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Coparmex advierte ola de amparos ante eventual aprobación
Los empresarios consideraron que la promulgación de la ley en sus términos podría atentar contra su seguridad.
La inconstitucionalidad del artículo 32 en sus incisos b y c de la Ley General de Responsabilidades Administrativas llevaría a una ola de amparos por parte de los empresarios y los ciudadanos, con lo cual se generaría el estancamiento de toda la ley anticorrupción, advirtió el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Los empresarios argumentaron que se violan las garantías de los individuos al develar información patrimonial que podría atentar contra su seguridad.
(Los empresarios) estamos obligados a responder los requerimientos no sólo con los gobiernos, sino en cualquier acto; no hay ninguna objeción de nuestra parte de contribuir, estamos en disposición de que este sistema funcione.
La preocupación es que se genere gran volumen de información que será imposible de cumplir y que se atore el sistema; además tiene graves daños inconstitucionales que podrían provocar estancamiento de la ley y el congelamiento de la misma. ¿Por qué no lo corregimos antes para que no frene el desarrollo? , consideró Juan Pablo Castañón , presidente del CCE.
Luego de que el martes se reunieran en privado con el jefe del Ejecutivo, Castañón mencionó que el presidente Enrique Peña cuenta con la facultad de vetar este apartado que genera controversia y enmendarlo desde el Congreso, y que si bien no dio una conclusión sobre la petición, sí estuvo abierto a corregir la anticonstitucionalidad .
En su oportunidad, el presidente de la Asociación de Banqueros de México, Luis Robles destacó que 99.9% de la ley está bien hecho ; el problema, abundó, es que el debate de la llamada Ley 3de3 ha empañado la lucha contra la corrupción.
Gustavo de Hoyos y Enrique Solana, presidentes de la Coparmex y la Concanaco, respectivamente, afirmaron que la Ley 3de3, al tener visos de inconstitucionalidad, da pauta a que los amparos se hagan viables e inoperable el Sistema Nacional Anticorrupción al tener que declarar miles de personas.
No es necesario realizar un análisis exhaustivo para apreciar lo nocivo que resultaría poner en un panorama tan adverso a millones de personas que guardan una relación indirecta con el ejercicio de los recursos públicos, (pues resultaría) una medida desproporcional al no ser el medio idóneo para combatir la corrupción, causando cargas administrativas innecesarias , consideraron los abogados del sector privado.
Los industriales se comprometieron a no dar cabida a actos de corrupción al interior del sector. Estamos dispuestos a dar la batalla al lado de las autoridades, legisladores y la sociedad, para combatir la corrupción y que todos aquellos, ya sean públicos o privados, que incurran en estos delitos paguen conforme a derecho, para sentar juntos un firme precedente de que no permitiremos más la corrupción e impunidad en nuestro país , aseveró Manuel Herrera, presidente de la Concamin.