disposiciones de transparencia, que incluyen informes semestrales del destino de los recursos consignados a los grupos parlamentarios, órganos de gobierno, comisiones, comités y centros de estudio u órganos de investigación.

Entre las obligaciones también se encuentra la elaboración de un padrón de cabilderos para que se detecten posibles conflictos de interés de los legisladores y el reporte del dinero en efectivo o en especie que se les entregue a los senadores.

El presidente del Senado, Miguel Barbosa, afirmó que el programa de reorganización administrativa de la Cámara Alta se aprobará el día de la instalación de la LXIII Legislatura, que se prevé llevar a cabo el 31 de agosto en la Cámara de Diputados.

Además, las obligaciones que mandata la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se harán efectivas para los legisladores inmediatamente, afirmó Barbosa Huerta, pues no evitarán las nuevas medidas de transparencia, que entre otras cosas los obligan a reportar el destino de los recursos públicos.

No hay necesidad de un periodo extraordinario, en la sesión de instalación de la Cámara vamos a aprobar este programa que es antes del arranque del periodo ordinario, que es el 1 de septiembre, es un acuerdo de Mesa Directiva que tomamos (ayer) para no convocar a un extraordinario y crear todo un escenario político que luego es complicado , dijo en conferencia de prensa.

Esto luego de que la reforma constitucional en materia de transparencia establece en su artículo 13 transitorio que el Congreso de la Unión debe implementar un programa de reorganización para que se hagan efectivas las obligaciones genéricas y específicas en la materia y tienen como fecha límite para ello el 30 de agosto.

El proyecto de programa de reorganización administrativa, de acuerdo con Barbosa, fue distribuido a los grupos parlamentarios para que le den el visto bueno y se apruebe en la sesión de instalación.

Dicho proyecto debe comprender las normas y criterios para la homologación programática, presupuestal, contable y organizacional de los grupos parlamentarios; así como el tratamiento fiscal y presupuestal de ingresos, prestaciones y recursos en dinero o especie que reciban los legisladores para sus actividades.

La Cámara de Diputados debe hacer lo propio y se espera que también apruebe el programa de reorganización administrativa en la instalación de la próxima Legislatura.

tania.rosas@eleconomista.mx

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