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Desde 2007, calificadoras señalaron la corrupción y baja institucionalidad de México
Las tres mayores calificadoras del mundo, Moody´s, Standard & Poor´s y Fitch aseguran que desde hace años, venían señalando a la corrupción, el bajo respeto del estado de derecho y la limitada institucionalidad de México, como factores de presión para conseguir una mejor nota crediticia.
Las tres mayores calificadoras del mundo, Moody's, Standard & Poor's y Fitch aseguran que desde hace años, venían señalando a la corrupción, el bajo respeto del estado de derecho y la limitada institucionalidad de México, como factores de presión para conseguir una mejor nota crediticia.
No obstante analistas consultados en las tres agencias, advierten que no es su función denunciarlo o evidenciarlo, pues como calificadoras su obligación esanalizar la capacidad de pago de deuda basándose en el estado financiero auditado.
En conversaciones separadas, los analistas de las tres agencias explicaron que las calificaciones de México consignan esta baja institucionalidad que prevalece.
Es decir, en Standard & Poor's y Fitch, donde México tiene la nota “BBB+”, que es tres escalones arriba del grado de inversión, el bajo crecimiento de la economía y la limitada institucionalidad, han limitado la posibilidad de otorgarle el upgrade que llevaría la calificación de México a un escalón de los emisores “A”, que por su mayor capacidad de pago, tienen acceso a mejores condiciones de financiamiento.
Moody's en cambio fue la primera en otorgar el alza de la calificación hacia el nivel “A3” donde se encuentra tras las reformas estructurales aprobadas, particularmente la energética. Pero al informar la decisión del upgrade, advirtieron que era muy baja la probabilidad de que alcanzara un nivel mayor, precisamente por esta baja institucionalidad.
Es decir, el techo de las calificaciones para el soberano, está acotado por el bajo crecimiento de la economía, la dificultad para obtener un mayor flujo de ingresos tributarios y la ausencia de características propias del gobierno corporativo, que reduce la probabilidad de corruptelas.
Verificado. Sí evidenciaron corrupción
El Economista, verificó si las agencias calificadoras advirtieron de problemas de corrupción, y limitada institucionalidad desde antes de las denuncias vertidas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
El Economista verificó y en efecto desde el año 2007, las citadas observaciones cobraron relevancia. En Standard & Poor's, exactamente, en un comentario especial del 13 de diciembre del año 2007 titulado “Creando las nuevas reglas del juego en México”, tocaron el tema.
En el 2016, puntualmente detallaron en otro análisis que el reto de México para crecer, era más político que económico. Y en 2017, precisaron que la corrupción podría afectar las calificaciones soberanas de América Latina.
Moody's, identificó verbalmente, desde el año 2010, en voz del entonces analista soberano, Mauro Leos que la corrupción era un factor de presión en tanto limitaba las oportunidades para mejorar la competencia del país y las empresas, y conforme ataba al crecimiento económico.
Y lo dejó claramente explicado por escrito, hasta el año 2013, al otorgar el upgrade que dejó a la nota mexicana en el nivel más alto que ha tenido “A3”, que es 4 escalones arriba del grado de inversión.
Fitch en tanto, advirtió de forma constante que la corrupción prevaleciente era un factor de presión para el potencial económico del soberano, subnacionales y empresas paraestatales desde el año 2013.
Consignado y evidenciado desde Fox: S&P
El analista soberano de S&P para México, Joydeep Mukherji, quien ha estado a cargo de esta tarea desde la administración de Vicente Fox, aseguró que “desde hace muchos años hemos señalado el problema de corrupcion y la falta de buenas reglas del juego como factor intrínseco en la calificación de México”.
“Desde que yo comencé a analizar a Méixco, cuando estaba Fox, comenzamos a hablar de la debilidad estructural e institucional que prevealece en el país. Siempre resaltamos la corrupción y falta de institucionalidad”
Y refirió que una de las muchas razones por las que no se vio reflejado en el crecimiento del PIB, el impacto de las reformas estructurales, pudo ser precisamente, la corrupción, la baja institucionalidad y el limitado respeto al estado de derecho.
Gobierno corporativo, determinante: Moody's
Nymia Almeida, analista para Pemex en Moody's, en Moody's puntualiza que las calificadoras trabajan con estados financieros auditados que dicen cuánto vendió, gastó y generó de utilidad un emisor.
“ Nosotros no somos auditores y no operamos los negocios de las empresas que calificamos. Nosotros analizamos la capacidad de pago de deuda basado en el estado financiero”.
Explica que el tema de gobierno corporativo es importante en todas las calificaciones, pues “cuanto mas robusto es el gobierno corporativo, menos riesgo de fraude se presenta y menos corrupcion”.
La nota de Pemex en Moody's, se encuentra un escalón arriba del bono especulativo desde marzo del año 2016, que es el mismo nivel donde quedó en Fitch a partir de esta semana.
Violencia, corrupción e inseguridad: Fitch
La analista soberana de Fitch, Shelly Shetty, que es la agencia que recortó esta semana la nota de Pemex, para dejarla al borde del bono especulativo, pero conservando el grado de inversión, expuso que “la agencia sí ha realizado observaciones sobre la corrupción, violencia e inseguridad, así como la debilidad institucional de México; consideraciones que están reflejadas en el techo de la calificación soberana”.
Dijo que estos tres factores: la corrupción, violencia e inseguridad, “han limitado por años la posibildad de que suba la calificación del soberano mexicano y rebase el tecer escalón del grado de inversión “BBB+”, donde se encuentra.
Tras la acción de calificación dirigida por Fitch esta semana sobre los bonos de Pemex, el presidente AMLO criticó el proceder de las agencias pues no tomaban en cuenta el esfuerzo que hace el gobierno para tratar de erradicar las prácticas de corrupción de la empresa.
Y aseveró que las calificadoras fueron cómplices de los gobiernos anteriores al no denunciar ni consignar en sus evaluaciones las corruptelas y prácticas fuera del estado de derecho.