Diputados discuten reformas para eliminar fuero a servidores públicos

La Cámara de Diputados se encuentra discutiendo el dictamen que reforma varios artículos de la Constitución Mexicana para quitar el fuero a todos los servidores públicos—incluyendo a la presidencia de la República—y para que sean procesados en caso de que cometan un delito.

De aprobarse la iniciativa, ya no será necesario que se realicen juicios de desafuero en el Congreso de la Unión porque estarán establecidos en la Carta Magna.

A las 11:30 iniciaron los posicionamientos de los grupos parlamentarios sobre el dictamen en materia de fuero e inmunidad, la diputada Martha Tagle de Movimiento Ciudadano mencionó los casos de la Estafa Maestra, de Odebrecht, del socavón del Paso Express de Morelos, de los Panama Papers, de Tlatlaya y de La Casa Blanca, entre otros, para recordar lo que implica el amparo bajo la figura del fuero. 

Argumentó la necesidad de nuevos controles legales ante la eliminación del fuero y advirtió sobre la reforma al artículo 38 que abre la posibilidad de suspensión de derechos por la sola vinculación a procesos. Reiteró que dicha reforma no garantiza que ningún ciudadano pueda ser perseguido por el libre ejercicio de sus derechos.

Previamente la legisladora del PRI María Alemán Muñoz Castillo pidió que se reactivará la minuta enviada por el Senado el pasado octubre y que fuera enviada a comisiones de nueva cuenta hasta que exista un pronunciamiento por parte del Senado, “ya que el dictamen está lleno de -errores y lagunas-, así como artículos transitorios que quedaron pendientes de ser discutidos”, sin embargo, la propuesta fue rechazada. 

Por otro lado, Horacio Duarte Olivares de Morena al fijar el posicionamiento de su grupo parlamentario reiteró que quitar el fuero es una nueva etapa en donde el gobierno no puede ser un comité para el servicio de unos cuantos, “hubo décadas de gobierno, pero nunca se atrevieron a quitar los privilegios”. 

Entre lo propuesto que será votado en el recinto de San Lázaro destaca que los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de vinculación a proceso penal, salvo lo establecido en el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

“La o el presidente de la República, las y los diputados y senadores al Congreso de la Unión, las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), las y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la o el Fiscal General de la República, las y los consejeros del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, gozan de inmunidad y, por tanto, no pueden ser privados de su libertad durante el tiempo en que ejercen su cargo, salvo que exista una sentencia condenatoria en su contra”. 

Asimismo, las y los gobernadores de los Estados y la o el jefe de gobierno de la Ciudad de México, así como los diputados y los magistrados de los tribunales superiores de justicia de las entidades federativas, quienes también gozan de inmunidad, son sujetos de proceso penal por la comisión de delitos federales. Cuando se dicta sentencia condenatoria, el juez comunica a la legislatura y al órgano respectivo el retiro de la inmunidad y la separación del cargo.