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Bajo sospecha de infiltración, batallón de Iguala
En diciembre del 2012, 17 efectivos del III Batallón ingresaron a prisión por delitos contra la salud y por colaborar en el tráfico de drogas.
El 23 y 29 de diciembre del 2012, 17 efectivos del Ejército pertenecientes al III Batallón de Fuerzas Especiales en Iguala, Guerrero, ingresaron a la Prisión Militar adscrita a la I Región Militar acusados de delitos contra la salud, en su modalidad de colaborar de cualquier manera al fomento para posibilitar la ejecución del delito de tráfico de narcóticos; traición a las Fuerzas Armadas Mexicanas y posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y, en algunos casos, robo de vehículo.
Su ingreso quedó registrado en los libros de gobierno de la Prisión ubicada en el Campo Militar 1-A, a los cuales El Economista tuvo acceso a través de una solicitud por la ley federal de transparencia.
El municipio de Iguala, Guerrero, se convirtió el año pasado en escenario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, debido a colusión entre autoridades municipales y sicarios del grupo delictivo Guerreros Unidos. Informes de inteligencia han revelado que Iguala es centro de operaciones de cultivo y trasiego de droga por parte de los grupos delincuenciales como Los Rojos, Los Ardillos y Guerreros Unidos, que se disputan la plaza.
El 23 de diciembre del 2012, dos años antes del ataque a los normalistas de Ayotzinapa en Iguala, ingresaron a la prisión militar los sargentos segundo Ubel Vázquez Gómez; Edgar David Robledo Ramírez; Miguel Ángel Segura Pineda; Jonathan Vaquero Tolen; Jesús Vázquez Esquivel y Pedro Ramírez Pascual. Los cabos de Infantería Rufino Santos Santos; Javier Morales Gutiérrez; Cristóbal de los Ángeles Alejo; Jesús Pacheco Ramírez y Eleuterio Arce Santos.
Seis días después, ingresaron al penal el sargento segundo Víctor López Flores; el cabo de Infantería Moisés Eliezer Palaez Torres, y los soldados de Infantería José Luis Coronel Lara; Rodolfo Arroyo Barrios; Leonardo Serna Oliva y Esteban Guadalupe Alba. Sin embargo, por falta de pruebas, el grupo de 17 militares -señalado por colaborar con la delincuencia- fue liberado de la prisión castrense ese mismo año.
La prisión militar
Tanto este grupo de militares acusados de servir a la delincuencia en Iguala, como marinos señalados por filtrar información a los Templarios sobre las operaciones en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, así como los siete efectivos del Ejército acusados de homicidio en Tlatlaya, Estado de México, entre otros acusados de desaparición forzada, deserción y homicidio, están recluidos en esta Prisión Militar ubicada en el Campo Militar 1-A.
Mediante una solicitud de información a la Sedena, El Economista accedió a los libros de gobierno de la Prisión con los registros de diciembre del 2012 al 31 de diciembre del 2014, los dos primeros años del actual sexenio.
En ese lapso, cientos de militares ingresaron a la prisión acusados, en su mayoría, de deserción, un delito menor. Sin embargo, los libros revelaron también ingresos por vínculos delincuenciales.
Desaparición forzada
El 13 de marzo del 2013, a las 6 de la tarde, quedó registrado el ingreso del teniente coronel de Infantería, Luis Arturo Carrizales Huerta, y del sargento segundo José Bravo Rodríguez, destacados en Coatzacoalcos, Veracruz, a quienes se le acusó del delito de desaparición forzada. En este caso, el libro de gobierno de ese año no registra mayores datos.
El 6 de diciembre del 2013, el director de Tránsito del municipio de Arcelia, Guerrero, Mario Uriostegui Pérez, fue asesinado por soldados del Ejército junto al subdirector Josué Gavínez Ramírez y dos empleados más del ayuntamiento durante una balacera. Por esos hechos, están recluidos en esta prisión: el sargento Rubicel Acosta, el cabo Axael Sánchez y el soldado Hugo Emilio Esquivel.
marineros coludidos con templarios
Por la causa penal 197/2014 del Juzgado Quinto Militar en el DF, según el libro de gobierno de la Prisión Militar, quedó registrado el ingreso el 21 de junio del 2014 de 12 elementos de la Marina Armada de México, consignados por fomento al narcotráfico y traición a las Fuerzas Armadas.
Los 12 elementos de la Marina, que continúan presos, son acusados de filtrar información al cártel de Los Caballeros Templarios sobre las operaciones en el puerto de Lázaro Cárdenas, que de acuerdo con el entonces comisionado federal, Alfredo Castillo Cervantes, era utilizado por ese grupo delincuencial para el comercio ilegal a China de productos minerales.
Caso Tlatlaya
Por el caso Tlatlaya, desde el 31 de octubre del 2014, se encuentran presos en esa prisión siete elementos del Ejército.
En el libro de gobierno de la prisión está plasmado el expediente PGR/AIC/PFM/DGIPAM/PD/14236/2014, donde se acusa a los siete efectivos de ejercicio indebido del servicio público y encubrimiento en la hipótesis de no procurar impedir la consumación de un delito. Su proceso lo lleva el juez cuarto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México.