No tengo un plan B; regresaré al INE: Edmundo Jacobo Molina

Edmundo Jacobo Molina, destituido como secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), tras la entrada en vigor de la reforma electoral, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó que no tiene un “plan B” ya que confió en que el poder Judicial lo restituirá.

“Yo no tengo otro ‘plan B’. Estoy en el Instituto Nacional Electoral no solamente porque es mi trabajo, sino porque es mi convicción, es una causa, es la causa de la democracia por la que he luchado por muchos años”, aseveró.

Ante los señalamientos del presidente López Obrador, quien lo acusó de pretender un empleo “vitalicio”, Edmundo Jacobo dijo a El Economista que es un demócrata y respetar los comentarios del presidente.

Demandó y confió en que el presidente no influirá en la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), donde radican los múltiples juicios de amparo, controversias y acciones de inconstitucionalidad, así como juicios de derechos contra la reforma electoral, conocida también como “plan B”. 

¿Qué acciones legales emprenderá? 

Yo interpuse (el jueves pasado) dos recursos legales: uno, ante el TEPJF, un recurso de un juicio de derechos ciudadanos, para combatir la inconstitucionalidad de un transitorio de la reforma electoral mediante el cual se me destituyó del cargo.

Y el otro recurso que interpuse es ante la justicia administrativa federal también solicitando un amparo ante esa situación. En los dos casos espero pronta respuesta ante lo evidentemente claro de la inconstitucionalidad a través de la cual se me destituye.

Para poner un ejemplo, la ley entró en vigor hoy (viernes 3 de marzo), como generalmente sucede cuando se publica en el Diario Oficial alguna reforma constitucional o legal y se dice con toda claridad que entrará en vigor al día siguiente de su publicación. En mi caso ni siquiera me dieron esa salvedad, me destituyeron en el mismo momento que se publica, cuando aún la ley ni siquiera había entrado en vigor, sólo por hablar de una de tantas irregularidades en técnica legislativa que estoy combatiendo.

¿Quisiera encabezar la causa de los trabajadores cuyo empleo también está en riesgo?

No, creo que esa tarea corresponde a cada persona, a cada trabajador del INE. Se les ha dado la información, saben las consecuencias (de la reforma) y es una decisión personalísima de cada uno que considere que sus derechos laborales están siendo vulnerados con esta reforma, e interponga el recurso que considere pertinente, pero esa es una decisión estrictamente personal.

¿Qué alternativas jurídicas tiene un trabajador del INE que corre riesgo de ser despedido?

También solicitar ante la justicia federal administrativa un amparo ante el eventual despido y también pueden acudir al TEPJF. En el INE tenemos un régimen laboral especial, y los temas laborales los ve la justicia laboral, no la justicia laboral federal, entonces pueden acudir los trabajadores que se sienten afectados al tribunal para que se pronuncie en la materia. (…) Si alguien quiere, con los recursos que se han anunciado, agregar algo que tiene que ver con mi caso, adelante, conmigo cuentan como ciudadano. 

¿Cuál es su llamado al Poder Judicial de la Federación?

Esas son las reglas del juego en un país democrático, lo que hay son equilibrios y división de poderes, y el poder Judicial tiene atribuciones, y si estamos acudiendo a él es porque es la última instancia para hacer la interpretación de la Constitución y fallar en consecuencia. Yo soy un demócrata, y creo firmemente en el Estado de Derecho, estoy confiado en que la Corte fallará, y lo que falle lo tenemos que respetar”.

¿Cuál cree que sea el riesgo más grande con el “plan B”?

Solo una de las más sensibles: al cercenar, al mutilar los aparatos administrativos del INE que se han venido construyendo desde el IFE autónomo desde hace 30 años, como es el Servicio Profesional Electoral Nacional, integrado por más de 2,700 funcionarios que son profesionales, y lo que hace el ‘plan B’ es desaparecer al 84.7% de ese funcionariado que ha llegado a sus cargos por su esfuerzo en concursos y exámenes muy rigurosos.

Ese funcionariado que nos da certeza en las elecciones es el que se pretende eliminar para ser sustituido cuando no hay elecciones por personal temporal, que no tendrá la capacitación, la experiencia, y sobre todo la vista de que sea imparcial como sí lo es ahora, y entonces corremos el riesgo de que el voto de nuestros vecinos, vecinas, sea contado escrupulosamente como se ha venido haciendo.

jorge.monroy@eleconomista.mx