Cuestionan candados en declaraciones patrimoniales

La nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas, que entrará en vigor el próximo 18 de julio, prevé mejorar la transparencia de las declaraciones de bienes de los funcionarios, no obstante, incluye el término vida privada , que permite ocultar de manera parcial la declaración patrimonial.

La presentación por parte de los funcionarios públicos, tanto federales como locales, de su declaración de bienes era hasta hace poco una decisión de libre albedrío.

El exauditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, en entrevista reciente con El Economista, recordó que las declaraciones patrimoniales, desde que surgió la Secretaría de la Contraloría (posteriormente, Función Pública -SFP-), no se dan a conocer y dicha información es restringida.

Las declaraciones patrimoniales deben ser públicas. Debemos exigir que lo sean , demandó.

Existe la opción de conocer los bienes de los funcionarios públicos, pero sólo, acotó González de Aragón, si ellos quieren.

¿Quieres ser funcionario público? Pues haz público tu patrimonio, que no sea potestativo, que sea obligatorio. No puede ser, así habría muchos que no pueden entrar a la política, ¿verdad? , cuestionó quien fuera auditor de la Federación por ocho años.

La SFP tiene en línea la plataforma Declaranet, un sistema donde actualmente se puede consultar algunas declaraciones de funcionarios públicos de la administración federal, aquellas que, de acuerdo con la vigente Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos, están obligados a presentar todos los servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento u homólogo hasta el de presidente de la República .

En dicha ley se especifica también que todos los funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob), la SFP, la Procuraduría General de la República (PGR) y, en general, todo aquel que administre recursos públicos deberán presentar su declaración.

El Economista revisó las declaraciones del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y el titular de la Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, las cuales muestran parcialmente la información de los funcionarios.

Chong presentó la suya de bienes inicial el 11 de enero del 2013, misma que ha modificado en cuatro ocasiones, la última, el 31 de mayo del año pasado.

En la que hizo al llegar al puesto, el titular de la Segob decidió presentar de forma parcial su declaración de bienes, reservándose los ingresos netos, aquellos que se declaren por actividad industrial, comercial, financiera y otros. En bienes inmuebles, el valor de la contraprestación y moneda. En bienes muebles, el valor de la contraprestación y moneda. En vehículos, el valor de la contraprestación y moneda. En inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores, el saldo. En adeudos, el monto original, el saldo y el monto de los pagos realizados .

Para su declaración más reciente Chong mantuvo la reserva de hacer público el valor de los bienes de los cuales es dueño así como la suma de sus inversiones bancarias y la información de sus adeudos.

En tanto el presidente Peña Nieto, en su declaración inicial, proporcionada el 15 de enero del 2013, restringió la información sobre su trayectoria académica y no emitió información sobre sus declaración anteriores ni proporcionó información sobre sus logros académicos y laborales; asimismo, no brindó información sobre si mantenía entonces adeudos a su nombre.

El presidente, al igual que Osorio Chong, ha actualizado cuatro veces su declaración patrimonial, la última, el 31 de mayo del 2016.

La nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas, perteneciente al paquete de siete leyes aprobadas en el marco de la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), especifica en su artículo 29 que las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución.

Esta ley, que inició como una iniciativa propuesta por organizaciones de la sociedad civil, contemplaba, en un inicio, en ese mismo artículo, la posibilidad de reservar información que tiene que ver estrictamente con datos personales.

La modificación de la redacción, han criticado las mismas organizaciones, deja espacio para la interpretación y el ocultamiento de información bajo tal premisa.

Desde agosto del año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la acción de inconstitucional promovida por diputados del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, para impugnar el artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, conocida como la ley 3de3.

Los legisladores argumentan que la ley va en contra de los principios de transparencia requeridos para el combate a la corrupción.

Con respecto a la plataforma 3de3, dispuesta como una iniciativa también de las organizaciones de la sociedad civil, hasta este lunes, 956 funcionarios del país habían hecho pública su declaración de bienes.