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Política

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Diputados avalan en lo general y lo particular ampliar la permanencia del Ejército en las calles

La minuta proveniente del Senado de la República fue aprobada con 28 votos a favor, 10 en contra y ninguna abstención por los integrantes de Comisión de Puntos Constitucionales, tras ello se subió al pleno.

Entre acusaciones de dictaduras militares y advertencias de que el retiro del Ejército de las calles pone en riesgo a las familias ante una violencia y delincuencia organizada sin precedentes, el pleno de la Cámara de Diputados avanzó con la discusión del dictamen aprobado en el Senado para reformar el artículo 5º Transitorio y permitir que los militares participe tareas de seguridad hasta el 2028.

Ayer, la minuta proveniente del Senado de la República para extender el tiempo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública fue aprobada con 28 votos a favor, 10 en contra y ninguna abstención por los integrantes de Comisión de Puntos Constitucionales.

Hasta el cierre de esta edición se mantenía la discusión de la enmienda en el pleno de San Lázaro.

La reforma, planteada en un inicio por el PRI, establece que serán los nueve años siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, que el presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública. Por lo que el plazo original, que debía vencer en marzo de 2024, se extendió hasta el año 2028.

Contenido de enmienda

Los cambios plantean que las Fuerzas Armadas permanente realizará las tareas de seguridad pública con su organización y medios, y deberá capacitarse en la doctrina policial civil y añade que las acciones que lleve a cabo la Fuerza Armada permanente, en ningún caso tendrán por objeto sustituir a las autoridades civiles de otros órdenes de gobierno en el cumplimiento de sus competencias o eximir a dichas autoridades de sus responsabilidades.

Señala que el Ejecutivo federal presentará al Congreso de la Unión un informe semestral sobre el uso de las Fuerzas Armadas, proporcionando los indicadores cuantificables y verificables que permitan evaluar los resultados obtenidos en el periodo reportado en materia de seguridad pública.

Indica que, para el análisis y dictamen de los informes, en un plazo no mayor a sesenta días, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, y hasta la conclusión del plazo señalado en el primer párrafo, se integrará una comisión bicameral, en los términos que acuerden los órganos de dirección política de las Cámaras del Congreso de la Unión.

Asimismo, la comisión se reunirá cada que la convoque su directiva; para la emisión del dictamen semestral convocará, si así lo requiere, a los titulares de las secretarías de Gobernación, de Seguridad y Protección Ciudadana, de Defensa Nacional y de Marina.

Y a partir del ejercicio fiscal 2023 el Ejecutivo federal establecerá un fondo permanente de apoyo a las entidades federativas y municipios destinado al fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública.

Críticas de la oposición

El diputado Luis Ángel Espinosa Cházaro (PRD), acusó que este proyectó era una forma de construir unas Fuerzas Armadas empoderadas, lo que significa una dictadura militar.

En el mismo sentido, el diputado Salvador Caro Cabrera (MC) advirtió que la militarización implica más muertos, más desaparecidos, más poder al narco, más restricciones de libertades y más impunidad.

Mientras que el diputado Carlos Iriarte Mercado (PRI) defendió que  la minuta a discusión atiende aspectos torales expresados por distintos grupos parlamentarios, lo que evidencia que se puede avanzar en conjunto aún teniendo visiones distintas.

Señaló que el ampliar las tareas de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública confirma el problema que vive la inseguridad en todas sus modalidades. Señaló que el texto propuesto da profundidad a los conceptos relacionados con la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, ya que su participación extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria contribuye a otorgar certeza de que su actuar está bien delimitado.

maritza.perez@eleconomista.mx

kg

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