Inversionistas extranjeros miran la iniciativa de reforma Judicial y se rascan la cabeza: Juan Francisco Torres Landa Ruffo

Los inversionistas internacionales que analizan la posibilidad de invertir en México en estos momentos, se rascan la cabeza y se preguntan: ¿Qué es lo que está haciendo este país? Tienen todo para convertirse en un sitio atractivo para la inversión, pero lo están pateando todo.

Así expone Juan Francisco Torres Landa Ruffo, socio del bufette Hogan Lovells, dedicado a asesorar empresas para su establecimiento en México, lo que desde su percepción pasa con los empresarios de compañías internacionales que buscan información sobre el paquete de reformas enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión y la expectativa que hay sobre el reparto de curules para la legislatura federal, luego de la elección del 2 de junio pasado.

En entrevista, refiere que los dueños y ejecutivos de empresas internacionales dicen de los mexicanos:

“Tienen la posición geográfica más importante del mundo; la oportunidad económica más importante de los últimos tiempos, con la relocalización de empresas interesadas en formar parte de las cadenas de suministro al mercado de Estados Unidos; la salida a los dos océanos más grandes; tratados comerciales y la posibilidad de integrarse de una manera mucho más amplia al mercado norteamericano y todas las características posibles para ser una potencia en materia energética”; sin embargo, “están haciendo todo lo contrario a lo que se necesita para ser atractivo para la inversión; no quieren energía, están invirtiendo en donde no se debe; están generando incertidumbre. En pocas palabras, están pateando la inversión”.

El consultor expone que es difícil decirles a sus clientes extranjeros lo que hoy está ocurriendo con cambios en las instituciones como la que representa la iniciativa de reforma al Poder Judicial que se dictamina ya en el Congreso. “Su impresión es que estamos desperdiciando todo, de una manera abrupta e irracional”.

En ese sentido, remarca que es necesario tener claro que México es un país con enormes carencias y deudas sociales enormes, y que deben enfrentarse generando las condiciones para la inversión, generación de empleo y crecimiento. No obstante, es necesario tener presente que iniciativas como la reforma al poder Judicial y la forma en que se aprestan a realizar la distribución de diputaciones y senadurías plurinominales que generará una sobre representación de Morena y sus aliados en el Congreso, es posible que se puedan generar condiciones económicas adversas.

El también consejero nacional de la organización civil UNE, menciona que con esta reforma, México no va a caminar mucho tiempo, sobre todo si el país cae en una crisis financiera porque no da certidumbre, porque destruye la independencia judicial.

Dictamen de reforma judicial, una simulación, afirma

Torres Landa Ruffo dice que en el caso concreto del proyecto de dictamen de la reforma judicial que ha hecho circular la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y que, en teoría, contienen las observaciones hechas durante los foros para la discusión de la iniciativa presentada por el presidente, López Obrador, se trata de un engaño y una simulación.

“Los foros fueron simplemente una forma de adornar o ponerle una envoltura al capricho del titular del poder Ejecutivo. No se buscó trascender las ideas originales, la mayoría de los cambios son incluso peores”, subraya.

Para el también activista, lo delicado es que, en el fondo, se trata de una venganza del presidente, López Obrador, contra de los jueces que echaron abajo decisiones, cuando fueron presentadas en forma de acciones de inconstitucionalidad u otros recursos, por parte de personas que vieron afectados sus derechos con determinaciones del mandatario.

Concretamente, asegura que se trata de un retroceso la intención de quitar a los jueces, magistrados y ministros actuales y elegir por voto directo a los que los sustituyan.

“De aprobarse la iniciativa en los términos en que se plantea, “regresaríamos a la legislación que nos gobernaba hace más de 60 años. De ese tamaño es el retroceso”.

Recalca que la elección popular de las personas juzgadoras es un despropósito total, porque los jueces se dedican a resolver controversias, no a defender mayorías y menos a ver qué es lo que quiere el electorado. Eso es totalmente contrario al espíritu y la naturaleza de un juez”.

Por otra parte, considera que, si bien, modificar la forma en que actualmente funciona el Consejo de la Judicatura Federal es una buena idea, el aterrizaje que se le da en la iniciativa en cuestión es malo porque se pretende eliminar y en su lugar instalar un Tribunal de Disciplina Judicial, que, tal como está planteado, será un órgano de censura.

“Lo que perseguirá será revisar si hay jueces y magistrados o ministros que se aparten de la línea oficialista o de lo que considera el gobierno es el interés público. Los jueces que se aparten de eso pueden ser sancionados, separados o incluso perseguidos penalmente”.

Por otra parte, en su opinión será una mala decisión eliminar las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues dejar que solo sea el pleno quien resuelva va a generar rezagos y, por lo tanto, retrasos en la impartición de justicia.

También cuestiona que el presidente López Obrador minimice las afectaciones en sus derechos laborales a las personas juzgadoras y, en general a los trabajadores del poder judicial, si se implementa la reforma como está en el proyecto de dictamen hasta ahora.

Por otra parte, remarca que cuando López Obrador y los legisladores de Morena y sus aliados aseguran que se respetará la carrera judicial, lo que no entienden es que como funciona hoy, es un mecanismo de movilidad social que propicia la superación profesional y, por lo tanto, la preparación de los trabajadores del poder Judicial.

“Estamos viviendo tiempos raros, lo delicado es que los mercados no ven con entusiasmo y el próximo sexenio puede arrancar con una enorme crisis y marcada incertidumbre, por una reforma, así como se quiere realizar no se necesita y que simplemente responde al arrebato del presidente saliente”, abunda.

diego.badillo@eleconomista.mx