Diputados ponen candado para que bancos no retengan o embarguen programas sociales

Por unanimidad de 459 votos a favor, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó modificaciones a la ley para garantizar que los recursos provenientes de apoyos sociales no puedan ser retenidos o embargados por los bancos.

El dictamen con proyecto de decreto que adiciona el artículo 4° de la Constitución Política, en materia de inembargabilidad de recursos provenientes de programas sociales, fue remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

Según el documento, la adición de un párrafo décimo séptimo establece que los apoyos económicos, pensiones no contributivas, becas y demás apoyos que tengan por objeto el combate a la pobreza y la desigualdad social que entreguen los gobiernos federal, estatal o municipal no serán susceptibles de retenciones, descuentos, deducciones, compensaciones o embargos por parte de particulares. 

Asimismo, señala que los recursos que se emplean para garantizar los derechos fundamentales de las personas mayores, personas con discapacidad y estudiantes, así como aquellos apoyos para combatir la pobreza y la desigualdad social, deben contar con la protección constitucional, así como las garantías procesales que en ella se consignan. 

Considera que debe brindarse la mayor protección posible y evitar el cobro de deudas fuera de juicio, ya que ello equivale –sin serlo formalmente- a un embargo de bienes realizado por un particular sin intervención de las autoridades judiciales a las que constitucional y legalmente se les ha atribuido el poder de autorizar esta clase de acciones. 

Al fundamentar el dictamen, la diputada Flor Ivone Morales Miranda (Morena) sostuvo que   existen numerosas quejas de usuarios de sistemas financieros en el sentido de que algunas instituciones bancarias les han descontado, sin ningún aviso previo, diversas cantidades que provienen de los apoyos económicos, pensiones y becas.

“Lamentablemente es una práctica común de las instituciones financieras incluir en los contratos de servicios financieros la posibilidad de descontar, retener o embargar recursos de sus clientes por alguna deuda, no importando que el origen de los recursos, incluso, provenga de salarios, los cuales están protegidos por la Constitución y por la ley contra los embargos”, agregó.

Las personas que pertenecen a los grupos de mayor vulnerabilidad social frecuentemente son las más afectadas por estas prácticas o cláusulas abusivas que los dejan en estado de indefensión, puntualizó.

La diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena) consideró que esta reforma “acabará con los cobros a lo chino que hasta ahora instituciones financieras realizan indebidamente sin agotar el debido proceso” y no se pretende evitar el cobro de deudas, “lo que busca es que las instituciones financieras no utilicen los fondos”, subrayó.

Del PAN, el diputado Jorge Triana Tena dijo estar a favor del dictamen porque “pretende de manera muy noble que no se embarguen los recursos”.

Enfatizó que se busca que el recurso emanado de estos programas sociales, que son la única fuente de ingresos de las familias más pobres del país, “no vaya a ser tomado o retenido por absolutamente nadie, incluyendo el propio gobierno”.