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El miércoles, el Senado definirá el futuro de los cambios a 3de3
Los coordinadores parlamentarios en el Senado acordarán este miércoles la fecha para un nuevo periodo extraordinario en el que revisen la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Los coordinadores parlamentarios en el Senado acordarán este miércoles la fecha para un nuevo periodo extraordinario en el que revisen la Ley General de Responsabilidades Administrativas luego de que el presidente Enrique Peña Nieto planteó eliminar cualquier párrafo que haga referencia a la obligación de presentar y publicar las declaraciones patrimonial, de interés y fiscal de las personas físicas y morales que reciban recursos públicos.
Los senadores tienen tres opciones: aceptar los cambios propuestos por el Ejecutivo federal, no aceptar las modificaciones o proponer una nueva redacción para que los empresarios hagan sus declaraciones pero no los trabajadores de las empresas que contraten con el gobierno ni los beneficiarios sociales, por ejemplo.
Los coordinadores parlamentarios se reunirán además con sus pares de la Cámara de Diputados para revisar agendas, pues ambas cámaras deben aprobar la modificación a los artículos 3 fracción VIII, 4 fracción III, 27 tercer párrafo, 30, 32 inciso b y c, 33, 37, 46, 73 y 81.
Hasta el momento se propone que el extraordinario sea en la primera semana de julio, entre el 5 y el 7 de ese mes.
El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa, anunció que su bancada consulta si se pueden hacer cambios a los artículos que vetó el presidente de la República con el objetivo de que los empresarios que celebran contratos con el gobierno y a partir de montos altos sean los únicos que presenten sus declaraciones.
Con esto se eliminaría de esta obligación a aquellos que reciben recursos públicos con fines académicos, médicos, culturales, de investigación o beneficiarios sociales, dijo.
El viernes pasado, por la mañana, el Senado recibió el oficio de Peña Nieto en el que comunica su veto parcial a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la que más pugna causó en la discusión del paquete anticorrupción.
El Ejecutivo federal presentó una tabla sobre las modificaciones que propone, por artículo.
El Ejecutivo federal a mi cargo considera que la obligación establecida para que los particulares presenten declaraciones de situación patrimonial y conflicto de interés, constituye una intromisión indebida en la esfera jurídica de las personas físicas y morales, particularmente en su esfera privada, pues, si bien es cierto que se persigue un fin legítimo (...) impone una carga desmedida a todos los particulares que reciben recursos públicos... , argumentó la Presidencia de la República.