El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, subrayó que en la administración de Enrique Peña Nieto, el balance en el respecto a los derechos fundamentales “no es favorable”. “México no ha experimentado un cambio significativo y objetivo hacia un mayor respeto y vigencia de los derechos humanos; tampoco se ha logrado fortalecer sustantivamente nuestro estado democrático de derecho, ni se ha modificado positivamente el entorno que, cuando se inició su mandato, ya enfrentaban, de manera cotidiana millones de mexicanas y mexicanos, caracterizado por los binomios inseguridad y violencia, impunidad y corrupción, desigualdad y pobreza”, dijo. Al presentar el Informe Anual de Actividades 2017 de la CNDH, ante Peña Nieto, el ombudsman destacó que casos como de Chalchihuapan, Iguala, Tanhuato, Tlatlaya y Nochixtlán, marcaron el sexenio 2012-2018. “Del cúmulo de Recomendaciones o Informes emitidos por la CNDH en estos casos, si bien han sido aceptados por las distintas autoridades, tan solo una tiene actualmente pruebas de cumplimiento total, con independencia de que hayan sido dirigidas a instancias federales o estatales”, expuso. Sería, indicó, una señal muy positiva de coherencia, responsabilidad y compromiso con los derechos humanos el que antes de concluir su administración, se dé cumplimiento a las recomendaciones respectivas y se atiendan las propuestas formuladas por este organismo nacional contenidas en ellas. Este llamado, lo hacemos extensivo también a los gobiernos locales, pues éstos tienen, de igual forma, una deuda con las víctimas. González Pérez destacó en materia de seguridad que sin esta no serán vigentes el resto de los derechos y sin respeto a estos, las medidas que se adopten seguridad serán vistas como “una imposición autoritaria”. Dijo que la respuesta a la violencia e inseguridad no está en la reducción o eliminación de derechos y libertades en el “uso indiscriminado de la fuerza”. “Si la violencia se combate solo con la violencia, se está apostando al uso de la fuerza sobre la atención de las causas que la propician y generan, y se está alejando la creación de una ciudadanía responsable, con una sólida cultura de la legalidad y los derechos humanos”, refirió. La violencia, agregó, ha demostrado ser una inversión muy poco redituable, que tiene un costo altísimo para todas las personas.