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Por omisiones, SCJN revisa caso de feminicidio
De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, no se llevaron a cabo las diligencias mínimas obligadas por el Protocolo de Actuación en la Investigación del Delito de Homicidio desde la Perspectiva del Feminicidio.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación podría sentar precedentes para establecer criterios en las investigaciones de muertes violentas de mujeres y feminicidios, de acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.
Ello toda vez que en la lista de asuntos de la Primera Sala del máximo tribunal se encuentra un amparo impulsado por este observatorio, e interpuesto por Irinea Buendía Cortez en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) en el caso de Mariana Lima Buendía, quien acusan fue asesinada por su esposo, Julio César Hernández Ballinas, comandante en Chimalhuacán, quien declaró que su mujer cometió suicidio.
La quejosa, madre de la víctima, argumenta que la PGJEM incurrió en omisiones cuando denunció antecedentes graves de violencia entre ellos, amenazas de muerte por parte del cónyuge, quien es policía , pues la autoridad no las consideró y determinó que la muerte de Mariana fue un suicidio.
Entrevistada en las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Irinea sentenció: Espero justicia, no más . Agregó que su lucha de cinco años, ha sido un largo peregrinar en que autoridades del Ministerio Público han seguido esos dictámenes viciados de origen .
Irinea afirmó que en el momento en que vio el cuerpo de su hija, luego de recibir aviso de su muerte, supo que había sido asesinada.
El observatorio expone que no se llevaron a cabo las diligencias mínimas obligadas por el Protocolo de Actuación en la Investigación del Delito de Homicidio desde la Perspectiva del Feminicidio.
El 28 de junio del 2010, Julio César Hernández Ballinas, esposo de Mariana, acudió a las oficinas del Ministerio Público en Chimalhuacán, Estado de México, a denunciar el aparente suicidio de su esposa, a quien, según su dicho, encontró colgada en su casa.
Ante ello, Irinea Buendía denunció en el ministerio los antecedentes y circunstancias que la hacían dudar del suicidio de su hija, y sospechaba que había sido asesinada por Julio César, debido a la violencia (física, sexual y psicológica) que había sufrido durante su vida marital.
En este sentido, se pronunció la hermana de la víctima, Guadalupe, quien agregó que al menos en dos ocasiones su hermana le confesó que había sido violada por él y que era común que la golpeara, incluso llegando a requerir atención médica debido a las lesiones.
Irinea recuerda que el día del incidente, Marina llegó a su casa diciendo que había tenido una pelea con su esposo, pues él la acusaba de haberle robado dinero. Le comentó que iría al Centro de Justicia a levantar una denuncia por la violencia que sufría y que tenía la intención de separarse de su esposo.
De acuerdo con el observatorio, desde que iniciaron las investigaciones en el 2010 se denunciaron omisiones y negligencias graves por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, debido a que el equipo conformado por el agente del Ministerio Público y peritos fueron negligentes en la búsqueda de indicios claves: no protegieron la escena del crimen, no recogieron ninguna evidencia y mucho menos realizaron peritajes que fueran conclusivos para determinar si Mariana fue víctima de violencia feminicida.
En septiembre del 2011, el agente del Ministerio Público cerró el caso, al concluir que no contaba con elementos para determinar la intervención de terceras personas en la muerte de la víctima.
El caso llegó a la SCJN en el 2013. El caso de Mariana Lima Buendía adquiere interés y trascendencia ante un contexto grave de violencia contra las mujeres, donde las autoridades no realizan las investigaciones con perspectiva de género, además de incurrir en omisiones e irregularidades graves que llevan a la impunidad , sostiene el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.