Diputados aprueban ampliación de mandato de Arturo Zaldívar en la SCJN; pasa al Ejecutivo

La Cámara de Diputados aprobó la madrugada de este viernes ampliar por dos años el mandato del titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien ha recibido el respaldo público del presidente Andrés Manuel López Obrador, en medio de fuertes críticas de la oposición por la supuesta inconstitucionalidad de la medida.

Tras la votación en lo general, con 262 votos a favor, 182 en contra y siete abstenciones, el Pleno aprobó, en lo particular, el dictamen que expide las Leyes Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación. El dictamen pasa ahora al Ejecutivo.

La extensión de la gestión de Arturo Zaldívar, quien lidera el máximo tribunal desde enero de 2019 y debería dejar el cargo en 2022, recibió el aval en lo general del pleno de la cámara baja, dominada por Morena y sus aliados, al aprobar el dictamen para reformar la Ley del poder judicial. Primero lo hizo el Senado de forma sorpresiva la semana pasada.

La iniciativa, defendida por López Obrador como una forma de transformar un sistema de justicia que considera corrupto, es criticada por sus detractores porque, entre otros puntos, la Constitución dice que el pleno de la máxima corte debe escoger a su cabeza cada cuatro años, sin reelección inmediata.

Algunos opositores calificaron la movida legislativa como "un golpe de Estado" y otros han advertido que podría abrir la puerta a más intentos de ampliar mandatos, incluyendo el del presidente de la nación latinoamericana, una posibilidad que el propio López Obrador ha rechazado.

Previo a la aprobación para reformar el poder judicial, los diputados avalaron el dictamen para abrogar la ley de la Fiscalía General y crear una nueva, propuesta por su titular y Morena, la cual deberá regresar al Senado para su aprobación definitiva debido a las modificaciones realizadas.

La iniciativa del fiscal general, Alejandro Gertz, también ha sido muy criticada por organismos de derechos humanos que, aseguran, limita herramientas para buscar a decenas de miles de desaparecidos, disminuye las tareas de la fiscalía y se elimina la participación de las víctimas y defensores en las investigaciones.

erp