Reforma judicial que impulsa la 4T, rompería la subordinación de los jueces a la ley: José Ramón Cossío

El problema esencial de la iniciativa de reforma al poder Judicial presentada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, al Congreso de la Unión y que actualmente se dictamina en la Cámara de Diputados, es que rompería la subordinación de los jueces a la ley, afirmó el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío Díaz.

Durante un webinar organizado por la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex) dijo: Cuando uno es juez, uno entiende que el legislador, que es un representante popular, ha puesto en la ley una representación ciudadana y asume que eso es legítimo, porque viene de una representación democrática, pero ahora, de aprobarse la reforma en los términos en los que se presentó, ¿por qué un juez debería estar subordinado a la ley, si su legitimidad, al ser electo igual que el legislador, estará en relación directa con el pueblo?

El también integrante de El Colegio Nacional, recalcó que esa es una cuestión peligrosísima e incluso, legisladores que hoy apoyan entusiastamente la iniciativa y el predictamen que ha hecho circular la Comisión de Puntos Constitucionales  de la Cámara de Diputados, con cambios al texto original,  no han entendido que, en determinado momento, los jueces se van a poner en una situación de tú a tú con ellos, porque ambos pueden reclamar para sí el mismo entendimiento, respecto del pueblo.

Además, puede ocurrir que, si a un juez se le señale que determinada situación lo establece la ley, podría decir incluso que no importa porque, al ser electo popularmente, él tiene una relación directa con los ciudadanos.

Nos están tratando de vender la idea que es una gran reforma, porque nosotros vamos a elegir a nuestros jueces y quienes la impulsan piensan que les va a generar una concentración de poder, pero lo que van a generar es un conjunto de personas que van a creer que están en la realización de los intereses delincuenciales o privados que los financiaron, haciendo una justicia sustantiva.

“Eso erosiona, las ya de por sí muy erosionadas condiciones institucionales de impartición de justicia. Necesitamos una reforma judicial, pero ésta no esta que está hecha con la ilusión del control político de los jueces”, remarcó.

Por otra parte, el ministro en retiro dijo que el segundo gran problema con la iniciativa es que se pretende establecer un Tribunal de Disciplina Judicial, que además de sonar soviético, sus integrantes que se elegirían por voto popular, tendrían como labor verificar la totalidad de las conductas de jueces, magistrados y ministros y, en su caso, sancionarlos o destituirlos, salvo el caso de los ministros.

Lo preocupante, recalcó, es que los parámetros con los que revisarían la actuación de las personas juzgadoras son, según la iniciativa tres criterios: Uno, que se viole lo dispuesto en la ley; dos, la actuación en contra del interés público; y, tres, las actuaciones en contra de la administración de la justicia. Lo peligroso es que no se define qué es actuación contra el interes público ni contra la administración de la justicia.

Consecuentemente el Tribunal puede crear su propia doctrina sobre lo que él considere que cabe en esas dos afectaciones y consecuentemente sancionar a jueces y magistrados, incluso por razones distintas a la ley, cuando establezca que se han apartado de esos elementos.

El tribunal queda en una condición de un enorme poder para que esas personas que fueron electas juzgadoras en esas condiciones tan dificultosas, si se desvían de lo que considere es la recta interpretación de las leyes, añadió.

Habrá serias distorsiones, indica

Cossío Díaz dijo que de aprobarse en los términos que hasta ahora se conoce la iniciativa, habría una distorsión en la mecánica electoral, porque cada aspirante a juez, magistrado o ministro deberá darse a conocer mediante alguna promoción, es decir, mediante campañas, y en una campaña tienen que ofrecer algo. Entonces es altamente probable que harán las ofertas que los electores quieren escuchar y consecuentemente, se establecerá una relación peligrosa entre el juez y el electorado, sobre todo porque pueden ser reelectos.

Desde la perspectiva del ministro en retiro, es altamente probable que las personas que quieran tener jueces o ministros a modo, los van a financiar para después obtener beneficios respecto de la cual invirtieron.

Con ello es altamente probable que la delincuencia organizada o grandes capitales, “inviertan” fuertes cantidades de dinero en “sus” jueces y magistrados, porque no estarán haciendo un gasto sino una inversión.

También llamó la atención en que la iniciativa también presenta problemas graves para su implementación, porque no es posible elegir alrededor de 9,000 personas de los poderes judicial federal y estatales, en el tiempo planteado, porque se quiere hacer una elección en la que los candidatos no tengan una vinculación con los partidos políticos, sino que se identifique cada uno por sí mismo.

Calculó que, en la Ciudad de México, los ciudadanos tendrían que recibir 573 boletas a las que deben sumar las seis para cargos políticos como diputados y alcaldes.

Lo problemático es que una vez en la casilla, el ciudadano tendría que ir tomando una por una y anotar en una lista de seis quién quiere que sea juzgador y así en cada una de las boletas.

El experto en derecho constitucional enfatizó que México sí requiere una reforma al sistema de justicia, sobre todo porque, aunque en los últimos años se emitieron algunas legislaciones, no han sido profundas. Además, en México, existe una tasa de impunidad de alrededor del 94%, lo cual es gravísimo, y que hace evidente que es necesario reformar, no solo cómo funciona el poder Judicial, sino las policías y ministerios públicos.

diego.badillo@eleconomista.mx