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En publicidad oficial, la Corte hará caminar al tullido Congreso
El gobierno de Enrique Peña Nieto ha gastado hasta la fecha 37,000 millones de pesos en publicidad. En cinco años de administración, la inversión publicitaria experimentó “un incremento constante acompañado de sobreejercicios", destaca un estudio de Fundar.
La Primera Sala de la Suprema Corte aprobó este miércoles con cuatro votos a favor y uno en contra otorgar el amparo a Artículo 19 por la “omisión legislativa” para emitir la legislación secundaria al 134 constitucional. Esta regulación, que deberá aprobarse antes del 30 de abril de 2018, terminaría con la asignación discrecional y arbitraria por parte del gobierno de contratos de publicidad, al tiempo que obligaría a las dependencias a no rebasar los presupuestos aprobados para comunicación social. Como si fuese un pasaje bíblico, la Suprema Corte hará andar al tullido Congreso de la Unión.
Artículo 19, organización que defiende la libertad de expresión y el derecho a la información, presentó en el 2015 un amparo contra la omisión del la Congreso de la Unión de emitir la ley que regule la compra de publicidad oficial. En su demanda, Artículo 19 argumentó que el incumplimiento de lo decretado en el tercero transitorio del artículo 134 constitucional de la reforma de 2014 atenta contra las libertades de expresión, de prensa y de información, pues ante la ausencia de un marco normativo, las autoridades podían asignar publicidad sólo a los medios que se alinearan con los intereses del gobierno.
En México, son varios los medios de comunicación que tienen en la publicidad oficial entre el 40% y 50% de sus ingresos, según indica la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Informar con independencia, contraviniendo el discurso oficial, puede llevarlos a la quiebra si es que la mayor fuente de sus ingresos les fuera cerrada. “La asignación de la publicidad oficial es la herramienta más común para ejercer la censura indirecta y es una parte integral que permite influir o chantajear a los dueños de los medios y a los periodistas”, concluye un estudio de WAN-IFRA y el Center for International Media Assistance (CIMA), titulado Comprando complacencia: Publicidad oficial y censura indirecta en México y publicado en 2014.
La parálisis de tres años del Congreso de la Unión con respecto al diseño de una ley para regular la publicidad oficial en México contrasta con la celeridad con la que ha pasado la Ley Televisa Döring en los cuerpos legislativos. Mientras que en el Senado se presentaron en los últimos años varias iniciativas para crear la ley de regulación de publicidad oficial que nunca llegaron a Comisiones para su debate, la llamada Ley Televisa Döring —que entre otras cosas abre la posibilidad de violentar la prohibición absoluta establecida en el artículo 6 constitucional para presentar como información u opinión lo que en realidad es publicidad— fue aprobada por medio de un albazo en la Cámara de Diputados el 5 de abril pasado, y aprobada en un proceso fast-track en Comisiones del Senado el 26 de octubre.
Impulsada por la “telebancada” —legisladores que representan en su mayoría los intereses de las dos mayores televisoras en el país—, la Ley Televisa Döring representa, a decir de los analistas, una contrarreforma en materia de telecomunicaciones, para reducir las facultades del IFT para regular tanto en materia de derechos de audiencias como para vigilar la prohibición expresa de transmitir publicidad o propaganda presentada como información.
El gobierno de Enrique Peña Nieto ha gastado hasta la fecha 37,000 millones de pesos en publicidad. En cinco años de administración, la inversión publicitaria experimentó “un incremento constante acompañado de sobreejercicios importantes en un periodo en donde han existido recortes al presupuesto en sectores como salud, desarrollo social y medio ambiente”, de acuerdo con un estudio de la organización Fundar, titulado Contar “lo bueno” cuesta mucho. El gasto en publicidad oficial del gobierno federal de 2013 a 2016. Según los datos del estudio, en el periodo que va del 2013 al 2016 las compañías televisivas se beneficiaron con 35.04% del gasto total del gobierno en publicidad en ese periodo. Le siguieron las compañías radiofónicas, con 19.14%, y los medios impresos con 16.97% del gasto.
De todo lo gastado en el periodo de cuatro años, seis proveedores recibieron 38.81% del gasto total de publicidad oficial. Estos beneficiarios fueron Grupo Televisa (17.07%), TV Azteca (9.87%), Estudios Churubusco (3.34%), la agencia de publicidad Starcom Worlwide (3.15%) –que hospeda al Consejo de Promoción Turística como uno de sus clientes–, El Universal (2.69%), y Grupo Radio Fórmula (2.69%). Una concentración del gasto del presupuesto para el rubro muy alta.
El otro problema es el gasto en sí. El gobierno de Peña Nieto ha rebasado sistemáticamente los presupuestos aprobados cada año para el gasto en publicidad oficial.
El sobreejercicio en el presupuesto del 2013 muestra que la variación entre el presupuesto ejercido respecto del aprobado fue de casi 50%; para 2014, de 35%; para 2015 de 80%. En el 2016 la variación alcanzó 133.58%, más de dos veces lo aprobado. En total, durante el periodo que va del 2013 al 2016, el gobierno federal ha rebasado 71.86% el presupuesto aprobado, lo que representa 15,162 millones de pesos de sobeejercicio.
El estudio de Fundar repara en el caso de la contratación de publicidad por internet. En el periodo 2013-2016, la asignación de publicidad oficial para este medio osciló entre 5% y 7% del total del gasto, no obstante la gran penetración que goza en la actualidad. La razón de estos bajos porcentajes, explica Fundar, es que la partida 36601 “Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet” no se reporta en la base en los datos del Sistema de Comunicación Social (ComSoc), plataforma de transparencia de información del gasto en publicidad oficial de la Secretaría de la Función Pública. Este dato evidencía la la falta de transparencia con la que se maneja el gasto en publicidad por parte del gobierno ante la falta de la regulación.
La resolución de los magistrados de la SCJN a favor de Artículo 19 obró el milagro, como hicieran los apóstoles Pedro y Juan, de hacer andar al tullido Congreso de la Unión. Acción menos mística que la del pasaje bíblico: poner en evidencia que el tullido sólo fingía, que goza del uso cabal de sus piernas, pero que ha visto la cara a muchos con su farsa.