Consejeros del INE advierten que acudirán a la SCJN para frenar "plan B" de la reforma electoral

Los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) expresaron por unanimidad su rechazo a la reforma electoral (Plan B) que se discute en el Congreso, pues advirtieron que provocaría graves riesgos a la capacidad operativa electoral. Anunciaron que para preservar el orden constitucional, promoverán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) todas las controversias, acciones de inconstitucionalidad y amicus curiae que sean necesarios, en caso de que la norma sea aprobada.

En conferencia de prensa en la sede del instituto, acompañado de los consejeros Claudia Zavala, Ciro Murayama, José Roberto Ruiz Saldaña, Uuc-kib Espadas, Martín Faz y Jaime Rivera, el presidente del INE, Lorenzo Córdova, leyó un pronunciamiento a nombre de los 11 integrantes del Consejo General.

“La democracia vive momentos cruciales: la aprobación de una eventual reforma a las leyes electorales podría trastocar profundamente el sistema electoral que México ha construido y perfeccionado durante más de tres décadas, y que hoy garantiza a las mexicanas y los mexicanos elecciones libres y renovación de los poderes públicos en condiciones de legalidad, certeza, equidad, paz pública y gobernabilidad democrática”, expresó.

Hizo un llamado a los legisladores en el Congreso a analizar con profundidad los impactos de los cambios propuestos y permitir a los consejeros electorales presentar toda la información técnica que requieran para tomar las mejores decisiones.

Córdova Vianello enumeró seis elementos riesgosos que contiene la minuta de reforma electoral, conocida como Plan B, que es respaldada por el presidente Andrés Manuel López Obrador:

1. Indicó que la reforma carece del más amplio consenso que debe existir entre los actores políticos para garantizar su legitimidad.
2. La eliminación que propone de las 300 Juntas Ejecutivas Distritales pondría poner en riesgo no sólo la confección del Padrón Electoral, la instalación de casillas y la realización de los cómputos de los votos, sino también el monitoreo puntual de todas las estaciones de radio y televisión del país, la fiscalización de las actividades de los partidos políticos y de las campañas electorales, y el cumplimiento de las obligaciones dirigidas a combatir la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, entre otras actividades que el INE despliega en el ámbito distrital.
3. Eliminar la estructura permanente subdelegacional del INE y reducir al mínimo el Servicio Profesional Electoral impediría contar con personal calificado como lo ordena la Constitución, pues la reforma contempla eliminar el 84.6% de las plazas que hoy integran dicho servicio civil de carrera. “Esta medida pone en riesgo la eficacia y eficiencia con que se desarrollan los procesos electorales y la atención en los módulos donde se tramita la Credencial para Votar con Fotografía”.
4. La Constitución señala que en el INE existirán órganos de dirección, como el Consejo General y, por otra parte, órganos ejecutivos. Sin embargo, la reforma elimina a la Junta General Ejecutiva, que sería sustituida por una Comisión de Administración integrada por cinco consejeras y consejeros, desnaturalizando su función de dirección e implicándolos en tareas administrativas ordinarias como la gestión de los recursos, que son ajenas a su labor de dirección. Además, incorpora a esa Comisión al Órgano Interno de Control, lo que va en contra de su naturaleza jurídica, que supone sólo una función fiscalizadora y no sustantiva.
5. Los trabajadores del Servicio Profesional Electoral Nacional llegaron a sus cargos por procedimientos de reclutamiento señalados en la ley, como los concursos públicos abiertos; se someten todos los años a una evaluación de su desempeño y son sujetos a un programa de formación y capacitación permanente, por lo que “despojarlos de sus puestos de trabajo, cuando no han cometido falta alguna, sino que al contrario han entregado buenas cuentas a la ciudadanía, es atentar contra sus derechos laborales. Por mandato constitucional, tanto el personal del SPEN como los de la Rama Administrativa, ven regidas sus condiciones de trabajo mediante el Estatuto respectivo. La reforma contempla que los trabajadores adscritos a la Rama Administrativa dejen de estar regulados por dicho Estatuto, afectando así sus condiciones generales de trabajo y garantías laborales, lo que viola sus derechos establecidos de forma expresa en la Carta Magna”.
6. “La reforma plantea la compactación de calendarios y la alteración de procedimientos, algunos de ellos en temas altamente sensibles, como es la selección de las y los funcionarios de Mesa Directiva de Casilla que reciben y cuentan los votos de sus vecinos y vecinas. Esa alteración conlleva una afectación a las garantías orgánicas y procedimentales básicas que, hasta ahora, han permitido elecciones libres y auténticas”.

Córdova Vianello afirmó que el “Plan B electoral” viola la Constitución en muchísimos puntos, por lo que, para preservar el orden constitucional, en caso de que la reforma sea aprobada por el Congreso, el INE promoverá todas las controversias, acciones de inconstitucionalidad y amicus curiae que sean necesarias ante la Corte. Afirmó que el INE no está confrontado con nadie, con ningún gobierno ni partido.

Cuestionado sobre si confían en la SCJN, el consejero presidente hizo suyas las palabras que pronunció en 2007 el entonces ministro Salvador Aguirre Anguiano cuando se discutía la denominada Ley Televisa: “el Ministro, frente a quienes sospechaba que la Corte sucumbiría dijo: no saben de lo que estamos hechos los Ministros de la Corte”.

El consejero Uuc-kib Espadas cuestionó si la reforma que promueve el gobierno será capaz de evitar conflictos poselectorales, como sí los evita la norma electoral vigente.

“Y la respuesta más optimista que podamos dar a esa pregunta es: no lo sabemos. Y no lo sabemos porque lo que se está haciendo hoy es obligar a experimentar, con una nueva y frágil estructura, una elección presidencial (del 2024) que promete ser una elección difícil, tensa y probablemente polarizada. ¿alguien puede afirmar que la nueva frágil estructura proveerá un servicio comparable con este que ha sido probado a lo largo de 8 años?, ¿sirve esto a quienes aspirar a ocupar en 2024 la Jefatura del Estado?, ¿en verdad un candidato puede preferir que su elección se haga en este sistema frágil, vulnerable, que no puede garantizar plenamente el proceso orgánico, incluyendo la instalación de las casillas? ¿algún precandidato quiere hoy que no se instalen las casillas en su totalidad como ha ocurrido?”, cuestionó.

El consejero Jaime Rivera opinó que la eliminación que se propone de las 300 Juntas Ejecutivas Distritales del INE, para hacerlas temporales y mutiladas, implica que el INE deje de instalar alrededor de 5,000 casillas menos en las elecciones federales.

jorge.monroy@eleconomista.mx