Implementan Sistema de Justicia Penal, aún con deficiencias

El sábado pasado desapareció legalmente Secretaría la Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec).

En su libro blanco, la Setec dijo que "en virtud de que el mandato constitucional para la existencia de la Setec es perentorio, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública fungirá como enlace operativo del Poder Ejecutivo federal e integrante de la instancia tripartita coordinadora de la consolidación del Sistema de Justicia Penal, a partir del 15 de octubre del 2016".

Cabe destacar que, por su parte, la Cámara de Diputados creó que subcomisión al interior de la Comisión de Justicia que también dará seguimiento a la implementación de la reforma. Asimismo, en el Poder Judicial de la Federación también fue creado un grupo de trabajo para dar seguimiento.

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El viernes pasado, durante su comparecencia ante comisiones de la Cámara Baja, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reconoció ante los legisladores que ha habido deficiencias desde que se implementó en junio pasado la reforma, por lo que llamó a los diputados a plantear los cambios necesarios a efecto de que el sistema de justicia funcione de mejor manera.

Argumentó que Chile tardó 12 años para consolidar el sistema de justicia, pero México añadió no debe esperar tanto tiempo, por lo que demandó la colaboración de los gobiernos estatales en la mejorar de los servicios periciales y de investigación científica.

Afirmó que desde el 2008 se han destinado 21,000 millones de pesos para implementar la reforma de justicia penal, y se han capacitado a 240.000 policias. Aseveró que antes se requerían 185 días para un proceso penal, y ahora sólo 30 días. Añadió que antes un proceso costaba 30,000 pesos, y ahora sólo 1,500 pesos.

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En una de esas deficiencias detectadas, el diputado federal Waldo Fernández (PRD) afirmó que los abogados de oficio que ordena el sistema, no son suficientes para atender la alta demanda en todo el país. Por ello, promueve una iniciativa de reforma a Ley de Defensoría Pública, para permitir la con contratación de abogados pasantes, siempre y cuando hayan aprobado el examen de conocimiento que aplica el Instituto de la Defensoría Pública.

Argumentó que en el país existen 250,000 estudiantes aún no graduado en la licenciatura de derecho que pueden cubrir esa necesidad actual del nuevo sistema de justicia penal.

Por su parte, el presidente de la Red Nacional de Juicios Orales, Martín Carlos Sánchez Bocanegra, recordó que la Setec tenía ingresos presupuestales anuales por 2,000 millones de pesos, en promedio, los cuales ahora se dejarían de percibir por parte de los gobiernos de los estados para capacitar a policías y ministerios públicos, adquirir tecnologías informáticas y construir salas de juicio oral, entre otros.

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Por ese motivo, hizo un llamado a los gobiernos de los estados a no bajar la guardia en la implementación de la reforma, y a las instituciones encargadas de dar seguimiento, a que revisen el trabajo de los 31 gobiernos estatales y de la Ciudad de México.

Hay algunos Gobernadores que sí tienen esa posición (incumplir la implementación). Gobiernos que han nombrado procuradores sin experiencia en el nuevo sistema y que no saben cuáles son los beneficios para la sociedad, o que están acostumbrados a funcionar con las malas prácticas del viejo sistema. Son gobernadores que hacen su capital político de prometer seguridad y mano dura y terminan siendo corruptos. Creo que sí deberíamos de tener compromisos de estos Gobernadores pidiéndoles un nuevo compromiso político , afirmó.

jmonroy@eleconomista.com.mx