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Programa Frontera Sur carece de perspectiva en DH
El director de AI en México considera a la población migrante en el país como víctimas invisibles , pues su condición de extranjeros sin documentos (...) permite que sean detenidos, torturados y criminalizados por delitos que no cometieron.
Amnistía Internacional reprobó al programa Frontera Sur como estrategia para proteger y salvaguardar los derechos de los migrantes. El director de la oficina en México de esta organización mundial, Perseo Quiroz, denunció que la política migratoria en el país no tiene perspectiva de derechos humanos.
La política migratoria mexicana es una política que privilegia la seguridad nacional frente a otro concepto que es la seguridad humana. No es una política que tenga perspectiva de derechos humanos , afirmó el director ejecutivo de AI México durante la presentación del caso de Ángel Amílcar, activista hondureño detenido en Nayarit a quien este organismo internacional declaró como preso de conciencia, pues fue torturado como consecuencia de discriminación racial, dando lugar a un procesamiento infundado.
En ese sentido, dijo que los últimos programas que se han anunciado con bombo y platillo , como el plan Frontera Sur, no son adecuados para solucionar la grave crisis migratoria y humanitaria que se está sustentando en México y en otros países de la región.
Por un lado, expuso que el plan Frontera Sur es un programa con fuerte contenido en materia de seguridad, en donde vemos la persistencia de autoridades, tanto militares, como federales; una presencia que pretende sellar la frontera sur, más allá de hacerse cargo de las violaciones a los derechos humanos que se han originado , añadió.
Por otro lado, abundó, lo planteado por el gobierno federal en este plan fronterizo no tiene nada nuevo bajo el sol , pues insistió en que se repiten directrices de seguridad nacional contenida en la política migratoria.
Asimismo, Perseo Quiroz expuso que Amnistía Internacional considera a la población migrante en el país como víctimas invisibles , pues su condición de extranjeros sin documentos los expone a contextos de indefensión que permite que sean detenidos arbitrariamente, torturados y posteriormente criminalizados por delitos que no cometieron.
Quiroz afirmó que de ningún modo la condición migratoria de una persona puede ser una justificación para que el Estado falte a su deber de respetar y garantizar el derecho al debido proceso legal.
En ese sentido exhibió que la Procuraduría General de la República no ha investigado la denuncia de tortura del hondureño, pese a la existencia de evidencia de tal crímen durante el proceso.
El caso de Ángel Amílcar es acompañado también por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, quien en voz de su subdirector, Mario Patrón Sánchez, relató que el hondureño tuvo que emigrar de su país para ayudar económicamente a su familia y poder cubrir la atención médica de su hijo mayor, Ángel Elvir, diagnosticado y posteriormente fallecido de cáncer.
En marzo del 2009 lo detuvieron en territorio nacional, donde fue sometido a maltrato por elementos del Ejército y policías federales, antes de ser puesto a disposición del Ministerio Público Federal para obligarlo a autoinculparse en la Comisión de Delitos. Actualmente está encarcelado en el Centro Federal de Readaptación Social No.4 Noroeste en Tepic, Nayarit.