En 3 años se han duplicado los casos de acoso judicial contra periodistas: Artículo 19

El acoso judicial contra periodistas se ha duplicado en los últimos tres años, lo cual refleja que dicha práctica está siendo empleada de manera indebida y abusiva por figuras públicas, funcionarios y políticos contra la libertad de expresión y de prensa.

Al participar en una conferencia virtual sobre los impactos del acoso judicial, como un mecanismo efectivo para agredir la libertad de prensa en México, Leopoldo Maldonado, representante de Artículo 19 en México, advirtió que entre 2019 y 2021 las demandas por daño moral contra representantes de la prensa se han duplicado en nuestro país, las cuales tienen como fin el inhibir el trabajo de los medios.

El defensor detalló que según cifras de Artículo 19, en 2019 se tenía el registro de al menos 21 procesos judiciales contra periodistas que fueron acusados de daño moral, cifra que se incrementó a 39 para el año 2020 y a 40 para 2021. 

“Se ha duplicado de 2019 a 2021 los procesos abiertos ante autoridades administrativas o judiciales para inhibir el ejercicio periodístico. Las demandas son de índole electoral, penal y también las de índole civil por daño moral con el objetivo de ejercer un desgaste económico y psicológico de las personas demandadas”, subrayó. 

Leopoldo Maldonado también indicó que estos casos se han reproducido y escalado a nivel local, pues destacó los casos de acoso judicial ejercido en el estado de Puebla, donde se registraron 16 de las 39 demandas de daño moral contra periodistas o medios entabladas en 2020, lo cual, dijo, habla de que el discurso virulento si escala a otros niveles, pues siete de esas demandas son contra el medio digital En consulta. 

Sin embargo, ante tales datos, el activista lamentó que en México parece que el enfrentar una demanda de esta naturaleza es un mal menor, ello debido a que la prensa se ve sumergida en otras violencias. 

“Amenazan, secuestran, agreden físicamente, torturan y asesinan a periodistas en México, por lo que se tiene un plexo de acciones que está enfrentando la prensa en este país, que este incremento exponencial de las demandas por daño moral se pierde en este mar de violencia”, lamentó. 

Asimismo, al definirlos como procesos engorrosos, desgastantes, no solamente en lo económico sino en lo psicológico, expertos en la materia coincidieron que el objetivo de las demandas por daño moral no necesariamente es el ganar el proceso, sino lo que se busca es someter o sujetar a un proceso largo al periodista para distraerle de su labor de informar, razón por la que se considera acoso judicial.

"En su mayoría estas demandas provienen de personas funcionarias públicas o personas con proyección pública y es aquí donde el poder judicial debe tomar en cuenta los estándares…  que en caso de personas con proyección pública y con funciones pública hay un impacto de interés  en la información, por lo tanto el umbral de tolerancia a la crítica, incluso en lo que se pueda considerar una injerencia en su intimidad, honor o reputación debe ser mayor a la de cualquier  particular, pero pareciera que en nuestra cultura política autoritaria la ecuación es al revés, a mayor cargo la intolerancia es mayor”, añadió Maldonado.

Por su parte, el periodista y académico, Sergio Aguayo, señaló que litigio entablado por el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira en su contra ha sido una experiencia surrealista, ya que ha podido documentar las ausencias y omisiones del poder federal y una justicia lenta, corrupta y burocrática, al tiempo que el desembolso por este proceso le ha costado casi medio millón de pesos.

“Ha sido una experiencia surrealista pero muy educativa sobre el poder judicial mexicano, porque el exgobernador Moreira se ha empeñado en serio, ha metido una enorme cantidad de recursos supongo, porque tiene abogados caros, los míos son probono a prolongar a desgastar, a buscar castigarme de diferentes maneras con los procesos judiciales en dos niveles, el federal y el estatal”, dijo.

Al tiempo que dijo haber documentado las ausencias y omisiones “del Ejecutivo federal, la CNDH ha estado ausente no solo de mi caso sino de los asuntos periodísticos desde hace tres años, la Feadle de la Segob es un guiñapo burocrático, pasivo, que realmente no hace nada más que molestar con exigencias ridículas”.

En tanto, Enrique Gómez Orozco, director de AM Guanajuato, mencionó que luego de ser demandado, tanto él como su familia, por la alcaldesa de León, Bárbara Botello, “este proceso me ha quitado tiempo y paz mental. Me asusta que cualquier periodista que emite un juicio en una columna de opinión o incluso se equivoque en una nota informativa, corre el riesgo de que lo demanden y los gastos judiciales te quiebran".

En su caso lamentó que este proceso judicial le ha representado un gasto de 250 mil pesos gastos notariales y papelería.

Mientras que el director de Ríodoce, Ismael Bojorquez, consideró que "el propósito de estas demandas es joder el estado de ánimo de las personas demandadas y logran inhibir la libertad que uno necesita como periodista. Yo conozco casos de compañeros que no han publicado cosas porque han sido amenazados con demandas si lo hacen”.