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Pruebas conseguidas con tortura no se tomarán en cuenta
La minuta de la ley general contra la tortura y otros tratos crueles precisa que el juez debe ordenar que se excluyan estas pruebas y estará obligado a dar parte a la fiscalía especial que corresponda.
El Senado impedirá que las pruebas conseguidas mediante tortura sean tomadas en cuenta por el juez, incluso quien haya presentado la prueba será sujeto de investigación por parte de una fiscalía especial.
Así lo plantean los senadores en el proyecto de ley general para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Serán excluidas, por carecer de valor probatorio, todas las pruebas obtenidas directamente a través de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, así como las pruebas obtenidas por medios legales pero derivadas de dichos actos , destaca.
El documento precisa que el juez debe ordenar que se excluyan estas pruebas por haberse obtenido a través de la violación a los derechos fundamentales y estará obligado a dar parte a la fiscalía especial que corresponda. Estas fiscalías las deberán de tener todas las procuradurías del país.
Diversos especialistas, nacionales e internacionales, solicitaron al Senado prohibir este tipo de pruebas, medida que se tomó en un capítulo especial en el proyecto de ley.
Entre los que se han pronunciado recientemente en contra de las pruebas obtenidas mediante tortura están los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes enviaron una carta al Senado para dar sus propuestas en materia de desaparición forzada de personas.
Es imperativo rechazar las pruebas obtenidas bajo tortura para personas imputadas de cualquier delito, incluyendo la desaparición forzada. Las declaraciones y otras pruebas obtenidas por medio de tortura, malos tratos u otras formas de coacción no deben admitirse en ningún procedimiento. La única excepción son los malos tratos o torturas que son presentadas en una causa como prueba de los abusos cometidos contra el presunto culpable , destaca el GIEI.
La carta fue dirigida a los presidentes de las comisiones de Justicia, Gobernación y Derechos Humanos del Senado, el pasado 11 de abril.
Cabe recordar que entre sus propuestas en materia de desaparición forzada de personas, el GIEI planteó un cuerpo de jueces federales especializados en derechos humanos que autoricen allanamientos y escuchas telefónicas para casos de desaparición forzada.