El cohecho sería más penado que el peculado

El dictamen de la reforma al Código Penal Federal en materia anticorrupción endurece las penas para funcionarios públicos que incurran en tráfico de influencias, peculado, enriquecimiento ilícito y ejercicio indebido del servicio público, incluso destaca que el delito más grave será el cohecho, el cual se castigará con prisión de 15 a 35 años, multa de 10,000 a 30,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA) y de cinco a 15 años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público.

El documento, cuya copia tiene El Economista, precisa que comete delito de colusión todo servidor público que acuerde o celebre contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre competidores, cuyo objeto o efecto sea afectar la utilización eficiente y eficaz de los recursos públicos del Estado.

Asimismo, el dictamen a cargo del presidente de la Comisión de Justicia, Fernando Yunes, castiga el enriquecimiento ilícito con cárcel de dos a 15 años, de 500 a 1,000 UMA e inhabilitación de cuatro a 18 años si el monto del enriquecimiento excede los 73,000 pesos y habrá prisión de dos a cuatro años cuando este monto sea menor. El valor diario del UMA actualmente es de 73.04 pesos.

Mientras que quien cometa peculado y la malversación de fondos que no excedan los 36,520 pesos tendrá una pena de tres meses a dos años de prisión y una multa de 30 a 300 veces el valor diario de la UMA. Cuando la malversación de fondos sea superior a los 36,520, la cárcel será de dos a 14 años.

El ejercicio abusivo de funciones llegará a 15 años de prisión, el uso indebido de atribuciones y facultades hasta con 12 años, la intimidación con 10 años, el uso indebido de información confidencial con ocho años, el tráfico de influencias con ocho años, la coalición de los servidores públicos con siete años y la concusión hasta con cuatro años.

Cuando exista una averiguación previa o una investigación formalizada en la cual el particular ya esté implicado y éste aporte indicios que lleven a la consignación y condena, por sentencia firme, de los servidores públicos involucrados, la pena que le correspondería por los delitos por él cometidos podrá ser reducida hasta en dos terceras partes , precisa una atenuante.

El dictamen para reformar el Código Penal Federal fue uno de los puntos en pugna entre grupos parlamentarios, pues algunos legisladores consideran que el documento tiene errores; además, no se dio tiempo para analizar las penas propuestas.

Cabe destacar que esta reforma, al igual que la modificación a la Ley Orgánica de la PGR, es parte del paquete penal de las leyes secundarias anticorrupción y sin estos cambios no se aprobarán los dictámenes que incluyen las sanciones administrativas para los corruptos.