Lectura 2:00 min
PRD argumenta daño al federalismo
La reforma en materia de seguridad, promovida por el presidente de la República, lesiona el sistema federalista porque atenta contra las facultades de los congresos estatales, debilita gravemente al municipio y fortalece innecesariamente a los gobernadores, afirmó Miguel Alonso Raya.
La reforma en materia de seguridad, promovida por el presidente de la República, lesiona el sistema federalista porque atenta contra las facultades de los congresos estatales, debilita gravemente al municipio y fortalece innecesariamente a los gobernadores, afirmó Miguel Alonso Raya.
La iniciativa presidencial, a discusión en el Senado, para atender la emergencia de los problemas de inseguridad, no resuelve de fondo el problema, y puede ser que en algunos casos lo agrave, consideró el coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados.
El hecho de que los municipios ya no formen parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública es un despropósito, completó.
La propuesta de emitir reglas y no leyes para determinar los modos de actuación y uso legítimo de la fuerza, amplió el guanajuatense, contravienen la reforma constitucional en materia de derechos humanos concretada en el 2011.
Esta situación reforzaría de manera innecesaria a los gobernadores y debilita gravemente al municipio. Consideramos que si ya se habla de cacicazgos y liderazgos carismáticos de los gobernadores en sus estados, estas disposiciones constitucionales vendrán, inevitablemente, a fortalecerlos , dijo.
Desde su óptica, la propuesta presidencial no aporta elementos nuevos de prevención y puede constituir un grave peligro para las libertades adquiridas en algunos estados progresistas, como el Distrito Federal.
La reforma al artículo 73, fracción XXI, incisos b) y c), aun y cuando no se dice claramente, se habla de una legislación penal única. Es decir, un código penal único y una ley de justicia para adolescentes única, lo cual forma parte de una añeja discusión en que la izquierda se ha posicionado para no admitirla debido a que esta situación eliminaría, de facto, algunas de las libertades conquistadas desde los ámbitos locales, como por ejemplo, la despenalización del trabajo sexual y el aborto, en el caso de la ciudad de México .
A los diputados perredistas les preocupa además la eventual desaparición de municipios, puesto que sería el Fiscal General de la República quien determine si existe o no infiltración del crimen organizado en la administración o ejecución de servicios públicos municipales, y el titular de la Secretaría de Gobernación quien solicite al Senado su aprobación para asumir las funciones correspondientes.