¿De qué trata el proyecto de Morena para crear la ley de los derechos de las personas trans?

La fracción legislativa de Morena en la Cámara de Diputados impulsa una iniciativa mediante la cual se pretende promulgar la Ley General de Acceso Integral a los Derechos de las personas Trans, la cual podría dictaminarse en los próximos días.

Se trata de una propuesta de la diputada María Clemente García Moreno, mediante la cual se busca establecer en ley que las personas trans mayores de dieciocho años de edad tendrán derecho a acceder a la prestación de servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos asociados, incluidas intervenciones quirúrgicas totales o parciales, farmacéuticos, hospitalarios, tratamientos integrales hormonales o terapias de reemplazo hormonal y procedimientos de rehabilitación, suficientes y de calidad, para que su corporalidad, incluida su genitalidad, sea concordante con su identidad de género autopercibida.

En el caso de las personas trans menores de dieciocho años, establece que podrán acceder a tratamientos con bloqueadores, supresores o inhibidores hormonales de la pubertad. 

Para esa disposición, regirán los principios y requisitos establecidos en la propia ley en lo relativo a la solicitud a través de la madre, padre, tutor o quien tenga bajo guarda o custodia legal a la persona interesada y a la obtención de la manifestación expresa de conformidad libre e informada de ésta misma, velando en todo momento por los principios de interés superior de la niñez y autonomía progresiva.

¿Cómo está integrado el proyecto de ley?

La iniciativa está integrada por dos títulos, uno dedicado a las disposiciones generales y otro dedicado los derechos de las personas trans con ocho capítulos: a la no discriminación; a la identidad de género autopercibida; a la educación; a la cultura, al trabajo digno y garantías laborales; a la vivienda digna y decorosa; a la salud integral y a la justicia.

En los transitorios de esta iniciativa de ley que fue turnada a las comisiones de Diversidad y presupuesto y Cuenta Pública, se establece que los poderes legislativos federal y de las entidades federativas, tendrán un plazo de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del decreto, para tipificar en los códigos penales de sus respectivos ámbitos de competencia el delito de transfeminicidio.

En la exposición de motivos se establece que el fin de esa propuesta es establecer el piso mínimo para la atención y el catálogo de servicios  médicos que permita a las personas trans recibir una atención oportuna eficaz y gratuita.

De aprobarse será mandato legal el establecimiento de medidas, acciones afirmativas y políticas públicas necesarias para el ejercicio de los derechos de las personas trans y señala como objetivo establecer los principios y mecanismos que posibiliten a las personas trans el pleno goce de sus derechos, como la no discriminación y a la identidad de género autopercibida.

El artículo 11 establece que  todas las personas tienen derecho al reconocimiento de su identidad de género autopercibida, entendido como la convicción interna e individual del género que cada una tiene de sí misma y que puede corresponder o no con el sexo asignado en el acta de registro de nacimiento primigenia y el 12 dice que las personas trans tienen derecho a ser tratadas y nombradas de acuerdo con su identidad de género autopercibida.

Por otra parte el artículo 32  ordena diseñar, ejecutar, evaluar y promover políticas públicas para la inclusión y estabilidad laboral de las personas trans en el sector privado y diseñar e implementar protocolos de atención a personas trans en centros laborales.

Defensoría pública especializada en personas trans

En materia de acceso a la justicia dispone que las dependencias, instituciones u organismos encargados de la seguridad y protección ciudadanas y la procuración de justicia, así como los juzgados y tribunales facultados para administrar e impartir justicia de cada uno de los tres órdenes de gobierno, en el respectivo ámbito de sus competencias, realizarán acciones como: instrumentar medidas presupuestales y administrativas necesarias y suficientes, así como contar con personal debidamente capacitado para garantizar la atención y acceso a la justicia en casos donde puedan verse involucradas personas trans; capacitar de manera continua a las personas servidoras públicas que laboren en ellas, sobre temas de diversidad e identidad y expresión de género, incluyendo a policías, personal que realice tareas de investigación de delitos o peritajes, personal adscrito al sistema penitenciario, juezas, jueces, magistradas, magistrados, ministras, ministros y, en general a todo el personal, con el fin de prevenir y erradicar la transfobia, los prejuicios, los estigmas, el acoso, el hostigamiento y la discriminación en contra de las personas trans; y destinar personal de defensoría pública especializado en asuntos de personas trans, para brindar atención y asesoramiento adecuado.

Comunidad representa 0.9% de la población

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) 2021 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México existe una población de personas Transgénero, Transexual, o de otra identidad de género que no coincida con el sexo asignado al nacer, que asciende a 909,000 personas, que representan 0.9 % de la población total mexicana de 15 años y más.

Actualmente, al menos 24 estados legislaron en la materia o bien emitieran decretos para garantizar el acceso a la identidad de género auto percibida de las personas, entre ellos la Ciudad de México, Nayarit, Sonora, Quintana Roo, Estado de México, Puebla, Sinaloa, Zacatecas, Durango y Baja California.

Algunas entidades como Oaxaca, Jalisco y la Ciudad de México han emitido directrices para que las personas trans menores de 18 años puedan acceder al derecho a la identidad de género a través de un proceso administrativo bajo la compañía y custodia de sus representantes legales con la finalidad de prevenir que su acceso a la educación se vea obstaculizado.

La diputada argumenta la necesidad de emitir medidas legales que eviten la discriminación en que, según la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, una de cada tres personas en México no le rentaría un cuarto de su vivienda a una persona trans obligando a esta a residir en espacios como hoteles de paso donde son expuestas a múltiples violencias como parte de la inestabilidad de su permanencia.

Asimismo refiere que, en el país, organizaciones de la sociedad civil han puesto en marcha un Observatorio Nacional de crímenes de odio contra personas LGBT, el cual  registró 209 casos de crímenes de odio entre 2014 y 2020 en 10 entidades federativas.

93 de estos crímenes, casi el 50%, fueron cometidos contra mujeres trans, mientras que sólo se registraron dos casos contra hombres trans.

Refiere que si bien instituciones como el IMSS y el ISSSTE han desarrollado protocolos de atención a poblaciones LGBT+, los esfuerzos se tornan insuficientes pues el catálogo de servicios médicos en las distintas dependencias no se consideran acorde a las necesidades de atención que las personas trans necesitan.

En ese sentido la diputada María Clemente García  señala que la incapacidad de las instituciones médicas para atender las necesidades de salud de las personas trans, con especial énfasis las de las mujeres, ha obligado a éstas a recurrir a procedimientos caseros y sin supervisión para el modelado de sus cuerpos como parte del afianzamiento de su expresión e identidad de género auto percibida y la presión social para adecuar su corporalidad a los patrones estéticos de nuestra cultura, trayendo consecuencias graves para su bienestar.