Inai insta a la UIF a entregar a El Economista datos de denuncias contra expresidentes y AMLO

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) instó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que entregue a El Economista el número de denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República por delitos relacionados con corrupción y que involucren a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, así como el actual mandatario Andrés Manuel López Obrador.

El Economista solicitó a la UIF que entregara información sobre el número de denuncias que ha presentado ante la FGR por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo desglosada por nombre de expresidente, fecha y las posibles averiguaciones abiertas y cerradas derivadas de las denuncias.

En respuesta la UIF dijo a este diario que no podía entregar dicha información ya que en caso de divulgarla se afectaría el derecho al honor de los extitulares del Ejecutivo federal, así como del presidente López Obrador.

“Se informa al particular que esta Unidad Administrativa se encuentra jurídicamente imposibilitada para emitir pronunciamiento alguno sobre la existencia o inexistencia de documentos relacionados con personas físicas y/o morales, recibidos o generados por la UIF”, indicó.

La UIF añadió que “exponer la información que contiene datos de personas físicas o morales identificadas o identificables, podría afectar su honor".

En su respuesta el órgano, actualmente al mando de Pablo Gómez, citó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido una tesis sobre cómo se debe entender el concepto de honor y la cual precisa que “el honor es lesionado por todo aquello que afecta la reputación que la persona merece, es decir, el derecho a que otros no condicionen negativamente la opinión que los demás hayan de formarse de nosotros”.

Ante esta respuesta con folio: 0000600281721, El Economista solicitó un recurso de revisión ante el Inai.

En la sesión del pleno de este miércoles, 12 de enero, el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas presentó el proyecto de resolución RRA11523/21, en el cual expuso que “este asunto fue escogido porque representa uno de tantos casos en los que se siguen pidiendo, porque es natural, más bien, reclamando, informaciones que rondan un aspecto que puede resultar o decirlo, resulta complejo en cuanto a la integridad de las personas, en estos casos, exfuncionarios y algunos funcionarios en turno”.

Acuña Llamas precisó en ese contexto que si bien existe el derecho de confidencialidad en investigaciones, al tratarse de expresidentes y el actual mandatario mexicano se pueden hacer excepciones como parte de la rendición de cuentas.

“¿Por qué en el caso de exfuncionarios o de funcionarios de altísimo nivel cabe una excepción a lo que ya decíamos, puede ser la regla de la confidencialidad? Bueno, porque acá se antepone también el bien principal que es naturalmente el de la rendición de cuentas (…) se trata de situaciones que de ser ciertas y estar evidentemente comprobadas o existir, sí tendrían que ser reveladas en las modalidades que ya dijimos, cuidando, desde luego, los puntos en los que se pudiera exponer, porque naturalmente para estos se debe hacer y se hace una prueba de interés público que determina, naturalmente, que en estos casos es viable hacerlo, ¿no?, ya dijimos por qué, por la trascendencia de estas figuras”, sostuvo.

Por su parte, la comisionada presidenta del Inai, Blanca Lilia Ibarra Cadena, indicó que el abrir al escrutinio público información relacionada con funcionarios de alto nivel es algo que el pleno del órgano autónomo ha impulsado desde hace tiempo.

“Se inserta en un conjunto de determinaciones que el pleno de este Instituto ha venido emitiendo a lo largo de los años en las que se ha pugnado por la apertura de la información, relacionada con investigaciones abiertas respecto de personas servidoras públicas de alto nivel, y también de representantes de elección popular, en las que a través de la aplicación test de proporcionalidad sea superado la confidencialidad”, comentó.

Tras notificarse a la UIF la resolución del Inai, dicha institución tiene 15 días hábiles para entregar la información a El Economista.