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ONU pide investigación independiente de caso Acteal
El representante Alberto Brunori sostuvo que la resolución de la SCJN demuestra que la masacre de 45 indígenas en 1997 no se indagó adecuadamente.
Acteal.- El representante de la oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Alberto Brunori, pidió una investigación independiente para esclarecer la muerte de 45 indígenas en 1997 en este poblado.
Además, el funcionario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitó a las autoridades garantizar a los familiares de las víctimas el derecho a la verdad, la justicia y la reparación del daño.
En conferencia de prensa, realizada en la capilla levantada sobre las dos tumbas que guardan los restos de los asesinados el 22 de diciembre de 1997, y al referirse al resolutivo de la SCJN que liberó a 20 de los sentenciados por estos hechos, presumió que lo ocurrido no se indagó adecuadamente desde entonces.
Desde ese momento se generó el riesgo de que el caso quede impune, agregó sobre el tema el representante de la ONU.
Ante cientos de indígenas que lo acompañaron, Alberto Brunori también mostró su preocupación porque a casi 12 años del multihomicidio aún no se ha hecho justicia.
'Habiendo escuchado los relatos, viendo las imágenes de los asesinados y tomando contacto de la actual situación, me cuesta trabajo entender que después de 12 años la justicia no haya llegado plenamente a Acteal', comentó.
Recordó que la Oficina del Alto Comisionado, en su informe de la situación de los Derechos Humanos en México en 2003, comentó que el asesinato múltiple, perpetrado por personas con armas de alto poder, era el incidente más dramático en el conflicto de Chiapas.
Invitado a Acteal por la agrupación las 'Abejas de Chenalhó', integrada por familiares de los asesinados, a fin de que escuchara sus testimonios, señaló que al no haberse aclarado el crimen hasta ahora, esa situación comentada en 2003 'permanece vigente'.
A su vez, los anfitriones de 'Las Abejas' solicitaron su intervención para que el caso sea llevado a instancias internacionales de Derechos Humanos y de impartición de justicia, según informó el vocero de los indígenas, Sebastián Pérez.
Brunori sostuvo también que el resolutivo de la Supremo Corte de Justicia de la Nación (SCJN) demuestra que no hubo una buena investigación y que, por lo tanto, no se garantizó una buena justicia.
Agregó que una de las consecuencias de que las autoridades hayan violentado derechos procesales, que son indispensables y que derivaron en el resolutivo de la SCJN, es el riesgo de que lo ocurrido quede impune.
En este sentido, señaló que diversos instrumentos internacionales reconocen que para combatir la impunidad, los Estados deben garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación de los daños.
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