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Instan a abrir contratos de Pegasus
El pleno de la SCJN confirmó por nueve votos contra dos el sentido de dos resoluciones del Inai por las que desde noviembre de 2021 ordenó a la SHCP entregar información relacionada con el procedimiento de contratación del software de espionaje telefónico Pegasus.
Foto EE: Ilustración Nayelly Tenorio
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó por nueve votos contra dos el sentido de dos resoluciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) por las que desde noviembre de 2021 ordenó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregar información relacionada con el procedimiento de contratación del software de espionaje telefónico Pegasus.
Bajo la ponencia de Alberto Pérez Dayán se resolvió que el sujeto obligado debe entregar al solicitante, tal como ordenó en su momento el ente autónomo, la versión pública de la información sobre la referida contratación a partir de los Reportes de Operaciones que presentan las Entidades Financieras y los Avisos de quienes realizan Actividades Vulnerables, diagnósticos y del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios.
Del estudio integral de la resolución reclamada, explicó el ministro instructor del caso, se desprende que la información que el sujeto obligado debe entregar es la relativa a las contrataciones del software Pegasus llevadas a cabo en 2014, 2015, 2016 y 2017 a que hizo referencia el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en la conferencia de prensa del Ejecutivo federal el 21 julio de 2021.
Los proyectos de Pérez Dayán fueron aprobados con los votos de Alfredo Gutiérrez, Juan Luis González, Yasmín Esquivel, Luis María Aguilar, Jorge Pardo, Margarita Ríos, Javier Laynez y Norma Piña, presidenta del máximo tribunal constitucional, y el suyo; Loretta Ortiz y Lenia Batres votaron en contra.
Mediante sentencia se estableció que los recursos de revisión en materia de seguridad nacional promovidos por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal en contra de las resoluciones del Inai emitidas el 10 y 17 de noviembre de 2021 son procedentes pero infundadas.