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Política

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Diputados avalan código penal único

Los diputados avalaron la iniciativa que faculta al Congreso la expedición de leyes generales en materia de secuestros y trata de personas, a fin de que se puedan establecer las sanciones mínimas penales federales. La reforma entrará en vigor en 2016.

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por 453 votos en favor, 3 en contra y 2 abstenciones, el dictamen de la reforma a la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución, que faculta al Congreso a legislar un código penal procesal único.

Con esta legislación se fortalecen las bases del debido proceso, a fin de materializar el sistema de justicia penal, derivado de la reforma constitucional realizada en julio de 2008.

Esta reforma iniciará su recorrido por los Congresos estatales para tener su aval y lograr el apoyo de 50% más uno de los legislativos locales.

Con esta reforma se faculta al Congreso de la Unión para expedir las leyes generales en materias de secuestro y trata de personas, a fin de establecer como mínimo los tipos penales y sus sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios.

También la legislación en materia de delitos federales y delincuencia organizada, previendo las penas y las sanciones que por ellos deban imponerse.

Faculta también para expedir la legislación única en materia procesal penal unificada para toda la República, así como el establecimiento de mecanismos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común.

Asimismo, prevé en sus artículos transitorios que la presente reforma entrará en vigor el 18 de junio de 2016.

Al argumentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el perredista Julio César Moreno Rivera, destacó que con esta reforma se pretende establecer un modelo Jurídico Único de Legislación Procesal Penal, así como de justicia alternativa y de ejecución de sanciones.

De esa forma se prevé evitar que en el país existan distintas maneras de procurar y administrar la justicia penal, así como de cumplir las penas, explicó el legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Expuso que esta medida unificadora de la política criminal de México tiene la finalidad de que el sistema de justicia penal sea similar en todo el territorio nacional, lo cual se traducirá en un beneficio para el juzgador, el procesado y en especial la víctima, ya que se regirán bajo un esquema de certeza y seguridad jurídica.

Por otro lado, agregó, se establecerá la homologación de los mecanismos alternativos de solución de controversias, actualmente previstos en el Artículo 17 de la Carta Magna, con lo cual se armonizará lo establecido en los preceptos constitucionales.

Con la presente reforma se busca igualmente unificar la ejecución de sanciones, evitando la dispersión de la aplicación de la norma y brindando certeza jurídica al sentenciado.

Puntualizó que esta reforma constitucional pretende propiciar una administración de justicia eficiente, congruente, respetando los derechos fundamentales en un marco de seguridad jurídica, trato igualitario y debido proceso para los habitantes de este país.

nlb

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