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En 13 años, 8,050 personas fueron arraigadas mientras las investigaban
Aunque la medida ha venido en desuso, en la administración de AMLO también se ha aplicado.
En nuestro país, en los últimos 13 años, 8,050 personas han sido arraigadas mientras eran investigadas por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) debido a que se sospechó que cometieron delitos del fuero federal.
El arraigo en México es un tema polémico ya que, por un lado, las autoridades lo requieren para hacer investigaciones, aunque por el otro se ha acusado de excesos en su uso por algunos juzgadores; además de que dicha medida va contra los derechos humanos.
“No detienes a alguien para investigarlo; es violatorio de cualquier principio liberal; por ningún delito, para ninguna persona bajo ninguna circunstancia”, opinó Alejandro Hope, experto en temas de seguridad.
Mediante dos respuestas a solicitudes de información, con número de folio 0001700417220 y 0001700414620, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que entre el 2008 y el 2012, durante el mandato de Felipe Calderón fueron arraigadas 7,101 personas.
En el gobierno de Enrique Peña Nieto, entre el 2013 y el 2018, la FGR tiene registros de que 941 personas recibieron esa medida cautelar.
Para 2019, al inicio de la actual administración, ocho personas fueron sometidas a arraigo, entre ellas Gilda Margarita “A”, madre del exdirector de Pemex, Emilio “L”, acusada de delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero.
En sus respuestas a las solicitudes de información, la FGR indicó que en el 2020 no se ha ejecutado ninguna orden de arraigo. Sin embargo, fue conocido el caso de José Ángel Casarrubias Salgado, el Mochomo, vinculado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que cumplió dos periodos bajo esa figura hasta que la FGR consiguió una orden de aprehensión en su contra.
Lisa Sánchez, directora de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), dijo que en el 2010, en el apogeo del uso del arraigo, el número de personas bajo esa medida por crimen organizado era 10 veces mayor que el de sentenciados por el mismo delito. “La medida se autorizaba bajo la lógica de que arrestar a la gente por periodos largos y sin necesidad de acusación formal permitiría investigar mejor (...) La realidad demostró que no”, dijo.