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Política

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Con desaparición de fideicomisos, se extinguirían fondos para la ciencia: Sergio López Ayllón, director del CIDE

Los fideicomisos de los 26 Centros Públicos e Investigación, si bien, son muy pequeños, son críticos para la operación de cada una de esas instituciones, destaca el director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Foto EE: Adriana Hernández

El director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Sergio López Ayllón, afirmó que desaparecer los fideicomisos sería una tragedia para este país.

Explico que la minuta que habrán de votar en los próximos días los senadores contempla la extinción de dos tipos de fondos: primero los fondos Conacyt, que son los que sirven para financiar toda la ciencia básica, la creación de infraestructura y la formación de recursos humanos de todo el sector científico, los cuales se alimentan de recursos presupuestales, pero son básicos para la operación de la ciencia en el país.

Los otros fondos públicos que desaparecerán son los 26 fideicomisos de los centros de investigación, que si bien, son muy pequeños, son críticos para la operación de cada una de esas instituciones.

 

“La reforma afecta entonces no solo a los centros públicos de investigación como centro de investigación y de estudios avanzados del Instituto Politécnico Nacional Cinvestav, sino a todo el sector de ciencia y tecnología del país”, dijo López Ayllón.

 

En opinión del también reconocido investigador en temas de derecho a la información y transparencia, “construir ciencia lleva muchos años; destruirla se puede hacer en un año o menos”.

El CIDE cuenta con dos fideicomisos: el Fideicomiso de Ciencia y Tecnología y el Fideicomiso Patrimonial.

El primero, el de Ciencia y Tecnología, se utiliza para administrar los proyectos de investigación y pagar los estímulos y no será afectado pues el decreto excluye a los fideicomisos públicos constituidos por mandato de ley. Este es el caso ese fideicomiso que se creó conforme los establece el artículo 50 de la Ley de Ciencia y Tecnología.

El segundo fideicomiso, el Patrimonial se encuentra en la hipótesis del decreto pues no fue creado por ley. De este fideicomiso se paga principalmente el fondo a la permanencia de las y los profesores.

En este caso las autoridades de ese centro analizan las alternativas que tienen y los escenarios que se desprenden de esta situación.

De acuerdo con el directivo los centros importan porque generan conocimiento útil para el desarrollo o bienestar de la nación y porque forman los recursos humanos altamente especializados que necesita el país.

Sergio López Ayllón dijo que los fideicomisos que opera el CIDE les permiten complementar y potencializar los recursos presupuestales que recibe y gestionar con eficiencia y transparencia los recursos propios que generan.

Recalcó que los fideicomisos de Ciencia y Tecnología se nutren de recursos autogenerados o donaciones de terceros, por lo que no reciben transferencias del presupuesto federal. No le cuestan al erario, sino que se complementan.

Destacó que los recursos de esos fideicomisos son completamente fiscalizables, tanto por la Secretaría de la Función Pública como por la Auditoría Superior de la Federación.

Sin el Fideicomiso, consideró, el CIDE no podría realizar estudios que promuevan el desarrollo regional, analizar las causas de las violencias en México, desplegar diplomados especializados para servidores públicos estatales y federales estudiar los ciclos económicos, desarrollar metodologías para evaluar las políticas sociales  o simplemente para analizar los efectos de la Covid-19.

diego.badillo@eleconomista.mx

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Periodista mexicano, originario de Amealco, Hidalgo. Editor del suplemento Los Políticos de El Economista. Estudié Sociología Política en la Universidad Autónoma Metropolitana. En tres ocasiones he ganado el Premio Nacional de Periodismo La Pluma de Plata que entrega el gobierno federal. También fui reconocido con el Premio Canadá a Voces que otorga la Comisión Canadiense de Turismo, así como otros que otorgan los gobiernos de Estados Unidos y Perú.

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