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Política

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Poderes judiciales estatales, el reto

El Presidente de la Corte, Luis María Aguilar, cuestionó recientemente que se critique la aplicación de la reforma de justicia penal, incluso por sus promotores.

Mientras no se fortalezcan los poderes judiciales de los estados, el Nuevo Sistema Penal Acusatorio no será una realidad tangible en el país, consideró el constitucionalista y ex abogado de la UNAM, César Astudillo.

El actual investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, advirtió que hace falta compatibilizar el sentido de la reforma en materia de derechos humanos, legislada en el 2011, y la llevada a cabo en el 2008 que dio lugar al nuevo sistema.

Ello de cara al reclamo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Luis María Aguilar Morales, a los hoy detractores de la reforma en materia de derechos humanos, quienes hace cinco años pugnaban por ella.

Resulta paradójico que incluso algunos de aquellos que impulsaron la reforma constitucional del 2011, ahora se inquieten por la exigencia de los jueces de que se cumpla , manifestó el ministro presidente el miércoles en la sesión en la que rindió su informe de labores correspondiente al 2016 ante el Poder Judicial de la Federación.

Desde la Suprema Corte de Justicia más que un llamado a reconsiderar, debe hacer un llamado a dialogar , dijo Astudillo, quien pormenorizó que las pláticas deben dirigirse hacia donde están las debilidades del sistema y trabajar en ello.

Externó que una democracia se basa en el reconocimiento extenso y robusto de los derechos de las personas. Sin embargo, exhibió que el nuevo sistema de justicia genera mayores cargos para derrotar la presunción de inocencia.

Esto es que para probar la culpabilidad de un acusado, se requiere un ejercicio más acucioso y minucioso de los servidores públicos. Es un trabajo permanente; no podemos decir que hayamos llegado a la meta .

Agregó que esta labor permanente requiere de una capacitación y diálogo entre autoridades ministeriales y judiciales con miembros sociales y de la academia.

La nueva reforma en materia de derechos humanos genera nuevas responsabilidades para todos los funcionarios públicos y de manera muy importante para los miembros de la Judicatura y para los Ministerios Públicos , advirtió.

El constitucionalista considera que el desempeño del nuevo sistema se ha mostrado a dos velocidades: el del nivel federal, que debido a un mayor presupuesto va más rápido; y los estatales, que requieren mayor atención.

Bien haría el Poder Judicial de la Federación en interesarse en los poderes judiciales de los estados , porque mientras no se fortalezcan, el Sistema Penal Acusatorio no será una realidad en la República mexicana, refirió.

ana.langner@eleconomista.mx

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