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Pacto de silencio en instituciones, un obstáculo aún por superar en caso Ayotzinapa: Segob
A tres años del reinicio de investigaciones sobre el caso Ayotzinapa, el desafío es “continuar con la ruptura de pactos de silencio tanto al interior de las instituciones, como con personajes clave que pueden abonar al esclarecimiento de los hechos y paradero de los estudiantes desaparecidos.
A tres años del reinicio de investigaciones sobre el caso Ayotzinapa, el desafío es “continuar con la ruptura de pactos de silencio tanto al interior de las instituciones, como con personajes clave que pueden abonar al esclarecimiento de los hechos y paradero de los estudiantes desaparecidos. Lo que implica que se establezcan líneas de colaboración y seguridad de los mismos”, respondió Adán Augusto López Hernández.
El secretario de Gobernación contestó por escrito, tal como ofreció durante su comparecencia del pasado 29 de septiembre ante el pleno de la Cámara de Senadores, a las preguntas formuladas por los legisladores como parte del análisis del Tercer Informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con el documento remitido a la Cámara alta el pasado 14 de diciembre, y en referencia a la desaparición de 43 estudiantes normalistas guerrerenses la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014, el funcionario completó que entre los desafíos de las autoridades federales se encuentra también “impulsar la creación de una jurisdicción única que permita agilizar los procesos de judicialización” y “continuar con el proceso de extradición de Tomás Zerón de Lucio —exdirector de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR—, ubicado en Israel”.
Violencia política
Por otro lado, a pregunta específica sobre las acciones que instrumentará el gobierno federal de cara a las elecciones en puerta para hacer frente a la amenaza de la violencia, López Hernández informó que “a raíz del diálogo entre instituciones se acordó establecer protocolos territoriales especializados, según el nivel de violencia política, incidencia delictiva y riesgos detectados para el proceso electoral”.