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Política

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México y sus rezagos en DH para menores de edad en prisiones

En el 2015, el Comité de Derechos Humanos de la ONU instó al Estado mexicano a que fortaleciera las medidas para prevenir la violencia contra adolescentes en reclusión.

En la última década, organismos internacionales de derechos humanos han recomendado a México mejorar las condiciones en los centros de reclusión y asegurarse que los derechos fundamentales se garanticen al interior de estas instalaciones; sin embargo, registros electrónicos de la plataforma Recomendaciones Internacionales a México en Materia de Derechos Humanos , dan cuenta que varios rezagos en la materia.

En 1999 el Comité de los Derechos del Niño había recomendado a México asegurar el mejoramiento de las condiciones de los menores que viven en cárceles y centros de detención.

Hacia el 2002, en el Informe del entonces relator especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Dato’Param Coomaraswamy, indicó que en lo que respecta al acceso de los abogados a sus clientes detenidos en las comisarías de policía y en las cárceles, debían señalarse a la atención de las autoridades encargadas de estos establecimientos las disposiciones constitucionales que protegen los derechos de los detenidos y los principios 5 a 8 de los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados.

Asimismo era necesario hacer un llamado a las autoridades para que respeten y cumplan esas normas. También recomendó dejar de ejercitar acciones judiciales en cárceles de máxima seguridad.

En el 2012, el Comité Contra la Tortura durante sus observaciones finales de los informes periódicos quinto y sexto combinados de México sugirió al Estado mexicano profundizar en sus esfuerzos para aliviar el hacinamiento en las cárceles y otros centros de detención, en particular incorporando penas alternativas a la privación de libertad, conforme a lo dispuesto en las Reglas Mínimas de la ONU sobre medidas no privativas de la libertad.

El Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal informó en el 2013 al Consejo de Derechos Humanos que habría sugerido a México examinar y evaluar cómo se garantizan en las cárceles los derechos de las personas con discapacidad, incluida la discapacidad mental, y establecer un programa de formación integral para el personal encargado de hacer cumplir la ley y el personal penitenciario.

En el 2015, el Comité de Derechos Humanos de la ONU instó al Estado parte a que fortaleciera las medidas para prevenir la violencia contra los adolescentes en reclusión, entre otras cosas poniendo a disposición mecanismos de denuncia amigables y adecuados para adolescentes en los centros de internamiento y garantizando la supervisión regular de dichos centros.

En las observaciones finales de los informes periódicos, recomendó asegurar el acceso a la justicia a niñas y niños víctimas, incluyendo el establecimiento de servicios especializados dentro de las oficinas de la PGR, facilitando mecanismos de denuncia confidenciales y amigables con niños en instituciones, escuelas, centros de detención, hospitales y otros, proveyendo apoyo legal, enjuiciando a los presuntos autores y rehabilitando y compensando a niñas y niños víctimas.

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