El perseguidor es perseguido: encarcelan al fiscal que iba contra César Duarte

Lo que inició como una de las investigaciones en materia de corrupción más importantes de la historia de México, por tratarse de una red delictiva encabezada por un gobernador y que derivó en el encarcelamiento del exmandatario de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez, quien tenía fuertes vínculos con el expresidente Enrique Peña Nieto y el PRI nacional y al menos otras 48 personas, así como la vinculación a proceso de la gobernadora actual, María Eugenia Campos Galván, ha dado un vuelco: las investigaciones prácticamente se detuvieron; el exmandatario ha sido absuelto de al menos cinco cargos; se eliminó la vinculación a proceso de la mandataria y el fiscal que encabezó las indagatorias fue encarcelado, acusado de infringir tortura sicológica al menos a un testigo protegido.

Por tratarse de un asunto de relevancia nacional la Fiscalía General de la República decidió ejercer su facultad de atracción para investigar el caso y solicitó a un juez federal conocer del asunto, pero este martes, la jueza de control Hortensia García Rodríguez, se negó a declinar su competencia.

El 12 de septiembre de 2017, el entonces gobernador, Javier Corral Jurado, presentó ante la Procuraduría General de la República 10 denuncias penales en contra del exgobernador César Horacio Duarte Jáquez, por los delitos de peculado y electorales al desviar recursos públicos que fueron a parar al PRI nacional para apoyar campañas electorales.

Ese día, Corral Jurado afirmó que su antecesor y sus cómplices, “a manera de delincuencia organizada, se apoderaron, distrajeron y dispusieron para su beneficio personal de cuantiosos recursos del erario de Chihuahua, mediante el uso de empresas “emergentes” y “fantasmas”.

De acuerdo con la investigación denominada “Operación Justicia para Chihuahua”, encabezada por el exfiscal Francisco González Arredondo, la red encabezada por el Duarte Jáquez, quien gobernó esa entidad del norte del país, de 2010 a 2016, el quebrando a las arcas públicas de Chihuahua, cometido por la red encabezada por el exmandatario supera los 6,000 millones de pesos. Además, lo acusaron de desviar unos 250 millones de pesos para campañas políticas del PRI.

La respuesta a una solicitud de acceso a la información presentada por un ciudadano, refiere que, hasta el 19 de octubre de 2021, es decir, un mes después de que terminara la administración de Corral Jurado, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) había abierto 162 carpetas de investigación por ejercicio ilegal del servicio público, enriquecimiento ilícito, fraude, peculado, peculado agravado, robo, tráfico de influencias, uso indebido de atribuciones y facultades y uno indebido de documentos.

De esas indagatorias, se habían vinculado a proceso 30 expedientes; se habían vinculado a proceso a 75 personas, de las cuales 42 fueron detenidas y se habían logrado 16 sentencias condenatorias.

La hoy gobernadora fue acusada formalmente de recibir dinero de César Duarte

La hoy gobernadora, María Eugenia Campos Galván fue acusada de formar parte de una nómina que tenía el gobernador Duarte, cuando se desempeñaba como diputada local e integrante de la Comisión de Fiscalización.

El coordinador de la investigación, Francisco González Arredondo, la acusó formalmente del delito de cohecho y un juez de control la vinculó a proceso, justo cuando ya era candidata del PAN al gobierno de Chihuahua, al considerar que había elementos para presumir su culpabilidad por haber recibido, durante más de dos años, dinero del gobernador, cuyo monto total ascendió a más de 10 millones de pesos.

Posteriormente, ya cuando había ganado la elección, el magistrado de la tercera sala penal, Juan Carlos Carrasco Borunda, le retiró la vinculación a proceso y ordenó reponer el procedimiento, lo cual no ha ocurrido.

El 8 de julio de 2020, fue detenido en Florida el exgobernador César Horacio Duarte Jáquez, cuando acumulaba ya, al menos, 20 órdenes de aprehensión y fue extraditado el 2 de junio de 2022. Actualmente se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) número1, ubicado en el municipio de Aquiles Serdán.

Hasta diciembre pasado y, de acuerdo con información obtenida por el portal de noticias Sin embargo.com, el mandatario ya habría sido absuelto de cinco de los siete casos administrativos que se le iniciaron.

En tanto, continua un juicio penal en la causa penal 2041/2019 y tiene pendiente dos procesos administrativos.

El exgobernador fue extraditado para que respondiera ante la justicia mexicana por los delitos de desvío de 96 millones de pesos entre 2011 y 2014, asociación delictuosa (peculado).

Francisco González Arredondo pasó de coordinador de las investigaciones, a acusado por quienes acusó 

El 21 de noviembre pasado, el caso de las investigaciones sobre la llamada “Operación Justicia para Chihuahua” dio un vuelco: el perseguidor se volvió perseguido, pues fue detenido el excoordinador de las averiguaciones, Francisco González Arredondo.

La Fiscalía del estado informó que el también exfiscal para la Defensa de los Derechos Humanos, fue detenido, en atención y seguimiento a una denuncia que dio vista la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por el probable delito de tortura contra testigos protegidos.

La acusación que obra en su contra, establece que entre los años 2017 y 2018, cuando se desempeñaba como agente del Ministerio Público, ejerció actos de tortura psicológica en perjuicio de una víctima de identidad reservada identificada solo con sus iniciales: JJBP.

Iker Ibarreche, abogado de González Arredondo, explicó que los hechos concretos que se le atribuyen a su defendido es que los interrogatorios de los exfuncionarios que se habían acogido a un criterio de oportunidad duraban hasta ocho horas; que los citaban varias veces, o que no les permitían ir al baño, pero nunca precisan cuál de esas conductas concretas realizó el exfuncionario.

El abogado dijo que el delito por el que se acusó al exfuncionario no amerita prisión preventiva oficiosa y lo que la jueza de control Hortensia García Rodríguez aplicó fue prisión preventiva justificada, al considerar que como fue funcionario de la Fiscalía podría obstaculizar la investigación, además de que, al estar en libertad, podría ser un riesgo para los denunciantes, aunque nunca justificaron en qué consistían esos riesgos.

En ese sentido, según el exgobernador Javier Corral, los testigos que ahora se dicen víctimas de tortura psicológica, son los mismos que declararon en el juicio oral que se llevó a cabo en contra de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, acusado de participar en el desvío de la secretaría de Educación del estado al PRI, 250 millones de pesos 

Se trata de José Jaime Bustamante Pérez, Ever Eduardo Aguilar, Jesús Olivas Arzate y Miguel Ángel Mezquitic Aguirre; todos ellos exfuncionarios de la Secretaría de Hacienda en la administración de César Duarte.

El exfiscal Francisco González Arredondo fue encarcelado en el Cereso de Aquiles Serdán, donde también se encuentran internados el exgobernador Duarte Jáquez y varios exfuncionarios y empresarios acusados por el exfuncionario de participar en desvío de recursos públicos.

El exgobernador Javier Corral Jurado denunció que la detención del exfiscal forma parte de una venganza personal en contra del funcionario, por parte de la gobernadora, María Eugenia Campos Galván, por haberla denunciado y logrado que la consignaran a proceso.

Lo grave, añadió, es que se está tratando de desmontar la investigación sobre los delitos cometidos por la red de corrupción encabezada por el exgobernador César Horacio Duarte Jáquez.

En su opinión, lo que ocurre es que se está criminalizando la investigación de hechos de corrupción, además, alertó de lo que, dijo, es una estrategia para allanarle el camino hacia la libertad al exgobernador Duarte Jáquez.

“Se trata de desacreditar las investigaciones y desarmar los expedientes tanto de la nómina secreta, como de las 19 órdenes de aprehensión que conforman el caso Duarte, aduciendo que los testimonios fueron manipulados mediante tortura psicológica”.

Por su parte el abogado Iker Ibarreche, explicó que su defendido, Francisco González Arredondo pidió a la fiscalía General de la República (FGR) la atracción del caso; sin embargo, la dependencia decidió ejercer su facultad de atracción, pero por considerar que se trata de un delito de tortura y forma parte de un caso de relevancia social.

En tanto el juez federal de distrito Vladimir Vejar Gómez, aceptó la competencia, por lo que pidió a la juez de control, Hortensia García Rodríguez, entregue la carpeta de investigación.

Ibarreche informó que este martes 17 de enero, la Fiscalía de Justicia del Estado de Chihuahua informó a la jueza su decisión de entregar a carpeta de investigación la FGR, pero la jueza se negó a aceptar la competencia del juez federal, al señalar que la fiscalía federal no justificó su intención de atracción.

Eso generó una situación irregular porque la fiscalía federal ya tiene el expediente y se encargará de la investigación, pero la jueza local no quiso declinar su competencia, para que el juez federal sea quien juzgue.

De mantenerse en esa posición la jueza de control, tendrá que ser un Tribunal Colegiado Federal de Circuito quién decida quién debe juzgar.