Política de protección al ambiente de la 4T genera controversias

A un año y ocho meses del inicio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la discusión en la agenda pública en materia ambiental está marcada por la austeridad, debilitamiento de las instituciones del sector, el inicio de las grandes obras insignia sin tener antes los permisos ambientales. Una política energética que pone en riesgo el cumplimiento de compromisos en materia de disminución de emisión de gases de efecto invernadero, así como por preocupaciones por algunas reformas que se impulsan en el Congreso.

Austeridad y debilitamiento institucional

Durante los últimos ocho años, el presupuesto asignado a la Secretaría del Medio Ambiente y dependencias del sector ha registrado cambios importantes.

En el año 2012, el último de la administración del presidente Felipe Calderón, las dependencias del sector, en su conjunto, recibieron un presupuesto de 54,717 millones 658,406 pesos, cifra que para 2015, es decir el tercer año del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, se incrementó a 67,976 millones 702,425 pesos, que fue la cantidad más alta de presupuesto que han tenido en los últimos años.

Para 2017, el presupuesto había bajado hasta 36,058 millones 607,085 pesos y para el año 2018, el último del presidente Peña Nieto aumentó ligeramente a 37,580 millones 635,702 pesos.

Con la llegada del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador bajó aun más y en 2019 ejercieron 31,020 millones 459,536 pesos y para el Congreso aprobó 29,869 millones 450,777 pesos. Pero con las medidas de austeridad implementadas por el Presidente, su presupuesto bajó a 23,089 millones de pesos, es decir una reducción de 23 por ciento.

Si se compara con el presupuesto ejercido en 2015, que es el más alto en los últimos años, con el que se ejerce en 2020, la reducción es de 66.04 por ciento.

El 5 de junio pasado, con motivo del Día Internacional del Medio Ambiente, un grupo de exsecretarios y altos funcionarios del sector del medio ambiente expusieron en una carta al presidente López Obrador su preocupación por lo que llamaron el “desmantelamiento” de instituciones dedicadas a la protección del entorno.

Lo conminaron a “dejar de minar y desdibujar a las instituciones ambientales de México y suspender decisiones contrarias al marco legal que nos rige en materia ambiental y a nuestras obligaciones y compromisos internacionales”.

Aunque el recorte presupuestal afectó a todas las áreas de gobierno, la baja en el presupuesto de algunas ha generado más reclamos.

La Comisión Nacional Forestal perdió más del 65% de su presupuesto, lo que, ha decir de ecologistas, ha limitado drásticamente su capacidad de atención a incendios forestales y a la reforestación.

Esa institución ha tenido que disminuir programas de incentivos para la conservación y el apoyo a las comunidades campesinas forestales y al sector productivo forestal en general.

En el caso de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), algunas organizaciones sociales señalan que los recortes presupuestales han limitado “en forma ya escandalosa” la efectividad de esta institución para proteger la gran riqueza natural de nuestra nación y el control de las emisiones contaminantes.

Incluso señalan que se le percibe ausente para atender y manifestarse, como le corresponde, ante irregularidades y para frenar la tala de selvas y bosques.

Recortes en otras dependencias

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha sufrido también una disminución de su presupuesto en más de dos terceras partes y, según los firmantes de la carta antes citada, ha perdido una parte importante en su personal especializado.

Además señalan que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, está en una gran crisis de supervivencia.

Aseguran que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas ha ido perdiendo presupuesto indispensable para su operación y, en estos últimos días, los nuevos recortes prácticamente la han paralizado. Se ha reducido a su mínima expresión el programa de Sinergia que la Conanp operaba con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Destacan que este programa sostiene a más de 250 profesionistas y técnicos que desarrollan en comunidades rurales, particularmente indígenas, proyectos de conservación y desarrollo comunitario, con visión integral de manejo de recursos naturales y enfoque de paisaje y adaptación al cambio climático. "Estas plazas se van a perder”, indican.

Además aseguran que la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad es otra institución que no sólo está abandonada sino castigada.

Obras insignia sin tener antes los permisos ambientales

Las grandes obras insignia de esta administración como el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, han sido cuestionadas por ecologistas y dirigentes del sector privado porque iniciaron sin contar con todas las manifestaciones de impacto y permisos ambientales.

La preocupación estriba en que con eso se esté enviando la señal al resto de la sociedad de que la normatividad puede eludirse o incumplirse en una invitación hacia la impunidad. Además, las consultas a la población que se han realizado sobre las obras del gobierno y, sobre todo, a los pueblos originarios se han distorsionado, violando derechos establecidos.

Política energética

Desde diferentes foros ambientalistas han manifestado su preocupación por la decisión del gobierno federal de incrementar el volumen de procesamiento de petróleo en el Sistema Nacional de Refinación y las decisiones que en los hechos han dado prioridad a la generación de energía eléctrica usando combustibles fósiles.

La preocupación radica en que se pondrá en riesgo el cumplimiento de nuestra legislación y del compromiso internacional de llegar a tener el 35% de energías limpias para el 2030 y de reducir la emisión de gases de efecto invernadero.

Por otra parte, el gobierno federal, con el apoyo de algunas organizaciones sociales impulsan varias reformas legales entre las que destacan las relacionadas con desarrollo forestal, aguas, equilibrio ecológico para incluir el principio precautorio en todas las decisiones que tienen que ver con el medio ambiente, la ley de impulso al patrimonio biocultural y una relacionada con delitos ambientales. Entre las que más preocupación han ocasionado es la del agua.

El Consejo Consultivo del Agua (CCA), alertó sobre el riesgo que constituye la abrogación de la Ley de Aguas Nacionales y la creación de una Ley General de Aguas, en los términos planteados por las iniciativas presentadas por diputados de Morena y del Partido del Trabajo.

El organismo señala que pondrían en grave riesgo el sistema hídrico nacional e, incluso, generarían problemas de paz social, además de que no resolverían los graves pendientes que enfrenta el país en ese sector.

Lo que les preocupa a algunos expertos sobre la gestión del agua es que se le quite la facultad para el otorgamiento de concesiones del agua al Ejecutivo y asignárselo a consejos ciudadanos, tal como esas iniciativas pretenden, lo cual no puede ser porque se trata de un bien nacional.

diego.badillo@eleconomista.mx