El gobierno dictará agenda de la investigación científica, denuncian investigadores

La recién promulgada ley de ciencia colocó a la comunidad del sector de la investigación científica en México en una situación de franca regresión, supeditada a la agenda que dicte el Gobierno y desplazada de las decisiones que definirán qué, cómo y con cuánto van a investigar y con la incertidumbre de poder realizar proyectos de largo plazo y de contar con el presupuesto necesario para llevarlas a cabo, plantean académicos.

De acuerdo con investigadores consultados por El Economista, algunos de los cuales pidieron no ser citados por temor a represalias o para no involucrar a las instituciones en donde son funcionarios, la principal preocupación es el control que pretende ejercer el Gobierno federal de la investigación científica.

De acuerdo con el artículo 3 de la nueva Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (LGMHCTI), el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías es el organismo articulador del Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, así como encargado de formular y conducir la política nacional en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación.

Al respecto, el investigador de la Universidad de California en San Diego, Estados Unidos, Juan Pablo Pardo-Guerra, expuso que, contrario a lo que se venía dando en las últimas décadas, en el sentido de descentralizar la toma de decisiones en política científica, la nueva ley centraliza toda la organización del sector científico en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) y, además, lo hace en torno a una agenda nacional que va a definir el gobierno.

Desde su perspectiva, eso obliga a quienes hacen ciencia en el país a articularse en torno a un pequeño conjunto de prioridades nacionales dictados por la Agenda Nacional, lo cual se convertirá en una constricción para la investigación y reducirá la diversidad de las instituciones y sus investigadores.

En entrevista, explicó que en países desarrollados, e incluso algunos de América como Brasil, la toma de decisiones de qué y cómo se debe de investigar y las decisiones para financiar proyectos, suele recaer en organismos que son parte de la comunidad científica.

Puso como ejemplo el papel destacado que juegan las academias nacionales de ciencias de Estados Unidos en la discusión y definición de dónde se tienen que canalizar más recursos, y eso no existe en la ley actual mexicana.

“Esta ley se aleja de esa estrategia y le da todo el poder al Conahcyt, que está formado por administradores y que no necesariamente tienen la visión más amplia de lo que está pasando en la ciencia nacional e internacional”, mencionó.

El también autor del libro “The Quantified Scholar”, en el que expone los resultados del estudio del caso del sistema de evaluaciones británico, recalcó que es falso que la ley no atente contra la libertad académica, pues lo hace en el momento en que investigadoras no puedan acceder a los apoyos para realizar sus proyectos de investigación por no estar dentro de los lineamientos dictados por el Estado.

“Eso es muy peligroso, porque el conocimiento que ya no se producirá podría haber sido muy importante 20 años después”.

Puso como ejemplo las investigaciones sobre MRNA que hace 20 años se consideraban poco relevantes y que durante la emergencia de la pandemia de la Covid-19 permitieron desarrollar vacunas en un tiempo muy corto, comparado con lo que regularmente se tarda para algo totalmente nuevo.

Según los artículos 67 y 68 de la nueva ley, hay un Consejo Nacional que cuenta con una Dirección General (actualmente la directora del Conahcyt) y una junta de gobierno, integrada por representantes de 13 secretarías del Gobierno federal, incluidas las de la Defensa y Marina y una del Instituto Nacional de los Pueblos indígenas. No contempla la representación ni de universidades (públicas o privadas) ni de los centros de investigación. Eso ha generado la preocupación e inconformidad de la comunidad científica. 

Al respecto, la reconocida bióloga mexicana, Julia Carabias Lillo cuestionó: “¿Cómo podemos leer que el nuevo órgano en esta ley sustituye a la inteligencia, a la UNAM, al Instituto Politécnico Nacional, entre otros, por las fuerzas armadas? ¿Qué tienen que hacer las fuerzas armadas en esta toma de decisiones?”.

“Yo estoy convencida de que tenemos que fortalecer viendo para adelante los mecanismos de interface entre la comunidad científica y los tomadores de decisiones”, dijo.

Enfática, dijo que, no puede haber un país próspero, sustentable, desarrollado y con equidad, que haya superado su pobreza que no tenga una base científica sólida y que no esté escuchando a los científicos cómo motor de desarrollo. 

“La humanidad ha enfrentado muchas crisis a lo largo de su historia y ha salido adelante gracias a haber escuchado a la ciencia”, remarcó.

En tanto, Juan Pablo Pardo-Guerra, destacó que el hecho de que el Ejército y la Armada sí formen parte del Consejo es una muestra de que la ley fue diseñada para servir al Estado y no a la Comunidad.

Recalcó que los representantes de las secretarías responden a la política del presidente de la República, pero no a los problemas del país y eso es peligroso porque en cuanto cambia el titular del poder Ejecutivo, cambian las políticas y no sabemos si en seis, 12 o 18 años con diferentes presidentes va a haber diferentes ejes de prioridad, lo cual hace muy incierta y variable la política científica y no permite inversiones de largo plazo, que es lo que realmente se requiere.

Para el investigador, la nueva ley tendrá consecuencias negativas respecto de la diversidad del conocimiento científico.

Reiteró que, en Brasil, la junta directiva de su consejo de ciencia está integrada sólo por científicos y ellos son los que articulan la agenda de investigación, no los representantes de las secretarías de gobierno.

Lo mismo ocurre en Estados Unidos, donde la Fundación Nacional de Ciencia, que es una de las mayores fuentes de recursos para la investigación en el país no tiene a nadie del gobierno en su junta.

Ahora ni la esperanza de contar con 1% del PIB como presupuesto

Sobre el tema del presupuesto Juan Pablo Pardo-Guerra, manifestó que, para tener un sector de innovación fuerte, son necesarias dos condiciones: el financiamiento, que permitan desarrollar múltiples líneas de investigación, abordajes a problemas complejos y posibilidades de hallazgos.

En ese sentido, llamó la atención en que la nueva ley de ciencia en México eliminó la exigencia, por cierto nunca cumplida, del gobierno de destinar el equivalente a 1% del Producto Interno Bruto (PIB) al sector.

Para imaginar la magnitud del impacto de esa situación explicó que México tiene menos de un treceavo de investigadores por cada 100,000 habitantes de los que tiene Estados Unidos. En México hay 349 y en Estados Unidos 4,821.

Incluso, mencionó que, en Brasil hay muchos más investigadores por cada 100,000 habitantes que en México y eso es algo que no se resuelve solo con becas de posgrado. Lo que se necesitan son plazas, laboratorios, programas dirigidos a comunidades que han sido marginadas en la ciencia mexicana, mujeres, comunidades indígenas, rurales en donde no hay mentes brillantes simplemente porque no hay recursos, no hay apoyo, que es lo que una ley pudo haber establecido.

Recalcó que ni las plazas ni laboratorios ni los equipos ni las becas ni los reactivos ni los salarios de los investigadores están contemplados en la nueva ley.

Además, en esta ley no hay ninguna obligación clara en materia de asignación de presupuesto para la ciencia, mucho menos permanente y de largo plazo que refleje las dimensiones del los retos del sector.

De científicos a consultores del gobierno

Por otra parte, Juan Pablo Pardo-Guerra, dijo que a los Centros Públicos de Investigación como el CIDE, Instituto Mora y El Colegio de la Frontera Norte, la ley los trata como consultores del gobierno pues no tienen voto en las decisiones. Se erosionan derechos de la comunidad científica.

En ese sentido, el reconocido científico, Antonio Lazcano, afirmó que en México los centros públicos de investigación, que representaban una alternativa de difusión del conocimiento en distintas poblaciones mexicanas, ahora, con la nueva ley, “no sabemos qué es lo que va a pasar con ellos”.

Mencionó que, a pesar de polos científicos que hay en Yucatán, Baja California, Veracruz y Cuernavaca, la ciencia en México sigue estando extraordinariamente centralizada.

Asimismo, consideró que “la nueva ley de ciencias está completamente desarticulada, es una especie de collage, donde se impone, al principio legítimamente, un fin que es que la ciencia sea un patrimonio de todos, que sirva para el bien común, pero en el resto de los artículos, no permiten que eso se cumpla. Para mí, la gran ausencia en la ley es el hecho de que no reconoce el ambiente internacional de la ciencia contemporánea”.

Además, llamó la atención sobre lo que llamó el crecimiento de movimientos anticientíficos y recalcó que, curiosamente, en México ahora uno de quienes los encabeza es el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

diego.badillo@eleconomista.mx 

kg