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Ley protegería desobediencia militar en casos de tortura
En el Senado tienen listo el proyecto de ley contra la tortura; por primera vez plantea la desobediencia militar a órdenes de tortura.
Los senadores tienen listo el proyecto de ley contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que por primera vez abre la puerta para que los soldados y marinos desobedezcan las órdenes de un superior en caso de que se les pida torturar a una persona; además, se prevén hasta 30 años de prisión para los funcionarios que incurran en estos delitos y hasta 18 años de cárcel para los particulares.
Las órdenes de los superiores jerárquicos de cometer tortura son manifiestamente ilícitas y los subordinados tienen el deber de desobedecerlas y denunciarlas , precisa el proyecto.
Los legisladores aceptaron el principio internacional de que no se considerará tortura ni tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, las penas o sufrimientos físicos o psicológicos que sean únicamente consecuencia de medidas legales impuestas por la autoridad competente o las inherentes a éstas, o de las derivadas del uso legítimo de la fuerza conforme (...) la legislación aplicable .
Pero modificaron la iniciativa del presidente Peña Nieto, entre otros aspectos, para que no haya dos tipos penales, uno para tortura y otro para tratos y penas crueles, sino que los ilícitos se tipifiquen por igual.
Se pondrá pena de 10 a 20 años de prisión a los funcionarios que incurran en estos delitos y se podrá aumentar hasta en una mitad hasta 30 años cuando la víctima sea menor, mujer, embarazada, adulto mayor, tenga alguna discapacidad, así como periodista o defensor de derechos humanos.
También se agravará la pena cuando los sujetos activos sean o hayan sido miembros de corporaciones policiacas, fuerzas armadas o funcionarios del sistema penitenciario o de procuración de justicia o cuando la víctima sea sometida a cualquier violencia sexual. Los acusados tendrán penas de cuatro a 12 años de prisión y las agravantes podrán aumentar su pena hasta en una mitad hasta 18 años.
Estos delitos serán imprescriptibles y no procederá la libertad condicionada o anticipada para los sentenciados.
Los servidores públicos que tengan conocimiento de la comisión de alguno de estos ilícitos deben denunciar o podrán ser encarcelados de cuatro a siete años. La pena será de tres a seis años de prisión para quien injustificadamente impida el acceso inmediato a los lugares de privación de la libertad para la investigación.