México mantiene alarmante violencia: ONU

El relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de la ONU, Christof ­Heyns, alertó que México continúa experimentando niveles alarmantes de violencia.

Derivado de las 102,696 ejecuciones u homicidios dolosos cometidos en la pasada administración, de las cuales 70,000 están relacionadas con el crimen organizado, el relator realizó 31 recomendaciones al gobierno federal.

Recordó que, al inicio de la administración del expresidente Felipe Calderón, se comenzó a desplegar a elementos castrenses en diversos estados del país para hacer enfrentar a los cárteles de la droga. En este contexto, dijo, se suscitó un gran número de ejecuciones extrajudiciales a manos de las fuerzas de seguridad, así como de los criminales.

Por lo anterior, Heyns dijo que se deben adoptar en el corto plazo las medidas necesarias para que la seguridad pública sea garantizada por autoridades civiles y no por Fuerzas Armadas; que se reforme el Código de Justicia Militar para garantizar que todas las violaciones a los derechos humanos presuntamente perpetradas por militares sean plenamente investigadas, perseguidas y juzgadas por autoridades civiles; garantizar que la anunciada gendarmería nacional, propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto, sea creada por ley y entrenada propiamente para realizar tareas de seguridad pública, de acuerdo con estándares internacionales de derechos humanos, y que sea sometida a medidas efectivas de rendición de cuentas, y dirigida por personal civil que no tenga antecedentes militares.

Asimismo, recomendó al gobierno federal acelerar la implementación del nuevo sistema de justicia acusatorio y convertir a las procuradurías de justicia en órganos autónomos de los Poderes Ejecutivos.

Otro aspecto en el que el relator puso énfasis fue el nivel de impunidad que existe en el país, ya que sólo entre 1 y 2% de los delitos es condenado; por ello, solicitó a la autoridad reforzar los mecanismos de investigación y terminar con la corrupción e involucrados de funcionarios con el crimen organizado, así como luchar contra la intimidación o amenazas a algunos impartidores de justicia.

Otra recomendación es la creación del Instituto Nacional de Ciencias Forenses autónomo, que participe en los procesos judiciales federales y estatales, y que cuente con una adecuada infraestructura, suficiencia presupuestaria, recursos humanos y protocolos estandarizados.

Crear y aprobar una ley general sobre el uso de la fuerza, aplicable a elementos de seguridad federal, estatal y municipal; reformar la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada para incluir el homicidio como uno de los crímenes susceptibles a ser relacionado con la actividad criminal organizada.

Finalmente, se solicitó a la Federación garantizar una efectiva, pronta e imparcial investigación de los homicidios realizados contra personas vulnerables, como mujeres, migrantes, periodistas, defensores de los derechos humanos, niños, personas privadas de la libertad y la comunidad lésbico-gay.

Hay un conocimiento de cuáles son los retos, pero también hay un conocimiento de cuáles son las soluciones. No hay una varita mágica, no puede haber una solución y un cambio de un día para otro , reconoció.

Aseguró que en el país existe la compresión muy clara de que la estrategia militar no funciona y que la solución de largo plazo implica un fortalecimiento de los sistemas de aplicación de la ley, pero éste, reiteró el relator, debe ser de acuerdo con las normas internacionales y mediante el fortalecimiento de la participación de la sociedad civil.

veronica.macias@eleconomista.mx